Ť Alvarez Icaza: se ensucia de modo indeleble la transición
Terror y confusión por el asesinato de Digna Ochoa
Ť Notable ausencia de funcionarios del gobierno federal en el velorio
Los dos disparos de la subametralladora calibre 22 -modelo "poco usual", a decir de los peritos- que penetraron en el cráneo de la abogada Digna Ochoa y Plácido la tarde del viernes, golpearon también en el centro de una colectividad de activistas que en la última década logró hacer germinar en el país una cultura de derechos humanos. Ayer a mediodía, reunidos en un apretado grupo en la sala de una funeraria, estos defensores de los derechos más elementales de la ciudadanía clamaron frente a la compañera caída:
-šJusticia! šJusticia!
Enfrentados al crimen anunciado y temido durante dos largos años, al "signo ominoso", como lo llamó el superior de la orden de los dominicos, Miguel Concha; a la "primera señal que ensucia de manera indeleble la transición", en palabras del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, estos luchadores sociales expresaron dolor y determinación, primero con un minuto de silencio, después con un minuto de aplausos.
Notable fue la ausencia de funcionarios del gobierno federal. Ni el procurador general, ni el titular de la CNDH, ni el consejero de Seguridad Nacional hicieron presencia en la despedida a Digna Ochoa y Plácido.
La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marie Claire Acosta, que perteneció hace años a esta solidaria familia, se presentó en la velación. En todo momento la rodeó el frío de la desconfianza de sus antiguos compañeros. A título personal leyó un breve comunicado: "Es preciso subrayar y reiterar el compromiso del gobierno mexicano por ensanchar la vigencia y protección de los derechos humanos con el respaldo de la comunidad internacional y de las organizaciones de la sociedad civil de nuestro país", dijo. Muchas cejas se alzaron ante el desfase de la retórica oficial y la tremenda realidad ahí presente. Los cuchicheos subieron de tono cuando, líneas más adelante, transmitió "el pésame personal" de su jefe, el canciller Jorge Castañeda.
Pésames o declaraciones oficiales del gobierno de Vicente Fox, hasta ese momento, ninguno.
Rumbo a Misantla
La abogada Digna Ochoa tenía planeado ir este sábado al penal de Almoloya, estado de México, para preparar con sus clientes, los hermanos Cerezo, presuntos implicados en el caso de los petardos que estallaron en bancos en agosto pasado, la audiencia prevista para mañana lunes. En lugar de eso abandonó para siempre, a primeras horas de la tarde, la ciudad de México, arropada dentro de un ataúd de madera clara, acompañada por sus amigos, su compañero de vida y sus hermanos, rumbo a la serrana ciudad de Misantla, en su nativa Veracruz.
Apenas en septiembre pasado la pesadilla del miedo se había vuelto a colar por debajo de la puerta de Digna. Ya el año anterior había pasado largos meses fuera del país, en un virtual exilio, esperando que "pasara el peligro". Cuando regresó a México, en abril de este año, más tranquila, cambió de trabajo y se separó de las labores del área jurídica del Centro Miguel Agustín Pro de Derechos Humanos. Cambió de domicilio y empezaba una nueva vida de pareja, nuevo empleo y optimismo renovado. Era feliz y se le notaba.
Los nuevos sobres con obscenas amenazas de muerte apenas enturbiaron su buen ánimo. No las comentó con su compañero Juan José, dispuesta a preservar su dicha hogareña. Pero compartió su preocupación con algunos de sus colegas abogados, como José Lavanderos. "Cuando me comunicó que había sido amenazada de nuevo le sugerí que lo denunciara, que divulgara las cartas. Pero era desgarradora la decepción que sentía por el sistema de procuración de justicia. ƑPara qué?, me dijo, si nunca han hecho nada, si denunciar no sirve de nada." Dobló las hojas amenazantes, las guardó en algún cajón e intentó olvidarlas.
La tarde del viernes 19 de octubre
Al lado de su cuerpo, que sangraba de la nariz, fue encontrado otro mensaje más: "Pros hijos de puta. Si siguen así, a ustedes también les va a tocar. Conste que bajo advertencia no hay engaño". Los asesinos le pusieron un guante de látex en una mano. En la otra lo tenía sólo a la mitad. Gesto extraño que se había repetido en el asalto anterior, en octubre de 1999, cuando fue amarrada a su cama y abandonada con el tanque de gas abierto.
Edgar Cortés, sacerdote jesuita y director del Centro Pro, señala que en el largo proceso de amenazas y denuncias presentadas por los defensores de derechos humanos ningún gobierno -ni el priísta del sexenio anterior ni el del "cambio" panista de Vicente Fox- ha dado respuesta alguna. "La reacción oficial casi siempre ha sido tratarnos a nosotros, los amenazados, como sospechosos. Jamás han seguido siquiera una línea de investigación."
Digna Ochoa no era la única sujeta a acoso. También lo están Marina Patricia, la directora del Centro de Derechos Fray Bartolomé de las Casas, Chiapas; el equipo de defensores de Fray Lorenzo de la Nada, de Ocosingo; los del Centro Bartolomé Carrasco de Oaxaca, y Arturo Solís, del Centro Fronterizo de Derechos Humanos.
