sabado Ť 27 Ť octubre Ť 2001
Alberto J. Olvera
La crisis de los estudios de posgrado en México
A mediados de la semana pasada, de manera sorpresiva e inesperada, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dio a conocer una reducción de hasta 70 por ciento en las becas otorgadas a los estudiantes de posgrado en México. Esta medida pone en riesgo la supervivencia misma de las instituciones especializadas en la enseñanza de posgrado y la investigación científica, así como la viabilidad de las divisiones de estudios de posgrado en las universidades públicas. En un país urgido de ampliar su escasa capacidad científica y tecnológica y de incrementar su bajísimo número de científicos, esta decisión del gobierno federal resulta francamente irracional y atenta contra el sistema de educación superior en su conjunto.
El argumento de Conacyt es una reducción presupuestal impuesta por la Secretaría de Hacienda. La reducción ha recaído, en el caso específico de esta institución, en las becas a estudiantes de posgrado en México y en el extranjero, así como en el techo financiero para el financiamiento de proyectos de investigación. Debe decirse que el ajuste presupuestal está afectando a todo el sistema educativo en su conjunto. Por ejemplo, este año por vez primera en la historia la mayoría de los egresados de la Escuela Normal Veracruzana, una de las de mayor tradición en el país, no han obtenido empleo dado que no se abrieron nuevas escuelas ni se autorizaron nuevos grupos en las existentes. La "revolución educativa" prometida por el presidente Fox y el secretario de Educación, y las ambiciosas metas planteadas en el Programa Nacional de Educación 2001-2006 han quedado en letra muerta. Pésimo principio de un gobierno que reconoció la centralidad y urgencia de un mejoramiento en la educación como herramienta para dar viabilidad económica al país y como estrategia para impulsar la justicia social.
El caso particular de los estudios de posgrado es especialmente grave, puesto que las instituciones educativas que los ofrecen ya han comenzado el ciclo escolar el pasado septiembre y los estudiantes rigurosamente seleccionados a través de procesos largos y complejos se han comprometido a dedicarse de tiempo completo a sus programas con la certeza de que recibirían una beca del Conacyt. Así venía sucediendo en años anteriores con todos los programas inscritos en el llamado Padrón de Excelencia. Ahora más de la mitad de esos estudiantes pueden verse obligados a abandonar sus estudios ante la falta de apoyo económico para su sostenimiento y la imposibilidad de pagar las colegiaturas correspondientes.
Desde 1995, cuando el país sufrió una terrible crisis económica, ha habido un consenso entre las fuerzas políticas de que las reducciones presupuestales en casos de emergencia deberían aplicarse en cualquier área menos en la política social. Este concepto abarca los servicios de salud y educación, además de todos los programas de subsidios, bienestar colectivo, vivienda e infraestructura urbana. Al recortar el presupuesto destinado a la educación, el gobierno federal está rompiendo este consenso y violando el derecho a la educación de los mexicanos. Los estudios de posgrado, si bien no están incluidos expresamente en la ley como parte de las obligaciones primarias del Estado, constituyen sin embargo una parte estratégica de todo el sistema puesto que en ellos se condensa el vínculo entre la investigación científica y la docencia y se preparan los cuadros que a su vez han de formar al resto de los educadores y a los nuevos investigadores. Cortar la punta de la pirámide implica un retroceso de magnitudes históricas que puede tener efectos difícilmente reversibles. Véase, si no, el dramático caso de Argentina y de otros países sudamericanos en los que la reducción de la inversión pública en la instrucción superior ha significado un deterioro terrible de todo el sistema educativo.
La educación no puede ser un rehén de la disputa política que actualmente se libra entre el gobierno y los partidos en el terreno de la reforma fiscal. El gobierno no puede abdicar de su deber de ofrecer enseñanza a los mexicanos. Debe restablecerse el presupuesto asignado a la Secretaría de Educación Pública y al Conacyt antes de que las consecuencias sean irreversibles.