SABADO Ť 20 Ť OCTUBRE Ť 2001
Larga historia de hostigamiento
Digna Ochoa y Plácido era una valiente luchadora por los derechos humanos. Nació en Veracruz el 15 de mayo de 1964 y desde hace más de una década litigaba los casos penales más delicados, en los que estaban involucrados el Ejército y los servicios de seguridad pública.
Llegó a la ciudad de México en los 90 y se incorporó al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde colaboró alrededor de siete años; a principios de 2001 se integró al despacho de abogados de Pilar Noriega, que defiende a los hermanos Cerezo Contreras, acusados de militar en las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo.
Después de conocer del crimen, defensores de derechos humanos se dijeron agraviados. Miguel Concha señaló que representa una amenaza e intimidación contra la labor de quienes defienden y protegen los derechos humanos. Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, recordó que fue amenazada de muerte en varias ocasiones.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Emilio Alvarez Icaza, calificó el homicido como "el acto más brutal que se comete en contra de un defensor de los derechos humanos, incluso de mayor magnitud que el de Norma Corona, en 1990".
La historia de hostigamiento en contra de Ochoa es larga. En septiembre del año pasado tuvo que trasladarse a vivir temporalmente a Estados Unidos ante las amenazas de que fue objeto, y responsabilizó directamente al gobierno mexicano por no ofrecerle garantías para su seguridad personal.
Durante su estancia en ese país fue una de los 50 defensores de los derechos humanos homenajeados en Washington por el presidente William Clinton.
Hace cuatro meses Ochoa y otros integrantes del Centro Agustín Pro denunciaron ser víctimas de hostigamiento y se quejaron de que la Procuraduría de Justicia del DF no había realizado las investigaciones correspondientes.
En agosto de 1999 fue secuestrada durante varias horas por desconocidos. Un mes más tarde fue asaltada en su casa por sujetos que después de interrogarla sobre su presunta conexión con grupos armados la dejaron maniatada. Posteriormente, en la sede del centro recibió varios anónimos con amenazas de muerte.
Cuando empezó el hostigamiento, la abogada acababa de lograr, en los tribunales de Iguala, un careo entre los campesinos ecologistas de Guerrero Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera y dos soldados identificados como torturadores.
Por ese motivo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una resolución dirigida al gobierno mexicano en la que le pidió adoptar sin dilación las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad de Ochoa.
Desde agosto de 1996 Amnistía Internacional boletinó a nivel mundial las amenazas de muerte de que fueron objeto Ochoa y Pilar Noriega. Para el organismo, entonces resultaba claro que se trataba de intimidar a las abogadas por la defensa que habían hecho de los presuntos zapatistas, a los que consideraban prisioneros de conciencia.
El organismo tenía argumentos: en diciembre de 1995 integrantes de la defensa de los siete presuntos zapatistas denunciaron intimidación, hostigamiento y presiones por parte de la Dirección de Seguridad Pública y la Policía Judicial del estado de Veracruz. CLAUDIA HERRERA BELTRAN