Pilar Noriega, mancuerna de Digna en muchas batallas legales, le cedió su modesto despacho en la calle Zacatecas, en la colonia Roma, ya que apenas hace cuatro días asumió su reciente nombramiento como primera visitadora de la CDHDF. Digna empezó entonces a colaborar con otros colegas, Lamberto González y Bárbara Zamora, en el litigio de las causas difíciles que este pequeño clan de profesionales suele abrazar con pocos recursos e inagotable valor.
Pilar se tomaba muy en serio el clima de amenazas y persecución que se cerraba en torno a la frágil figura de Digna. Su temor era lacerante. Por eso ayer, en su fortaleza, se deshacía por dentro. "Mañana cuando me despierte voy a creer que terminó la pesadilla."
"Estamos amenazados como nunca": Concha
Seis sacerdotes amigos de la víctima celebran una eucaristía de cuerpo presente.
Miguel Concha, del Fray Francisco de Vittoria, pronuncia a nombre del colectivo: "Hemos sido agraviados como nunca, amenazados como nunca. Este crimen agravia como nunca a nuestra sociedad, que quiere vivir en paz, sin violencia, en la tolerancia, en la justicia. Es un hecho que no debe quedar impune. Que las investigaciones lleguen hasta donde tengan que llegar. No nos sentimos intimidados. Nos han hecho un gran favor. Nos confirman y nos multiplican en nuestro compromiso."
Jesús, Carmen e Ismael, tres hermanos de Digna, de los 12 con los que fue bendecida su numerosa familia, se abrazan y también expresan: "Sabemos que nos estás escuchando, negrita. Vamos a salir adelante".
Luis del Valle, teólogo jesuita, con los ojos cerrados, alude la tremenda carga que llevó en vida la joven veracruzana con el nombre que le fue dado: "Que todos seamos Digna, que seamos dignos de la vida que nos fue dada".
La plana mayor de la Comisión de Derechos Humanos del DF estuvo presente. Casi todos fueron compañeros de trinchera de Digna Ochoa: su presidente, Emilio Alvarez Icaza; Rafael Alvarez, Rocío Culebro, Víctor Brenes y Pilar Noriega.
Alvarez Icaza recuerda que a principios de los años noventa el asesinato de otra abogada, la sinaloense Norma Corona, fue el detonante para la creación de la CNDH. "Pero la situación creada con este crimen es aún más grave, primero porque hubo amenazas previas que fueron denunciadas y no fueron investigadas. Segundo, porque es un ataque contra la comunidad de defensores de derechos humanos." Y afirma que este momento es "la primera señal que enturbia la transición".
Ť Demandan al presidente Fox que haga un pronunciamiento público sobre el caso
Exigen más de 80 ONG investigación expedita del asesinato de Digna Ochoa
Ť El crimen, "agravio directo a la lucha por la vigencia de los derechos humanos en México", dicen
CLAUDIA HERRERA BELTRAN
El asesinato de la abogada Digna Ochoa movilizó de inmediato a más de 80 organizaciones no gubernamentales, que exigieron un pronunciamiento público del presidente Vicente Fox sobre este hecho, una investigación independiente y expedita para esclarecerlo, así como la protección eficaz de los defensores de derechos humanos en México.
Las ONG nacionales e internacionales calificaron el homicidio de "grave retroceso" en los esfuerzos por construir una sociedad diferente en México, y señalaron que esto "cuestiona fuertemente" los compromisos del gobierno por avanzar en la vigencia de los derechos humanos en el país.
"El hostigamiento, amenazas y la ejecución, así
como la ineficacia y/o falta de voluntad política del aparato de
justicia para esclarecer este tipo de hechos y sancionar a los responsables
ensombrecen la apuesta de la sociedad por un proceso de democratización
del país", advirtieron en un pronunciamiento que difundieron un
día después del asesinato.
Entre los organismos que suscriben la carta se encuentran
Amnistía Internacional sección México, Global Exchange,
la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos
Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez, el Centro de Comunicación Social
(Cencos), la Academia Mexicana de Derechos Humanos y Acción de los
Cristianos para la Abolición de la Tortura.
Condena generalizada
Las 82 agrupaciones expresaron su profundo dolor y condena por la ejecución de la defensora de los derechos humanos, ocurrida el viernes pasado en un despacho de la colonia Roma.
Este crimen, dijeron, es un agravio directo a la lucha por la vigencia de los derechos humanos en México y en cualquier otro lugar, ya que el silenciamiento violento de una voz cuya trayectoria fue de compromiso profundo con la defensa de las víctimas constituye un grave retroceso en la búsqueda de una sociedad diferente.
Señalaron que es muy preocupante el hecho de que sigan presentándose casos de hostigamiento, amenazas e intimidación a defensores de derechos humanos en diferentes regiones de México, como el sucedido a la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Marina Patricia Jiménez.
