SABADO Ť 20 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť Se deslinda el director del instituto de cambios de titular en concesiones
Circulan en el DF 16 mil taxis piratas: Peña
Ť Sólo el Registro Público del Transporte puede modificar la base de datos, afirma
LAURA GOMEZ FLORES
El director del Instituto del Taxi, Alberto Peña Padilla, se deslindó de los cambios de nombre en más de dos mil títulos concesión, principalmente en los números de placas que van del 60 mil al 81 mil, lo cual ha provocado un incremento de unidades piratas en circulación, a 16 mil, con láminas clonadas hasta en tres ocasiones, pues "sólo el Registro Público del Transporte tiene la posibilidad de modificar la base de datos".
La respuesta del titular de esta última dependencia, Raymond Hole, no se hizo esperar y aclaró que los únicos responsables de operar el sistema de cómputo es la gente del instituto, para regularizar los casos de cesión de derechos o verificar datos de concesionarios, pues "nosotros únicamente administramos el registro electrónico y no tenemos acceso para modificarlo, aunque ya tenemos precedentes de cómo reaccionan los coyotes y demás gente involucrada".
Al aclarar que no busca una confrontación con funcionarios de la Secretaría del Transporte, sino enfrentar las irregularidades en el sector, Peña Padilla informó que esa situación quedó asentada en una acta administrativa entregada el pasado 28 de agosto a la Contraloría interna de la Setravi, que determinará las sanciones a aplicar a quienes hayan cambiado los nombres de los verdaderos concesionarios.
La secretaria de Transporte, Jenny Saltiel Cohen, fue notificada de estas anomalías en abril pasado cuando diversos prestadores del servicio no pasaron la revista vehicular 2001 al no aparecer en la base, y se instalaron mesas de trabajo para atender el problema, las cuales resultaron infructuosas, pues "nunca se abordó la situación y se trataron cuestiones sin relevancia, por parte del director ejecutivo de Administración, Pablo Enríquez Maldonado".
Dicha actitud provocó que recientemente se levantaran otras tres actas administrativas al encontrarse en las oficinas de Popotla 25 mil títulos concesión, autorizados en 1997 por el entonces director general de Servicios al Transporte, Fernando Peña Garavito, con una misma foto pero diferentes nombres y diversos juegos de láminas asignados; además, en 1999 se encontraron 102 mil placas troqueladas y se detectó la "desaparición" de tres mil 500 expedientes.
La destrucción de esos documentos, prosiguió Peña Padilla, ocurrió entre 1995 y 2000, por lo cual se presentó una denuncia penal para que las autoridades correspondientes determine quién dio la orden y las acciones a tomar. Se sugerirá al jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, se realice una auditoría en todas las áreas del organismo, para "dejar en claro que no existen malos manejos, sino voluntad para acabar con las mafias y no seguir afectando a terceros".
Además, se solicitará su autorización para publicar los números de placas involucrados en los títulos de concesión falsos e instalar una mesa de atención donde participen diversas instancias del gobierno para solventar las anomalías existentes, con base en los archivos históricos, recientes y la documentación presentada por los involucrados. La intervención directa del mandatario capitalino, agregó, permitiría acabar con la confrontación contra el Instituto del Taxi, organismo desconcentrado de la Setravi, y conocer los motivos por los cuales desde el 5 de septiembre no hay sistema para realizar trámites relacionados con taxis.
El proceso, recordó el funcionario, fue suspendido al considerarse que estaba mal planteado, pero unos días después se determinó establecer una revista vehicular documental, en busca de los mismos objetivos: dar certeza jurídica al prestador del servicio, otorgar seguridad a los usuarios y acabar con las unidades piratas, cuyo crecimiento ha sido auspiciado desde hace varios años por ex funcionarios, flotilleros y organizaciones fantasmas.
Se comprometió a proporcionar a la contraloría interna la información que solicite, a fin de acabar con "las mafias en el transporte, que tienen años de operar en contubernio con trabajadores del registro, pues ni el instituto ni la Dirección General de Transporte tienen acceso a la base de datos".