Cárcel, persecución y muerte

La defensa de los bosques guerrerenses es una ocupación peligrosa. Hoy en día el precio a pagar es muy alto

ROSA ROJAS ENVIADA

Vallecitos de Zaragoza, Gro. Cárcel, persecución y muerte es el precio que se paga en esta entidad por defender los bosques, cuando a decir del presidente de la Organización de Campesinos Ecologistas de Guerrero (OCEG), Juan Bautista Valle, son los habitantes de las ciudades los que deberían pagarles por cuidar el bosque para que ellos tengan oxígeno y agua.

A salto de mata, capoteando lo mismo la persecución de la autoridad con órdenes de aprehensión en su contra que la de taladores clandestinos y grupos armados que los protegen, los campesinos ecologistas acusan: ni el presidente Vicente Fox, ni el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Lichtinger Waisman, ni el gobernador del estado, René Juárez, han cumplido sus compromisos y a la sierra de Petatlán y a la Montaña les han llegado sólo promesas pero nada de recursos.

La red de complicidades que se armó a partir de 1995, cuando la transnacional Boise Cascade -una de las empresas forestales más grandes de Estados Unidos- firmó con el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC), un acuerdo que le daba el derecho exclusivo de explotación y compra de madera en 24 ejidos de la Costa Grande de Guerrero, continúa vigente. Así, pese a la presencia de soldados y policías, sigue la tala clandestina ante la ineficaz vigilancia de Semarnat y Profepa, subrayan los campesinos.

Guerrilla, guardias blancas y narcotráfico persisten y proliferan. La inseguridad, los homicidios, los secuestros son el pan de cada día, pese a que durante recorridos en cada región se constató la presencia de patrullas militares, ya fueran soldados de a pie saliendo de entre las milpas, en convoyes con judiciales o en retenes.

Siguen en la cárcel -y en julio les fue ratificada la condena a diez y a seis años de prisión- los campesinos ecologistas Teodoro Montiel y Rodolfo Cabrera, a pesar de que el propio Fox, desde marzo pasado, le dijo a Pierre Sane, representante de Amnistía Internacional: "los queremos fuera"; a pesar de que Lichtinger se entrevistó con ellos en la cárcel de Iguala el 3 marzo; a pesar de la recomendación 8/2000 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que estableció que las "evidencias" de que los cargos por portación ilegal de armas y cultivo de mariguana les fueron sembradas a Montiel y Cabrera mientras estaban detenidos; a pesar de las campañas internacionales por su liberación y de los prestigiados premios internacionales Goldman y Chico Méndez de ecología que les fueron entregados.

Peor aún, el pasado 19 de octubre fue asesinada su abogada, Digna Ochoa y Plácido, quien en su defensa, con el equipo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, logró establecer que ambos ecologistas presos habían sido torturados durante cinco días por los militares que los detuvieron: soldados Artemio Nazario Carballo, Calixto Rodríguez Salmerón y José C. Calderón Fabiano.

Además continúan vigentes las órdenes de aprehensión contra otros cinco ecologistas más: Eutiquio y Roberto Cabrera, Rogelio Carrillo, Jesús Bautista Fuerte y Servando Bautista Fuerte, sin que en cuatro años se hayan podido conseguir "con los de derechos humanos amparos para ellos", informó Juan Bautista. El resultado, dijo, es que estos hombres tienen que andar huyendo, como él mismo tuvo que hacerlo durante un año, hasta que fue cancelada la orden de aprehensión que había en su contra.

Impunes están los homicidios de otros cuatro campesinos ecologistas: Aniceto Martínez, asesinado, de acuerdo con reportes del Centro Pro, por pistoleros de Bernardino Bautista, cacique de la sierra de Petatlán; Elena Barajas, ultimada por un militar que acompañaba a Bautista; Romualdo Gómez García, victimado por el propio Bernardino Bautista, y Salomé Sánchez Ortiz, muerto por soldados del 40 batallón de Infantería cuando irrumpieron en El Mameyal para detener a Montiel y a Cabrera.

Los "delitos" de los campesinos ecologistas fueron oponerse a la tala a matarrasa que se realizaba para la Boise Cascade; haber parado los camiones que bajaban los troncos a la planta de la trasnacional en Papanoa y haberse opuesto a la voluntad del gobernador Figueroa.

En Vallecitos de Zaragoza culminó la Gira por la defensa de los bosques organizada por la comisión no gubernamental defensora de derechos humanos La voz de los sin voz, de Coyuca de Benítez (cuya presidenta es Hilda Navarrete) y por la OCEG, que llevó a ecologistas -campesinos y clasemedieros-, defensores de derechos humanos, documentalistas del Proyecto de Medios de Chiapas y periodistas a efectuar un recorrido de Coyuca de Benítez, en la Costa Grande, a la comunidad de El Rincón, municipio de Malinaltepec, en La Montaña; a El Paraíso, en la sierra de Atoyac y finalmente a esta población de la sierra de Petatlán, ubicada a una hora de Zihuatanejo, sobre la carretera que va a Ciudad Altamirano.