Por este motivo, demandaron con urgencia el establecimiento inmediato de políticas que garanticen el trabajo y la protección de los defensores de derechos humanos, de acuerdo con la declaración emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En el caso concreto de Ochoa exigieron un pronunciamiento de Fox, y que los gobiernos federal y capitalino den a conocer de inmediato un informe sobre las investigaciones de las denuncias de amenazas y hostigamiento de que habían sido víctimas tanto la abogada como los miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
A la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal le solicitaron una investigación de manera independiente y expedita, de acuerdo con las obligaciones internacionales de México en la materia, para que los responsables sean juzgados y sancionados conforme al marco jurídico vigente.
También pidieron la protección integral y eficaz para todos los defensores de derechos humanos en México, específicamente para las abogadas Pilar Noriega y Bárbara Zamora, familiares y equipo de colaboradores, así como a los integrantes del Centro Miguel Agustín Pro.
Además, que México cumpla con las recomendaciones formuladas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos en torno a la protección de defensores, a fin de establecer medidas efectivas a favor de este sector de ciudadanos frecuentemente amenazado.
Por la noche, decenas de representantes de ONG acordaron realizar manifestaciones de repudio. Eréndira Cruz, directora del Cencos, indicó que la primera de ellas será un mitin frente a la Secretaría de Gobernación, este lunes a las 16 horas, con el fin de presionar a las autoridades para que se realice una investigación exhaustiva sobre este caso.
Cruz señaló que este crimen "es un fuerte golpe" a las organizacines no gubernamentales y a instituciones que han luchado por la democratización del país, caso que tendrá implicaciones muy graves porque representa una transgresión al proceso de transición que vive México.
Entre los convocantes a la manifestación frente a Gobernación se encuentran Rosario Ibarra de Piedra ?presidenta del Comité Eureka?, integrantes del Centro Fray Bartolomé de las Casas y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Ť Pide aclarar amenazas a otros integrantes del Centro Agustín Pro
Necesario, señalar claramente a responsables de "este hecho tan cobarde", expresa el Episcopado
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) consideró que el asesinato de Digna Ochoa representa "una amenaza e intimidación contra todos los defensores de los derechos humanos", por lo que hizo un llamado "a las autoridades para que investiguen seriamente las amenazas que fueron encontradas junto al cadáver de la abogada, dirigidas contra diferentes integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez".
En un comunicado firmado por los obispos Sergio Obeso Rivera y Juan Guillermo López, integrantes de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, señalan que "es necesario que a la brevedad posible se inicie una investigación a fondo, señalando claramente a los responsables de este hecho tan cobarde".
La CEM consideró que con el homicidio se "puso de relieve la fragilidad de nuestro sistema de impartición y procuración de justicia. Por ello hacemos un llamado a nuestras autoridades para que combatan los lazos que siguen existiendo entre las redes criminales y los funcionarios públicos, a fin de lograr la tan deseada democratización de nuestras instituciones".
Asimismo hizo un llamado a la sociedad en general para que "hoy más que nunca recobremos nuestra vocación por los derechos humanos, y no caigamos en el juego de los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, que exhiben la violencia como una conducta natural y justifican la venganza, violando radicalmente la dignidad de todo ser humano".
El organismo eclesiástico recordó en su comunicado que los hostigamientos sufridos por Digna Ochoa, al igual que su muerte, "adquieren una relevancia muy especial y delicada por los casos que ella asesoraba, sobre todo los relacionados con los militares y las fuerzas de seguridad", y lamenta que las diferentes averiguaciones previas "que se levantaron" con motivo de amenazas y hasta un caso de secuestro "no hayan dado resultados satisfactorios".
Por otra parte, organizaciones sociales, sindicales y defensoras de derechos humanos, como el STUNAM, la Liga de Unidad Socialista, miembros del bufete jurídico Tierra y Libertad -al cual pertenecía Digna Ochoa-, el Centro Cultural José Martí de Neza y el Frente Zapatista de Liberación Nacional también emitieron comunicados y cartas en los que expresan "indignación y dolor" por el asesinato.
Ť El cuerpo tiene 3 heridas
Reporta el Semefo: la muerte, por el disparo en la cabeza
ANGEL BOLAÑOS
El director del Servicio Médico Forense, José Ramón Fernández Cázeres, informó que el homicidio de Digna Ochoa ocurrió entre la una y las tres de la tarde del viernes. En su cuerpo se encontraron tres lesiones y un disparo en la cabeza, arriba de la oreja, de los llamados "golpe de mina" porque el arma se hace detonar a no más de dos centímetros de la cabeza. La bala, calibre 22, penetró el cráneo y quedó alojada en el hueso parietal derecho, lo que provocó la muerte inmediata.
Fernández Cázeres, titular del Semefo, explicó que el disparo fue de adelante hacia atrás, ligeramente de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha.
En el muslo izquierdo recibió otro disparo en sedal, de adelante hacia atrás, mientras que en el muslo derecho presentaba un hematoma producido por un golpe.
