SABADO Ť 27 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť Aseguran que privilegia la atención a agresores, lo que propicia enfrentamientos
Desplazados acusan de parcial al gobierno chiapaneco
Ť Responsabilizan a las autoridades locales ante el "riesgo de una inminente violencia"
HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO
San Cristobal de las Casas, Chis., 26 de octubre. La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos denunció "las estrategias del gobierno del estado, que por un lado impulsa políticas de reconciliación que le dotan de un prestigio ante la opinión pública", como los retornos de Las Abejas a diversas comunidades de Chenalhó, en operativos ampliamente publicitados por la Secretaría de Gobierno chiapaneca, mientras en otros casos "alarga los conflictos y privilegia a los expulsores en perjuicio de los desplazados".
El organismo cita el caso de los desplazados de San José Bascán, Salto del Agua, donde "las autoridades están desvirtuando las demandas de castigo a los responsables de despojo y destrucción de propiedad, robo de cosechas y tala de árboles en tierras de los expulsados, y en lugar de solucionar y castigar a los culpables propicia el enfrentamiento entre los afectados y sus agresores".
En tanto, los presos políticos bases de apoyo del EZLN agrupados en la Voz de Cerro Hueco denunciaron ayer "las mentiras que Vicente Fox dice en su gira por el exterior".
En un documento divulgado ayer en Tuxtla Gutiérrez, la Voz de Cerro Hueco declara: "somos la verdad que avergüenza al Presidente. Mientras él afirma que ya se han cumplido las tres condiciones que el EZLN exigió para la reanudación del diálogo con dignidad, nosotros decimos que miente, pues somos nueve bases y simpatizantes zapatistas que seguimos en las cárceles de Chiapas, Tabasco y Querétaro, como rehenes del gobierno federal. Además se aprobó una ley que burla los acuerdos de San Andrés contenidos en la ley Cocopa, y el Ejército lejos de abandonar el estado de Chiapas continúa con sus acciones de intimidación en nuestras comunidades indígenas".
Ahora que, según los gobiernos federal y estatal, el conflicto de Chiapas está en vías de solución, y por lo tanto "fuera de la agenda europea", diversos hechos desmienten el optimismo oficial. Tanto los desplazados de la zona norte y Chenalhó (incluso los "retornados" de Las Abejas), como los presos políticos denuncian estar viviendo en carne propia la falta de justicia, la simulación de "reconciliaciones" y la permanencia, intacta, de las condiciones que han dado legitimidad y pertinencia a la rebelión y resistencia de las comunidades indígenas.
Es un panorama caracterizado por la impunidad de los paramilitares en toda la zona de conflicto, lo que representa para los organismos independientes y los desplazados zapatistas una sola y misma ausencia de justicia, sin verdadera reconciliación. Las agresiones de paramilitares se han repetido durante este mes en Roberto Barrios, San José Bascán, Bachajón y los municipios autónomos Che Guevara y 17 de Noviembre.
En ningún caso se ha castigado a los culpables, y en más de uno el gobierno estatal ha favorecido a los señalados como paramilitares agresores por los desplazados y las comunidades en resistencia.
Favoritismo gubernamental
Los desplazados de San José Bascán denunciaron ante la Red de Defensores Comunitarios que la subsecretaria de Gobierno en Palenque (zona VI selva), Orquídea Sosa Moscoso, "ha estado obstaculizando la solución legal de los hechos delictivos" ocurridos en dicha comunidad.
Sosa Moscoso, delegada de la Secretaría de Gobierno para atender las denuncias de los desplazados, se negó a recibir a los denunciantes, pero sí se reunió en cambio
con los agresores, miembros de la organización Kichañob, quienes son responsables de robos, destrucción de propiedades y delitos ambientales de carácter federal. A los expulsados se les señaló "que acudieran al grupo agresor para ponerse de acuerdo".
Los desplazados habían pedido al gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía intervenir "para que se cumpliera en forma legal el proceso de disputa agraria" que se ha suscitado en San José Bascán, y con ese fin solicitaron una entrevista con el secretario de Gobierno, Emilio Zebadúa, quien se limitó a mandar a su subsecretaria regional a negociar no con los denunciantes, sino con los señalados como agresores.
El grupo de desplazados "en ningún momento solicitó la mediación de la Secretaría de Gobierno entre los grupos en conflicto, ya que este no es el caso".
De acuerdo con la Red, "los desplazados exigieron inicialmente la restitución de su derecho a la posesión de la tierra", y ahora exigen una adecuada procuración de justicia en la que sean castigados los agresores repetidamente denunciados, quienes sí son recibidos por Sosa Moscoso.
Cabe señalar que los desplazados comenzaron el proceso de regularización de sus tierras en San José Bascán. De acuerdo con la situación legal revisada en la Subsecretaría de Gobierno del estado, en Tuxtla Gutiérrez, con base en documentos presentados por los afectados, el proceso legal se encuentra en un estado de avance significativo a favor de los desplazados y el predio deberá serles restituido".
El organismo de derechos humanos señala que "este conflicto no requiere la mediación, y menos cuando los responsables de estos hechos violentos cuentan con la complicidad de las autoridades".
Ante esta situación, los desplazados de San José Bascán reclaman no una mediación donde los culpables gozan de total impunidad frente a ellos, que son víctimas de un desalojo violento y constantes actos de hostigamiento, sino un acto de justicia donde la solución del problema se dé por el camino de la legalidad que ellos han emprendido, y les sea restituido su derecho a la tierra, ya que no hay que olvidar que son seis familias a las que no se les permite entrar a su hogar, ni siquiera para sacar el maíz de su consumo".
Además, la Red reponsabiliza al gobierno del estado "ante el riesgo de una inminente violencia por la omisión de su parte".
En ausencia de paz
Mientras los municipios autónomos Ricardo Flores Magón, San Manuel y Francisco Gómez -todos en las cañadas de Ocosingo- han denunciado en días recientes el hostigamiento por aire y tierra del Ejército federal, en Roberto Barrios las bases de apoyo zapatistas denuncian nuevas agresiones y amenazas por parte de miembros del grupo paramilitar Paz y Justicia
Denuncian robos a la tienda comunitaria y la cooperativa de mujeres, así como agresiones a los niños de la escuela autónoma. El catequista Juan Hernández López, a su vez, ha recibido amenazas de muerte "por informar sobre el Plan Puebla-Panamá y por dar datos a la comunidad sobre los planes de construcción de un complejo turístico en la zona".
Un defensor de la Red fue agredido brutalmente ayer en Ocosingo, cuando regresaba de demandar una fe ministerial en Bachajón contra 11 priístas responsables de la muerte de un niño el año pasado, y quienes a pesar de encontrarse plenamente identificados, están libres; el único de ellos en prisión será liberado próximamente.
En medio de todo este panorama, donde los desplazados siguen siendo miles en la entidad, y tanto la guerra de baja intensidad como la contrainsurgencia siguen activas, la Voz de Cerro Hueco se dirige al presidente Vicente Fox en los siguientes términos: "el zapatismo tiene en todo el mundo ojos que han visto la verdad de Chiapas, y oídos que han escuchado la voz que grita las injusticias y las mentiras del gobierno mexicano.
"Señor Presidente, a pesar suyo, a pesar del Ejército, de los paramilitares que son liberados y continúan hostigando a la bases de apoyo zapatistas y a pesar de todo, seguimos en lucha por libertad, justicia y democracia".