SABADO Ť 27 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť Convoca al gobierno a una audiencia pública para que presente su punto de vista
Demanda CIDH proteger la integridad de miembros del Centro Agustín Pro
Ť Solicita que cada dos meses le entregue informe sobre el avance de las medidas adoptadas
VICTOR BALLINAS
La Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno mexicano que "sin dilación adopte cuantas medidas sean necesarias para proteger la vida e integridad de los miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, así como de los abogados Pilar Noriega García, Bárbara Zamora López y Leonel Rivero Rodríguez".
Asimismo le solicita que dentro de 10 días a partir de la notificación de esta resolución -que se realizó el pasado jueves- le informe sobre las medidas que haya adoptado en cumplimiento de la misma, y también en ese lapso dé a conocer las observaciones que estime pertinentes.
La Corte le informó además a la administración del presidente Vicente Fox que le convoca a "una audiciencia pública en la sede de ese organismo, a realizare el 26 de noviembre -10 días después de la que se realizará en Washington, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-, a efecto de que "se escuchen los puntos de vista del gobierno mexicano sobre los hechos y circunstancias que motivaron la adopción de las presentes medidas urgentes, sin perjuicio de lo que las partes señalarán en el informe y en el escrito de observaciones solicitados en esta resolución".
Reclama participación
Dicho organismo internacional precisa además al gobierno mexicano que le dé participación en la planificación y establecimiento de las medidas y que, en general, lo mantenga informado sobre el avance de las medidas dictadas, y "requiere que el Estado investigue los hechos denunciados que dieron origen a las presentes medidas, con la finalidad de descubrir a los responsables y sancionarlos".
También la CIDH solicita al gobierno de México que continúe informando a este organismo cada dos meses sobre las medidas provisionales adoptadas, así como requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus observaciones a dichos informes dentro de un plazo de seis semanas a partir de su recepción.
Al conocer esa decisión de la Corte Interamericana, Edgar Cortez, director del Centro Agustín Pro, dijo a este diario que "sin duda se trata de medidas oportunas en esta situación actual por la que estamos atravesando los defensores de derechos humanos, en el marco del asesinato de la abogada Digna Ochoa y las nuevas amenazas que hicieron al centro".
Es interesante además, manifestó Cortez, que dicha resolución abra un espacio para que se puedan establecer dichas medidas con la participación de los defensores, de tal forma que éstas sean convenidas con los miembros del Centro Agustín Pro y los abogados a que se refiere dicha resolución.
Creo, abundó el director del Centro Agustín Pro, que las medidas deben ser distintas para cada persona; por ejemplo, un abogado que necesita salir a reclusorios, juzgados y otros sitios requiere, sin duda, un tipo de protección distinta a la de alguien que lleva a cabo otras actividades.
A su vez, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Lawyers Committee for Human Rigths, a través de un comunicado de prensa, señalaron que aplauden las medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana en favor de los defensores de derechos humanos mexicanos.
Ambas organizaciones internacionales demandaron además el esclarecimiento del asesinato de la abogada Digna Ochoa, así como los ataques y amenazas contra defensores.
Tanto el Cejil como el Lawyers Committee sostienen que "a pesar de la orden de la Corte por investigar y sancionar las amenazas contra Digna Ochoa y miembros del Centro Agustín Pro, el gobierno mexicano ni descubrió ni sancionó a los responsables. Hay indicios que permiten pensar que las autoridades no llevaron a cabo las investigaciones con toda la seriedad y atención que merecía el caso".