Descartan que la activista haya sido torturada
El funcionario descartó que se haya ejercido algún tipo de tortura física contra la activista de los derechos humanos antes de ser asesinada.
El cuerpo de Digna Ochoa fue trasladado del anfiteatro de la agencia cuatro del Ministerio Público al Semefo alrededor de las 2 de la madrugada de ayer, y una hora después se tenía el resultado de la necropsia, que se integró a la averiguación previa. Alrededor de las cuatro de la madrugada acudieron al Semefo Juan Carlos Cruz Plácido y Aurelia Cruz Plácido, primos de Digna Ochoa, para trasladar el cuerpo a la funeraria Gayosso de Sullivan, donde fue velado.
Ť Ofrece la Segob apoyo a la Procuraduría capitalina para aclarar la ejecución
Condena el gobierno federal el homicidio de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa
Ť Al funeral de la activista no asistió ningún representante de la administración foxista
Pasada la medianoche del sábado el secretario de
Gobernación, Santiago Creel, expresó a nombre del gobierno
federal "su profunda indignación y enérgica condena por el
asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa", y ofreció
el respaldo de la dependencia a su cargo a las autoridades del Distrito
Federal para esclarecer el crimen.
El pronunciamiento se dio más de 24 horas después
de que se hizo público el crimen. Incluso no hubo ningún
mensaje durante los funerales de la abogada ni asistió representante
alguno del gobierno federal. La responsable de derechos humanos de la Secretaría
de Relaciones Exteriores fue la única que se presentó en
el sitio donde fue velado el cuerpo de Digna Ochoa, aunque aclaró
que lo hacía a título personal.
A través de un comunicado de prensa que se hizo llegar a las redacciones la madrugada de hoy, Creel Miranda precisó que se han puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal "todos los apoyos que esa institución considere pertinentes", tanto de la Secretaría de Gobernación como de la Procuraduría General de la República y otras dependencias federales.
"El gobierno de la República ha reiterado su compromiso con el respeto y pleno cumplimiento de los preceptos que en materia de derechos humanos estipulan la Constitución de la República, las leyes y los instrumentos internacionales de los que forma parte México, motivo por el cual velará por dar seguridades a las personas y organizaciones públicas y no gubernamentales que trabajan a favor de su defensa", precisó Creel.
En el comunicado, el funcionario aseguró que "los defensores de los derechos humanos prestan un relevante servicio al Estado democrático, que tiene la obligación de salvaguardar esos derechos y las garantías individuales. Por ello resulta muy lamentable esta pérdida y su circunstancia".
A los funerales de Digna Ochoa no asistió tampoco ningún representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ni hubo pronunciamiento alguno del organismo que encabeza José Luis Soberanes.
Ť El procurador capitalino asegura que el robo ha quedado descartado
Político, el móvil del crimen de Ochoa: Bátiz
Ť Su activismo, principal hipótesis, afirma Godoy Ť Asunto delicado, dice López Obrador
RENATO DAVALOS Y ELIA BALTAZAR
Para el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, el homicidio de Digna Ochoa es un asunto delicado, por tratarse de una defensora de los derechos humanos.
Así lo afirmó durante su conferencia de prensa matutina, al término de la cual el procurador general de Justicia del DF, Bernardo Bátiz, tomó la palabra para advertir que el móvil del homicidio de la abogada es "sin lugar a duda" de tipo político, y que el robo ha quedado descartado al comprobarse que nada fue sustraído de la oficina donde se cometió el crimen.
Dijo: "Es un ataque violento y de carácter político,
cometido en contra de una persona dedicada a la defensa de los derechos
y de personas que ella consideraba perseguidos políticos".
Por un error cometido luego de la reunión matutina
del gabinete de seguridad, el procurador insistió que en la oficina
del Centro Agustín Pro encontraron una carta anónima de advertencia
para los "integrantes del PRD", cuando en realidad se trataba de una amenaza
contra los miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro, al que pertenecía Ochoa. El gazapo fue aclarado más
tarde por la dependencia a su cargo.
El mensaje, explicó el procurador, estaba escrito en primera persona y advertía que si seguían persiguiéndolo les podría pasar lo mismo que le ocurrió a Digna Ochoa. "Lo escribieron con esas letras grandes que se compran en las papelerías para rellenar con plumón".
Bátiz sustentó la hipótesis del homicidio político al advertir que Digna Ochoa había sido anteriormente amenazada, secuestrada y en varias ocasiones víctima de llamadas advirtiéndole que abandonara sus actividades de defensa de diversas personas.
Las primeras amenazas las recibió Digna Ochoa en 1996. Y el año pasado interpuso una nueva denuncia por el mismo motivo ante la Procuraduría capitalina, que se remitió a la General de la República, a solicitud de la misma abogada que el viernes fue asesinada en su oficina en la calle Zacatecas.
Dado que fue en la PGR donde se radicó la última denuncia, Bátiz informó que se solicitará la cooperación de las autoridades judiciales federales, "para tener esa averiguación previa como antecedente de esta ejecución", dijo.
