Señora directora: La muerte largamente anunciada de nuestra compañera Digna Ochoa, valiente defensora de los derechos humanos, finalmente se consumó, ante la indiferencia, negligencia e incapacidad de las autoridades quienes estaban obligadas a velar por su seguridad.

Este asesinato vil y cobarde nos indigna profundamente pues denota la falta de capacidad del gobierno para garantizar el libre ejercicio de la profesión, en este caso de la abogacía, y nos hace pensar en una guerra sucia que supuestamente ya estaba desterrada. Sin embargo, este hecho lamentable y vergonzoso evidencia la falta de gobernabilidad y el regreso de las fuerzas más oscuras y siniestras, que están actuando libremente, o peor aún, fomentadas desde un poder de facto, que es el que realmente gobierna.

Exigimos al jefe de Gobierno y al procurador del Distrito Federal una investigación exhaustiva y eficaz que llegue al fondo de este crimen y sus móviles y se castigue a los responsables materiales e intelectuales.

Cruz Arteaga, Carmen Merino, Bárbara Zamora, Juan José Vera, Leonel Rivero, Santos García, Juan de Dios Hernández, Sergio Soto, Guillermo Briseño, Manuel Fuentes, Federico Urtaza, Lauro Sol., Samuel Porras, Julio Ortega, Juan Jiménez, Ignacio Martínez

Delito contra la seguriudad de la nación

Estimada señora directora: La Asociación Nacional de Abogados Democráticos denuncia el brutal asesinato de Digna Ochoa, que debe verse no sólo como un homicidio pleno de agravantes, como el de ser una mujer indefensa, sino como un delito contra la seguridad de la nación, según el artículo 139 del Código Penal, porque al atentar impunemente contra una sencilla abogada defensora de derechos humanos, produce alarma y temor en la población, perturba la paz pública y menoscaba la autoridad del Estado.

El crimen, con la saña de una mente torturadora, de una reconocida y valiente abogada de los más humildes, de campesinos e indígenas ecologistas y presuntos zapatistas, acusados con frecuencia por combatir la injusticia social, sin duda infunde temor: tanto por constatar la indefensión jurídica del mexicano al anular el régimen de derecho, basado en las garantías individuales de defensa jurídica frente a los abusos de autoridad, como en los propios abogados nobles que se encuentran inermes en el desempeño de su función social de búsqueda de la justicia en la defensa de sus clientes frente a tribunales.

La autoridad del Estado se menoscaba cuando no puede dar seguridad jurídica a la población de que el derecho impera en las relaciones sociales y no la delincuencia y el aumento imparable de la inseguridad pública, en buena medida por la permanencia de la corrupción y complicidades, precisamente de los órganos que deben garantizar la seguridad de la sociedad.

Y todo lo anterior se agrava porque se cumplieron las siniestras amenazas que una y otra vez se repitieron durante más de cinco años, sin que las policías, ya advertidas, evitaran el crimen, incumpliendo la obligación del gobierno con la convención de la ONU para la protección de los abogados defensores. Matar al abogado es matar el derecho de defensa legal del ciudadano. Es matar el encauzamiento jurídico de los conflictos sociales.

El asesinato de Digna Ochoa es el asesinato del derecho a la justicia. Que no puede quedar impune, y que exige el castigo de los culpables materiales e intelectuales como condición para reivindicar el estado de derecho en estos tiempos tan convulsos, por el bien de México. ¿Pues de qué sirve el presunto cambio democrático de gobierno si continúa la impunidad de amenazas y hasta asesinatos que impiden la elemental aplicación de la ley para hacer valer los derechos básicos del ser humano?

Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Adalberto Saldaña Harlow, Presidente, Adán Nieto Castillo, Adela Salzar de Castillejos, Alejandro Lira Salinas, Alfonso Bouzas, Alma Rubí Villarreal Reyes, Ana Laura Entel Díaz, Ana María Salazar de Murrieta, Alejandro Nadal Egea, Angel Cortez Beltrán, Arturo Alcalde Justiniani, Aurea Susana Codina Barrios, Aurora Calleja Baltasar y 61 firmas más

Llaman a manifestarse mañana lunes ante Gobernación

Señora directora: Desearíamos publicar esta carta en El Correo Ilustrado.

Las personas y organismos civiles que firmamos esta carta expresamos nuestro repudio y profunda indignación por el asesinato de la abogada defensora de derechos humanos Digna Ochoa. Creemos que ya no es posible permanecer callados y seguir permitiendo la impunidad en nuestro país. No puede hablarse de ningún cambio democrático mientras estos hechos sigan ocurriendo. Convocamos a una movilización urgente en la Secretaría de Gobernación, en avenida Bucareli, este lunes 22 de octubre a las 16:00 horas.

Rosario Ibarra de Piedra, Comité Eureka; José Alvarez Icaza, Eréndira Cruzvillegas, CENCOS; Edgar Cortés, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Hugo Almada, Miguel Concha, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Centro de Estudios Ecuménicos, Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco, Delia Devila, María Dolores Villagómez, Observatorio Eclesial, Familia Franciscana Internacional; Adrián Ramírez, LIMEDH; Francisco Cerezo Contreras, Emiliana Cerezo Contreras, Comité Amplio por la Libertad de los Presos Políticos "Hermanos Cerezo"; Angelica Ayala, Red Ciudadana del Presupuesto Participativo; Antonio Vital, Sempo; Gustavo Hernández, Red Nacional de Comunicadores Civiles; Ana Colchero, Antonio Argüelles, Gloria Rico, Mario Rivera, Nuria Fernández, Saúl Sánchez, Espacio de la Sociedad Civil; Clara Rodríguez, R. Rodríguez Baños, César Núñez, Luis Arturo Bassols, Martha Yoloxóchitl Alatriste, Eduarda Jiménez, Marino Mejía, Froylán Yescas