SABADO Ť 27 Ť OCTUBRE Ť 2001

Ť Denunciaron en esa administración 23 amenazas de muertes y 2 intentos de homicidio

Acosos a defensores de derechos humanos, práctica sistemática en el sexenio de Zedillo

VICTOR BALLINAS

Durante la administración del presidente Ernesto Zedillo las organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron 23 amenazas de muerte contra sus dirigentes, entre ellos sacerdotes y secretarias; cuatro secuestros, incluido el de Digna Ochoa en 1999; dos intentos de homicidio; 24 intimidaciones; ocho allanamientos a oficinas y domicilios, una violación sexual y persecuciones, acosos, espionaje telefónico, robo y vigilancia policiaca.

Esas denuncias, señaló la red nacional Todos los Derechos para Todos, se archivaron con el argumento de que no había elementos para proceder.

Al conocer en voz de los defensores la situación de riesgo en que hacen su trabajo y la impunidad con que se mueven los agresores, el presidente Vicente Fox les aseguró el jueves pasado -en una reunión en Los Pinos- que "ninguna denuncia del pasado está archivada; se van a revisar los casos para conocer si hay responsabilidad de las autoridades por omisión y conocer qué pasó con esas averiguaciones".

Los activistas le expusieron al jefe del Ejecutivo que esa es la cotidianidad en que trabajan y que están comprometidos con la creación de una cultura de respeto a los derechos humanos.

Al igual que lo hicieron en el sexenio pasado, señalaron que "las agresiones conforman un patrón sistemático de una campaña deliberada que tiene como objeto frenar e inhibir la actividad legal de decenas de instituciones y ciudadanos. Todos los indicios apuntan hacia personal de las instituciones y autoridades encargadas de la seguridad pública. Hace falta determinar en cada caso por órdenes de quién".

Entre religiosos y ciudadanos que recibieron amenazas de muerte durante el sexenio de Zedillo están el sacerdote jesuita David Fernández Dávalos, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (17/8/95); el obispo de Tehuantepec, monseñor Arturo Lona, presidente del Centro de Derechos humanos Tepeyac (30/6/95); el padre Miguel Concha, presidente honorario del Centro Fray Francisco de Vitoria (7/8/1997); el sacerdote Javier Avila, fundador de Cosyddhac (6/7/97) y Francisco Santa Cruz, de la parroquia Carichí (30/9/99).

Otros amenazados de muerte fueron: Pilar Noriega, abogada externa del Centro Miguel Agustín Pro; Digna Ochoa, abogada de la misma asociación, y Enrique Flota, también abogado de allí. Además, Lourdes Sáenz, integrante de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADDHC); padre Camilo Daniel, presidente de Cosyddhac (5/97); la secretaria parroquial del padre Camilo Daniel; Cleotilde Porras, integrante del Centro Fray Bartolomé de las Casas, en San Cristóbal; Abel Herrera Hernández, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (6/6/98); sacerdote Alfredo Zepeda, del Centro de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz.

Más casos de amenazados de muerte: los sacerdotes Wilfrido Mayrén Peláez y Martín Octavio García Ortiz (3/8/96 y 8/VIII/96); Cirilo Ramírez Marcial, promotor del Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco; Gerardo González, coordinador de Conpaz (5/11/96).

Entre las amenazas al director y abogados del Centro Pro, sobresalen las siguientes: "muy pronto querrás no haber nacido. Te acordarás de tu familia. Muy pronto recibirás un regalito. Con nosotros no se juega, con nosotros no se juega, hijo de perra. ƑQuieres ser redentor? Muy pronto vas serlo..."

A Ochoa, Noriega y Flota les dijeron en las amenazas: ''a que se mueren todos los del Pro, cabrones; principalmente ese par de abogadas que tienen''. Y con recortes de periódico, un anónimo: ''condolencias por la muerte de Digna Ochoa, el día 28 de agosto de 1998".

El padre Miguel Concha recibió una llamada telefónica a las 11:30 horas del 7 de agosto de 1997:

-Miguelito, Ƒno sabes quién te habla?

-No -respondió el padre Concha

-ƑNo sabes quién te habla, cabrón, hijo de la chingada? Te va a costar caro.

Miguel Concha volvió a preguntar quién llamaba. La respuesta fue: ''eso no te importa, ya verás los resultados''. Y colgaron.

Además, entre las denuncias está el caso por violación contra Marciana Campos, de 26 años, ocurrida el 12 de septiembre de 1995, del Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo. El agresor fue Juan Olvera Torres. "Hasta el momento no se ha consignado el caso ante el juez correspondiente, no obstante las evidencias de los hechos", indica la denuncia.

El 12 de julio de 1998 fue secuestrado el hijo de Carlos Chávez, director de la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (AJAGI). Los secuestradores, que lo subieron a un auto, lo mantuvieron un día retenido. Los plagiarios chocaron cuando lo trasladaban a otro estado; el joven aprovechó para escapar.

También hay registros de allanamientos, amenazas diversas, intervenciones policiacas, agresiones, robo, intimidación y vigilancia excesiva, entre otros.