Bátiz también informó que el arma con la que asesinaron a la abogada no es para uso exclusivo del Ejército. "Se trata de una calibre 22, semiautomática, quizá utilizada por alguna razón técnica", dijo.
En tanto, Leonel Godoy, secretario de Seguridad Pública, planteó que el activismo de Digna Ochoa es la principal hipótesis en torno del crimen.
Entrevistado durante los trabajos del Consejo Nacional perredista, Godoy advirtió que la indagatoria tiene que ir hasta sus últimas consecuencias, "caiga quien caiga". Y advirtió que grupos ultraderechistas han sido señalados por algunos sectores, por lo que las autoridades deben actuar con rapidez, ya que en este caso se advierte la reaparición de grupos sicarios que antes fueron patrocinados incluso por órganos del Estado.
En el consejo perredista, por otra parte, se aprobó también un punto resolutivo que condena el crimen de Ochoa.
Ť Presidente de la CDHDF
El homicidio, poderoso mensaje de impunidad
ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ
El homicidio de Digna Ochoa es un hecho que empaña y pone en riesgo la transición en el país, pues es una agresión en contra de quienes luchan por el respeto de los derechos humanos, advirtió el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza.
Junto con los visitadores del ombudsman, Pilar Noriega García y Alejandro Delint García; el director general de Quejas y Orientación, Jaime Calderón Gómez, y la secretaria técnica del organismo, Rocío Culebro, el comisionado condenó enérgicamente el crimen y señaló tajante que "no puede quedar impune".
Recordó que el 17 de noviembre de 1999 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió una resolución requiriendo al Estado medidas de seguridad para garantizar la integridad de la abogada y otros activistas de derechos humanos; existían además denuncias de amenazas anteriores en la Procuraduría General de Justicia del DF, e incluso una por privación ilegal de la libertad que la abogada pidió se turnara a la PGR.
Las amenazas se cumplieron y "hay la necesidad de que las autoridades competentes expliquen los alcances y la aplicación de las medidas de protección. Lo que es un hecho es que no se resolvió cuáles fueron las causas que originaron esta circunstancia", agregó.
Observó que esta situación "deja un mensaje muy peligroso pues si eso le pasa a una defensora de derechos humanos para quien se había pedido protección y se investigaran las amenazas de que fue objeto, se está enviando un poderoso mensaje de impunidad. Eso no puede permitirse y estamos esperando a que las autoridades competentes lleguen al fondo del caso."
Deciden dar protección a activistas
Informó que un representante de la CDHDF tuvo en sus manos el mensaje que dejaron el viernes los homicidas en el despacho de la litigante y es igual en términos de forma, contenido y diseño a los que se habían recibido con anterioridad. "Es el mismo tipo de amenazas, tenemos la certeza de que hay coincidencia y es importante ubicarlo en esos términos".
Indicó: "hemos hablado con el procurador (Bernardo Bátiz) para tomar medidas cautelares y de protección a la gente que se está incorporando a esta comisión, en particular a Pilar Noriega", quien antes de integrase al organismo como primera visitadora litigaba en el mismo despacho con Digna Ochoa.
"Nos parece que este hecho, independientemente de la particularidad del caso, genera una señal bastante peligrosa en materia de la vigencia de los derechos humanos en la ciudad y en el país, a los cuales habrá que estar atentos."
Alvarez Icaza dijo que ayer recibió por fax la carta de una mujer, quien expresó su sentir por la muerte de Digna Ochoa, a la que dio lectura: "Como un retorno a la peor de las pesadillas se cumplieron las amenazas de aquellos que desde la oscuridad y el anonimato insisten en impedir que la ley se aplique con justicia y dignidad para todos los mexicanos. Se trata, en pocas palabras, de un crimen sin nombre; de una afronta a todos los mexicanos y mexicanas que deseamos un país mejor".
Amenazas desde 1995
1995
17 de agosto. El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, David Fernández, recibe dos llamadas anónimas amenazándolo de muerte, una en su domicilio y otra en su teléfono celular. Días antes se había publicado una entrevista en la que Fernández señalaba signos de guerra sucia en México por algunas acciones en las que estarían involucrados militares.
2 de octubre. José Lavanderos, abogado miembro del equipo de defensa de presuntos zapatistas, recibe amenazas de muerte por teléfono.
1996
13 de enero. Un día antes de viajar a Washington para asistir a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar casos del centro, Rocío Culebro recibe amenazas de muerte por teléfono.
10 de agosto. Pilar Noriega y Digna Ochoa, integrantes del equipo de defensa de los presuntos zapatistas, reciben amenazas de muerte por escrito con los siguientes mensajes: "Que se mueran todos los del PRODH, cabrones, principalmente ese par de abogadas que tienen".
7 de octubre. Amenazas de muerte contra Noriega y Ochoa antes de viajar a Washington para participar en las audiencias de la CIDH.
9 de octubre. Se reciben amenazas contra Víctor Brenes, José Lavanderos, Enrique Flora, miembros del equipo de defensa de los zapatistas presos, y David Fernández, director del centro.