La miseria, única opción

En este recorrido quedó en claro que la marginación y la miseria crónicas en el campo guerrerense se han acrecentado con la crisis de la agricultura estatal, dado que ni el café, ni la copra, ni el maíz tienen precio. Que la explotación de la riqueza maderera no le ha traído bienestar a los campesinos e indígenas, ni siquiera caminos, dado que las brechas están en pésimo estado e incluso la carretera de Atoyac a El Paraíso, que fue uno de los logros que le dejó a la sierra la lucha de Lucio Cabañas, está semidestruida.

Fue evidente también que lo mismo quienes están a favor que en contra de la explotación del bosque consideran que los gobiernos federal y estatal han fallado en ofrecer alternativas que les permitan vivir dignamente a indígenas y campesinos.

En cambio, y en ese sentido fueron los testimonios recogidos en todos los sitios visitados, la tala ha traído escasez de agua, disminución de las lluvias y cambio de clima, que cada vez es más caluroso. Mientras los ríos se van secando o convirtiendo durante el estiaje en simples arroyos, la fauna silvestre -venados, armadillos, faisanes, chachalacas, pericos- va desapareciendo. La migración va dejando pueblos semivacíos con ancianos, mujeres y niños a la espera de las remesas que de Acapulco, Ixtapa, Puerto Vallarta, Sinaloa, Baja California, Ciudad Juárez o de Estados Unidos envían los jornaleros.

La ganadería -impulsada desde el gobierno de Rubén Figueroa padre- le va ganando terreno al bosque. En las partes más recónditas de la sierra y la Montaña se cultivan mariguana y amapola. Ya el propio Lichtinger había señalado que entre 1992 y el 2000 se perdieron, sólo en 18 comunidades de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, 86 mil hectáreas de bosques. En esos lugares la Semarnat estima que cada año se desforesta casi la mitad de las 23 mil hectáreas de bosques que se pierden en la entidad.

En Vallecitos algunos de los campesinos ecologistas participantes en la gira fueron presa de extremo nerviosismo cuando el chofer de la camioneta equivocó el camino y fue a dar de repente en medio del patio del aserradero que existe en las afueras de la población. "Los taladores van a pensar que los estamos provocando, nos van a alcanzar y nos van a matar", advirtieron.

Ya en una ocasión anterior gente de los taladores clandestinos había impedido, con la instalación de un retén, el paso de un reportero que pretendía realizar un recorrido por la zona deforestada en esa parte de la sierra.

De que había razón para alarmarse dieron cuenta tanto Avimardo Torres Oregón, uno de los defensores del bosque en Vallecitos, como el presidente del comisariado ejidal, Oliver Mondragón Cabrera, entrevistados por separado.

Avimardo se negó a dar los nombres de los principales taladores -"mañana no amanezco"-, se excusó e incluso durante la entrevista manifestó que quizá sería mejor que lo detuvieran y metieran a la cárcel, "aunque sé que sería en forma ilegal", porque "así por lo menos estaría seguro, comería aunque fuera mal y podría seguir luchando por la ecología. Me tendieron tres emboscadas, huí de aquí tres meses... Ahora mi temor es más grande. Quiero mandarle cartas al presidente Fox y a derechos humanos, que me protejan de alguna manera porque mi vida peligra".

Mondragón confirmó lo dicho por Avimardo en el sentido de que desde hace tres años, cuando la asamblea ejidal decidió imponer una veda forestal por 15 años y no vender más madera, se desató la tala clandestina, mientras Semarnat y Profepa "siempre argumentan que no tienen recursos, que no tienen personal para revisar y por lo tanto le dejan el cuidado a los dueños del bosque, pero no podemos porque no estamos organizados", indicó el comisariado.

Agregó que los inspectores de ambas dependencias van de vez en cuando "pero no hacen nada para que se vea que hay una supervisión de parte de ellos" y siguen bajando de la sierra camiones cargados de madera, incluso en tiempo de aguas, ya que cada que hay un "veranito" bajan los camiones.

-ƑHay narcotráfico por acá?

-Sí, por dondequiera.

-ƑGuerrilla?

-No.

-ƑPero han oído hablar de ella?

-Se oye hablar que por aquí, por la sierra de Filo Mayor, hay grupos de encapuchados que son guerrilleros; vinculan a los guerrilleros con las empresas madereras, así se ha dicho.

-ƑQué vínculo?

-Yo he oido comentarios de que hay ambientalistas que han tenido fricciones con los madereros y se comenta que han tenido problemas, han balaceado camiones...

-ƑLos que tienen problemas con los madereros se las ven con los guerrilleros?

-De hecho así es como se ha dicho, o sea, más bien con gente encapuchada que finalmente no se sabe si son guerrilleros o no.

Mondragón Cabrera informó que el ejido posee 21 mil hectáreas, de las que unas 18 mil son forestales, pero "bien bien reforestadas es muy poco lo que hay, lo demás ya no tiene árboles", y mencionó que muchos de los ejidatarios están desmontando para sembrar pastizales para ganadería. La reforestación consiste en meter cercos vivos en los pastizales. Se ha dejado de sembrar maíz y frijol para el mercado, sólo se hace para autoconsumo, porque no tienen precio.

