SABADOŤ 27 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť Garantizar la transparencia gubernamental, la meta
Plantean crear instituto nacional de acceso a la información
Ť El organismo sería de cáracter ciudadano y autónomo
ALONSO URRUTIA ENVIADO
Guadalajara, Jal., 26 de octubre. El segundo foro de la Consulta Nacional sobre Transparencia y Acceso a la Información que organiza el gobierno federal mostró hoy uno de los temas polémicos que enfrenta en la ruta hacia la aprobación de la ley en la materia: Ƒquién será el responsable de garantizar su cumplimiento? Así, hubo quienes propusieron la creación de un organismo autónomo y otros pugnaron por acudir a las instancias jurisdiccionales vigentes.
Al inaugurar el foro regional en esta ciudad, el subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, José Luis Durán Reveles, sostuvo que la aprobación de una ley de acceso a la información pretende, entre otros objetivos, que exista un mayor involucramiento social en las decisiones de políticas públicas una vez que la visión patrimonialista que se tenía de la información gubernamental quede atrás.
Insistió en que la intención oficial es aprobar la ley este año, aunque aclaró que se deberán fijar plazos razonables para su entrada en vigor.
"En este momento, el gobierno no está preparado para cumplirla de inmediato", por lo que hay propuestas de que sea dentro de dos a tres meses o dos años.
En su oportunidad, el secretario de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Víctor Gandarilla, subrayó que la eliminación de la discrecionalidad en el ejercicio de gobierno será una de las consecuencias inmediatas de la apertura a la información oficial, pues ésta ya no puede ser considerada como exclusiva del gobierno federal.
Transformar la ética política
Las diversas voces que se hicieron escuchar hoy también coincidieron en que la ley de acceso a la información no puede restringirse sólo al Poder Ejecutivo, debe abarcar, dijo el senador panista Felipe de Jesús Vicencio, al Congreso, al Poder Judicial y a los gobiernos estatales. Se trata, dijo, de instrumentar una verdadera transformación en la ética política.
Vicencio apuntó que en principio la ley de acceso es de orden federal y no hay forma de imponer a las entidades leyes locales que las obliguen a hacer lo propio, pero es claro que legislar de manera federal debe desatar una tendencia general a que los Ejecutivos estatales hagan lo propio y se garantice una apertura de los tres niveles de gobierno.
Aunque habló a nombre del periódico El Observador, Luis Ernesto Salomón expuso la iniciativa que el denominado Grupo Oaxaca (que integra a universidades, medios de comunicación y especialistas de todo el país) entregó al Congreso.
Su intervención se centró en plantear las controversias que tienen con el proyecto gubernamental, especialmente en dos temas: para el proyecto oficial el objetivo central es garantizar la transparencia en el ejercicio gubernamental, en contraste con el proyecto Oaxaca, que lo reivindica como el ejercicio de un derecho ciudadano a acceder a la información; la creación del instituto nacional de acceso a la información, organismo ciudadano autónomo responsable de garantizar que realmente se entregue la información que solicita el ciudadano.
-ƑConsidera viable la creación de ese instituto? -se le preguntó a Durán.
El subsecretario sólo dijo que esa es una de las vertientes que existen para garantizar el acceso a la información, hay otras propuestas de sectores importantes, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que consideran que debe acudirse a las instancias jurisdiccionales vigentes y "ambas son propuestas a considerar".
Para Eduardo Romero Ramos, subsecretario de la Contraloría, la misión fundamental de la ley es garantizar la transparencia y el combate a la corrupción, mediante la posibilidad que da el que exista un mayor control social.
Cuestionado sobre los consensos y diferencias que ya ha generado el proyecto gubernamental, Durán enumeró como coincidencias: la aplicación por igual a los tres poderes y organismos autónomos; la elaboración de una ley "sencilla" que aliente la participación social y que sea sin cortapisas, así como la existencia de información reservada -entre otras-, pues tan importante es para el gobierno garantizar el acceso a la información pública como resguardar la seguridad nacional.
En torno a la información reservada, el proyecto del Grupo Oaxaca que difundió Salomón contempla además: información militar para salvaguardar la defensa nacional; datos fiscales cuando afecten al contribuyente; información relacionada con la política exterior que ponga en riesgo las relaciones internacionales; reportes que comprometan los procesos de investigación criminal o información relacionada con la salud pública y el medio ambiente que ponga en grave riesgo a la sociedad.