1999
9 de agosto. Digna Ochoa es secuestrada al salir de su domicilio. Estuvo privada de su libertad alrededor de cuatro horas.
3 de septiembre. Llegan al centro tres cartas con más amenazas.
8 de septiembre. Se encuentran cuatro sobres colocados en las instalaciones del centro. Contenían amenazas de muerte.
5 de octubre. Digna Ochoa encuentra en su domicilio particular su credencial de elector que al momento de ser secuestrada el día 9 de agosto le fue robada.
13 de octubre. Es encontrado en la sede del centro un anónimo de amenaza de bomba.
28 y 29 de octubre. Es allanada la casa de Digna Ochoa. Es vendada y sometida a un interrogatorio en el que se le cuestiona sobre supuestos vínculos del centro con EZLN, EPR y ERPI. Ese mismo día, las oficinas son allanadas y en uno de los escritorios se encuentra una carpeta con la impresión en rojo: "Poder suicida".
17 de noviembre. La Corte Interamericana de Derechos Humanos requiere al gobierno mexicano que adopte, sin ninguna dilación, cuantas medidas sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de Ochoa y de otros integrantes del centro.
2000
31 de enero. Dos nuevos anónimos con amenazas de muerte contra los integrantes del centro. Estos se dan en el contexto de una visita a la novena Región Militar de Llano Grande, para verificar los avances en investigaciones sobre el asesinato de tres mixtecos y la violación de dos indígenas. En esos días también se iba a realizar una audiencia sobre el caso de los ecologistas presos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
Agosto. Digna Ochoa se traslada a Estados Unidos, pues teme por su seguridad.
25 de septiembre. La PGR inicia investigaciones sobre las denuncias.
2001
Marzo. Digna Ochoa regresa al país.
9 de mayo. La PGR notifica al centro que la averiguación previa sobre este caso es enviada al archivo de reserva bajo criterio de reactivarla en cuanto se encuentren nuevos elementos.
31 de mayo. El gobierno mexicano informa a la CIDH que tomó las medidas recomendadas y solicita se suspenda su aplicación porque las amenazas no han continuado. Tres meses después reitera su solicitud.
22 de agosto. La Corte considera que las medidas cumplieron su objetivo, por lo que no tenía objeción en levantarlas.
19 de octubre. Digna Ochoa es encontrada muerta. (CLAUDIA HERRERA BELTRAN)
Fuente: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Ť Exigen una investigación exhaustiva que logre dar con los autores del asesinato
Critican AI y HRW al gobierno mexicano por omitir protección a Digna Ochoa
Ť Con este caso se comprobará si la administración foxista tiene un compromiso real con los defensores de derechos humanos, consideran las organizaciones
JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES
Washington y Nueva York, 20 de octubre. Amnistía Internacional criticó hoy al gobierno mexicano actual y sus antecesores por faltar a su obligación de proteger a Digna Ochoa y Plácido y a otros defensores de derechos humanos, al tiempo que exigieron una investigación exhaustiva e independiente sobre los autores materiales e intelectuales del asesinato.
Human Rights Watch, el Robert F. Kennedy Center for Human Rights y el Washington Office on Latin America (WOLA) también condenaron el asesinato de la defensora de derechos humanos, y advirtieron que este es un "caso prueba" en torno del cual se comprobará si el nuevo gobierno mexicano tiene un compromiso real en su defensa de las garantías individuales.
Digna Ochoa era conocida en Washington y había sido elogiada por varios legisladores federales en este país, además de ser reconocida por toda la gama de organizaciones dedicadas a los derechos humanos y la política internacional hacia América Latina.
Hace unos años, el Tribunal Interamericano sobre
Derechos Humanos, en una decisión muy comentada aquí, había
ordenado al gobierno mexicano adoptar medidas para proteger la integridad
física de Ochoa después de las amenazas y ataques contra
ella y la organización de derechos humanos para la cual trabajaba.
"El gobierno mexicano tiene la ineludible obligación
de proteger el trabajo y la integridad de los defensores de los derechos
humanos", declaró hoy Irene Khan, secretaria de asuntos internacionales
de AI, desde la sede mundial de la organización en Londres. En un
comunicado enviado a su red mundial, Amnistía hizo referencia a
los ataques previos contra Ochoa y señaló que "Amnistía
Internacional cree que si las autoridades mexicanas previas y actuales
habrían tomado la acción apropiada para asegurar una investigación
exhaustiva e independiente de estos incidentes, se podría haber
prevenido la muerte de Digna Ochoa".
La incapacidad de autoridades deja impunes a criminales
La organización también aseveró que "la incapacidad de las autoridades anteriores y actuales de llevar a cabo las investigaciones debidas, y de procesar y castigar a los responsables de estos ataques, amenazas y hostigamiento contra defensores, ha generado un clima en que los autores de estos crímenes se sienten seguros de que sus delitos quedarán impunes".