Custodio Rosas, el más anciano de los ejidatarios, con 96 años, y también defensor del bosque, comentó que una de las trampas del gobierno de Ernesto Zedillo contra los ejidatarios que han afectado más el bosque fue el Procede. "Les dieron un documento a cada quien que los hizo dueños de sus parcelas, cada quien agarra y cerca sus pineras y hace lo que quiere con ellas. Al darle su documento a cada ejidatario no dejó ejido. Para qué queremos comisariado ejidal: si yo soy dueño no necesito que otro me diga cómo voy a manejar mi casa. Eso fue una traición del gobierno porque cada ejidatario está vendiendo la madera", afirmó.

Los tres entrevistados en Vallecitos coincidieron en que se requieren proyectos productivos, como el impulso a la fruticultura, para frenar la tala inmoderada.

Juan Bautista subrayó que no basta producir, sino que se requiere que haya mercados para los productos campesinos. Citó lo que pasa con el café y con el coco, pero también lo que ocurrió el año pasado en la sierra de Petatlán, en el ejido de Banco Nuevo. Llegaron funcionarios del gobierno estatal, impulsaron la siembra de jengibre y ofrecieron ayudar a buscarle mercado. Se cosecharon cien toneladas. "No hubo mercado y todo se perdió."

Mencionó que desde abril, cuando el titular de la Semarnat hizo una gira por la sierra, les ofreció llevar proyectos como un venadario, un criadero de iguanas, 50 mil pesos para un programa de retención del suelo. El titular de Desarrollo Rural del estado ofreció llevar a cabo proyectos para las mujeres. Nada hse ha cumplido.

Silvestre Pacheco, asesor de la OCEG y director de SOS Bahía, organización ecologista de Zihuatanejo, indicó que durante aquella gira le solicitaron a Lichtinger que se realice una evaluación del impacto ambiental que ocasionó la explotación del bosque para la Boise Cascade, porque "no queremos que siga la explotación forestal en tanto no nos entreguen los resultados". Indicó que de acuerdo con datos de la Semarnat, el año pasado la tala ilegal en Guerrero fue de 800 mil metros cúbicos, es decir, 50 por ciento de los árboles se derriba sin autorización.

Denuncias infructuosas y complicidades

En la población indígena de El Rincón, en la Montaña, a la cual se llega por Marquelia, en la Costa Chica, se denunció que la tala clandestina se da sobre todo en las comunidades de Colombia, Espino Blanca y Tlaxcalixtlahuaca. Los vecinos afirmaron que los comisariados son los que se benefician por la venta de la madera a una empresa que, además, argumenta que el beneficio para las comunidades es la apertura de caminos, "cuando ella necesita esos caminos para bajar la madera".

Ya en la sierra de Atoyac, en El Paraíso, Jesús Marcelo García y sus hijos -Federico y Nahum Marcelo González-, denunciaron que en su ejido, El Tambor, parientes de ellos usurparon la autoridad ejidal, desconociéndolos como ejidatarios, y se han dedicado a vender la madera a la empresa de Arturo Figueroa, realizando una tala inmoderada sin que haya ningún beneficio para el ejido.

Indicaron que los ejidatarios se dieron cuenta de que con los permisos para el derribo de 3 mil metros cúbicos de madera la empresa ya había sacado más de 2 mil metros, pero en las guías sólo habían asentado la extracción de 300 metros cúbicos. "Eso se denunció a Profepa y Semarnat, que venían con los madereros y dijeron que estaba bien." Por esa razón decidieron parar la extracción de madera. Ya cuando se detuvieron los camiones, los inspectores de ambas dependencias reconocieron que habían cortado madera de más.

Sin embargo, posteriormente la Profepa acusó a Jesús Marcelo García de haber talado los árboles que se cortaron en 1983, cuando se creó el ejido. Y hay orden de aprehensión contra sus hijos, a quienes se achaca haber disparado contra una camioneta de los taladores.

Jesús Marcelo García y sus hijos señalaron que aunque ha habido complicidad de las autoridades agrarias y ambientales para proteger a quienes han usurpado la autoridad del ejido, aun sin vivir ahí, sino en Chilpancingo, y han talado el monte, tienen ahora la esperanza de que prospere su defensa -que está llevando un abogado de la Confederación Nacional Campesina-, ya que finalmente lograron rescatar la documentación de la asamblea del 25 de octubre de 1991, en la que se reconoció a Jesús Marcelo García y a otros 14 ejidatarios y se desconoció como autoridades a quienes no viven en el ejido.

El ex comisario municipal Francisco Vázquez Gómez informó que además de la tala en El Tambor mucha gente trabaja aserrando madera en El Molote y en El Iris. "Estamos mal en El Paraíso, la gente se está yendo porque no hay trabajo. El café, que era la principal producción, no tiene precio, en cambio cuando estaba el Inmecafé se captaban aquí hasta cien toneladas diarias. No hay clínica, no hay trabajo, no hay apoyos, la carretera está destruida. Si exigimos nuestros derechos por la buena, no nos hacen caso. Sólo nos hacen caso con plantones o con otros movimientos."