sabado Ť 27 Ť octubre Ť 2001

Miguel Concha

Grave problema de Estado

Será la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con sus investigaciones eficaces, prontas y expeditas, el auxilio de toda la sociedad, el concurso responsable de las autoridades federales y la vigilancia de los organismos públicos y privados defensores de los derechos humanos, la que nos esclarezca si el homicidio contra la abogada Digna Ochoa y Plácido, ejemplar luchadora por los derechos humanos, no es en realidad otro crimen de Estado. Ello dependerá de que sus autores intelectuales y materiales no se encuentren incrustados o encubiertos en alguna de las esferas estatales o federales de la administración pública. Lo que sí es cierto es que su muerte constituye un grave problema de todo el Estado mexicano. El más grave que confronta desde hace mucho tiempo el gobierno, pues, como por fin se ha reconocido, compromete como ninguno la credibilidad internacional del país, con todas sus consecuencias, incluso comerciales, en uno de los puntos más sensibles de sus negociaciones. Vuelve a manifestar la incapacidad estructural y la falta de voluntad política de las instituciones de seguridad y de las de procuración y administración de justicia, sobre todo las de la República, quebranta como nunca el estado de derecho y contradice las promesas de vivir por fin en una sociedad justa, libre y democrática.

Con toda razón la Red Nacional de Organizaciones Civiles Todos los Derechos para Todos, que agrupa a 53 organizaciones ciudadanas defensoras de los derechos humanos en 18 estados de la República, expresó el pasado sábado, citando a Hina Jilani, representante especial del secretario general de la ONU para los defensores de derechos humanos, que la ejecución arbitraria de Digna ensombrece la apuesta de toda la sociedad por un proceso de democratización del país, pues "los defensores de derechos humanos son el termómetro más sensible de la democracia". Lástima entonces que las autoridades civiles superiores de la República en su conjunto no hayan tenido la sensibilidad humana y política para reaccionar unánimes y en público inmediatamente después de los hechos, encabezando así la protesta general y espontánea de la sociedad, y asegurando desde el primer momento su enérgico rechazo y su voluntad para esclarecerlos debidamente, pues como también declaró Irena Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, ese mismo día, "mucho han hablado las nuevas autoridades mexicanas de la importancia de los derechos humanos", y este es el momento "de convertir estas expresiones públicas en cambios reales para todos los que están trabajando a favor de los derechos humanos en México", pues "ese es el desafío fundamental como primer paso para asegurar la justicia y el fin de la impunidad" en el país.

Ha llegado, pues, la hora de traducir en hechos las promesas, los ofrecimientos y las declaraciones. Este es el momento para establecer por fin una política integral de Estado en derechos humanos, coherente a nivel interno y externo, como se demandó a todos los candidatos durante las campañas electorales.

Además de esclarecer pronto y a fondo el crimen contra Digna, sin importar hasta dónde lleguen sus responsables intelectuales y materiales, es indispensable que se asuma la agenda de derechos humanos que desde hace años vienen elaborando desde la experiencia, con tanta claridad y esfuerzo, los defensores de derechos humanos en México; reforma integral del sistema de procuración e impartición de justicia; régimen constitucional de las fuerzas armadas y castigo a los responsables de violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades civiles; reconocimiento constitucional y legal de los derechos colectivos de los pueblos indios; solución pacífica y negociada al conflicto en Chiapas; acceso a la información de la administración pública, y garantías al ejercicio social de la labor de los defensores de los derechos humanos, teniendo en cuenta, como también dijo Irene Khan, que la protección de los defensores no se resuelve sólo con chalecos antibalas ni guardaespaldas, sino con medidas enérgicas para combatir la impunidad y asegurar la protección de los defensores, elaboradas e implementadas según las determinaciones de ellos mismos.