Estas afirmaciones fueron reiteradas por otros grupos de derechos humanos estadunidenses. "Condenamos este hecho en los términos más fuertes", declaró Kimberly Stanton, directora para América Latina del Centro para Derechos Humanos Robert F. Kennedy. Recordó que Digna Ochoa fue laureada como una de las defensoras de los derechos humanos más importantes del mundo por el Centro Robert F. Kennedy y reconocida por el entonces presidente Bill Clinton en una ceremonia en esta capital el año pasado. Stanton afirmó que "esto ahora es un caso de prueba para el nuevo gobierno de México".
Stanton, entrevistada por La Jornada, dijo que existen altas expectativas sobre el gobierno mexicano, pero que su organización está "muy decepcionada" por la incapacidad de la administración de Vicente Fox de resolver casos de derechos humanos, como los encarcelamientos injustos, según su organización, de los activistas ambientalistas rurales de Guerrero Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García.
"Estamos haciendo un llamado a una investigación efectiva y al castigo de los autores materiales e intelectuales del crimen", agregó Stanton. "Esto se evaluará como una indicación del compromiso real del gobierno de México de acabar con la impunidad."
Daniel Wilkinson, director sobre México de Human Rights Watch, también elogió a Digna Ochoa y condenó el fracaso del gobierno mexicano en investigar los ataques en su contra en el pasado. "Estamos instando al gobierno a realizar una investigación a fondo", comentó en entrevista con La Jornada.
Eric Olson, director sobre México de la Washington Office on Latin America, sumó su voz a los que condenaron el asesinato y dijo que su organización está instando al gobierno estadunidense a elevar el asunto de derechos humanos en su agenda bilateral con México.
"Estados Unidos no ha tocado de manera firme algunos casos muy incómodos", afirmó Olson, en referencia a incidentes serios de abusos de derechos humanos en México.
Amnistía Internacional, en su declaración desde Londres sobre el caso, concluyó: "mucho han hablado las nuevas autoridades mexicanas de la importancia de los derechos humanos. Este es el momento de convertir estas expresiones públicas en cambios reales para todos los que están trabajando en favor de los derechos humanos en México".
Ť Extrañaré su valentía, dice la hija de Robert Kennedy
Su muerte, una pérdida descomunal para el movimiento: Kerry Kennedy
JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSAL
Washington, 20 de octubre. Kerry Kennedy Cuomo ha encabezado delegaciones para investigar abusos de derechos humanos en decenas de países, y recientemente editó un libro de perfiles de 50 activistas de derechos humanos de todo el mundo. Hoy comentó que uno de los mensajes más poderosos que jamás ha escuchado fueron las palabras de Digna Ochoa y Plácido, la defensora de derechos humanos asesinada el viernes en México.
"Una vez le pregunté de dónde tenía la valentía para defender sus causas cuando ella misma había sido torturaday sabía las consecuencias de sus acciones", comentó hoy Kennedy Cuomo en entrevista con La Jornada. "Respondió: 'sabes, estoy tan enfurecida. Pienso en lo que le han hecho a mi pueblo, a mi país, y reúno toda esa indignación, y me da tal sensación de calma y seguridad, y la capacidad de enfrentarme con quien sea'".
Kennedy Cuomo, fundadora del Robert F. Kennedy Center for Human Rights, explica que "el mensaje de ella fue muy importante en cuanto a la capacidad de la indignación, de usar la ira para hacer un mundo mejor". Para esta activista estadunidense, hija de Robert F. Kennedy, quien también fue asesinado, este es un mensaje de gran importancia.
Digna Ochoa fue una de las figuras perfiladas por Kennedy Cuomo en su libro Speaking truth to power, celebración de la labor de 50 defensores de derechos humanos alrededor del mundo. En una ceremonia aquí, organizada por Kennedy Cuomo y su centro para presentar el libro y reconocer a algunos de los defensores incluidos en esta capital el año pasado, Ochoa fue presentada por el entonces presidente Bill Clinton. Su trabajo fue tema de artículos en revistas y programas de televisión nacionales.
"Este es un día muy terrible. Su muerte representa una pérdida descomunal para el movimiento de derechos humanos y para todos cuyas vidas fueron tocadas por ella", comentó Kennedy Cuomo, al reaccionar ante la noticia del asesinato de Ochoa. "Estamos llamando a una investigación a fondo por parte del gobierno mexicano ante este asesinato, e instaremos al Departamento de Estado para también demandar una investigación."
Pero Kennedy Cuomo advirtió que aun si los culpables son presentados ante la justicia mañana mismo, esto no será suficiente consolación. "Extrañaré su valentía y lo fascinante que era".
Ť La mataron "por lo que representaba", dice Carlos Imaz
Seguramente afectó "algunos intereses": Cárdenas Solórzano
En Morelia, Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano sostuvo que el asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa se debió seguramente a que afectó "algunos intereses".
Durante una entrevista celebrada en la Central de Abasto de esa ciudad, apuntó que Ochoa y Plácido era una defensora de los derechos de la gente, una persona sumada, sin duda, a las mejores causas de México, por lo que es lamentable que su muerte se haya producido en forma violenta, "seguramente por afectar algunos intereses".
El presidente del PRD capitalino Carlos Imaz Gispert afirmó que no mataron a Ochoa y Plácido por lo que supiera, "sino por lo que representaba". Más aún se atrevió a señalar: "este atentado viene de los cuerpos represivos del Estado, con la finalidad de intimidar a todos aquellos que se dedican a la defensa de los derechos humanos".
Armando Quintero Martínez, líder de la bancada perredista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, subrayó que la muerte de Digna Ochoa representa una pérdida muy dolorosa para las fuerzas democráticas del PRD.
Por ello hizo un llamado a los integrantes del Centro Miguel Agustín Pro Juárez a no intimidarse por este hecho, sino, por el contrario, continuar en su lucha a favor de los derechos humanos.
El secretario de la comisión del ramo en la ALDF, el diputado Gilberto Ensástiga Santiago, adelantó que la próxima semana el PRD presentará ante el pleno un pronunciamiento repudiando el homicidio de la activista Digna Ochoa, ya que no sólo fue un atentado a la persona, sino a lo que ella representaba en el ámbito de la defensa de los derechos humanos.
El legislador perredista advirtió que la Procuraduría General de Justicia capitalina debe ir al fondo de la investigación, a fin de encontrar al o a los responsables del crimen, sin importar quién o quiénes sean.
"No podemos permitir que continúe la impunidad en esta ciudad, porque esto iría en contra del proceso democrático que se vive en el Distrito Federal".
Por su parte integrantes del PAN lamentaron el asesinato de la abogada Digna Ochoa y pidieron que se investigue a fondo su deceso.
El senador Javier Corral dijo que el gobierno tiene la responsabilidad de resolver el problema y también de realizar un proceso transparente de información sobre las causas del deceso. En tanto que Francisco José Paoli consideró el asesinato de Digna Ochoa como una tragedia que se debe investigar, y actuar conforme a la ley.
El diputado federal Armando Salinas se solidarizó con los familiares de Digna Ochoa, a quien calificó como una persona comprometida con los valores fundamentales del país.
ANGEL BOLAÑOS, GABRIELA ROMERO, GEORGINA SALDIERNA Y ERNESTO M. ELORRIAGA, CORRESPONSAL
Ť Su encarcelamiento, vergüenza de México: Greenpeace
Fundamental en el caso de Montiel y Cabrera la labor de Digna Ochoa
Ť Persiste explotación forestal irracional en Guerrero
ANGELES CRUZ
El encarcelamiento de los campesinos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera es reconocido a nivel internacional como "el más vergonzoso caso de violación a los derechos humanos e injusticia ambiental que se ha dado en México", asegura la organización ecologista Greenpeace, y destaca la labor de defensa que ha realizado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre cuyos integrantes estuvo la abogada Digna Ochoa.
Aunque hace un año se separó del equipo legal del centro, el trabajo realizado por Ochoa fue fundamental para acreditar la tortura y falsificación de pruebas que integrantes del Batallón 40 del Ejército Mexicano cometieron en contra de los campesinos y que el pasado 10 de mayo el Tribunal Colegiado de Circuito determinara devolver el caso al tribunal unitario de circuito, ambos con sede en Chilpancingo, para que nuevamente se revise la sentencia dictada en contra de Montiel y Cabrera.
El nuevo proceso de revisión puede durar varios meses, pero para Greenpeace los campesinos ecologistas fueron apresados y torturados por oponerse a la deforestación de sus tierras en la Sierra de Petatlán y en Coyuca de Catalán, en Guerrero. De acuerdo con una investigación de la organización ecologista, esa zona perdió en tan sólo ocho años 40 por ciento de sus bosques. Es decir, unas 86 mil hectáreas, de las 226 mil 203 hectáreas arboladas que existían en 1992. Para el año 2000, el suelo desnudo había aumentado hasta alcanzar 130 mil 595 hectáreas, frente a las 37 mil 636 de 1992.
La deforestación se agudizó a partir de 1995 con el acuerdo que firmó el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer con la empresa trasnacional Boise Cascade, por el cual se otorgó a esta última el derecho exclusivo de compra y explotación de la madera proveniente de 24 ejidos.
En 1998 los campesinos organizados por Montiel y Cabrera denunciaron estos hechos y aseguraron que de continuar con esa tendencia en 10 años sólo habría "cerros pelones en la zona". Lograron la salida de Boise Cascade, pero la explotación irracional de la zona forestal continuó con la Unión de Ejidos Rubén Figueroa.
El 2 de mayo de 1999, tras el asesinato de tres personas también defensoras de los bosques, integrantes del Ejército aprehendieron a Montiel y Cabrera, bajo los supuestos delitos de narcotráfico, pertenecer al EPR y ser "ecologistas armados".
Su defensa legal logró acreditar que tras su detención fueron torturados y secuestrados durante cinco días antes de ser presentados ante el Ministerio Público. Este mismo trabajo y la difusión que se hizo del mismo llevó a que Rodolfo Montiel fuera reconocido con el Premio Ambiental Goldman, máximo reconocimiento existente en la materia, detalla Greenpeace.