MIERCOLES Ť 31 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť Aportarán asesoría jurídica y contingentes para las manifestaciones
Apoyarán CAP y UNT a los ejidatarios de Texcoco afectados por las expropiaciones
Ť El pago de indemnizaciones debe ser con base en el valor comercial de los predios, afirma especialista en derecho agrario Ť Hoy firmarán pacto de solidaridad
CAROLINA GOMEZ, ANGELICA ENCISO Y ELIZABETH VELASCOX
Frente al descontento social que en Texcoco se ha generado por la expropiación de 5 mil 300 hectáreas para la construcción de la nueva terminal aérea, organizaciones agrarias y de trabajadores anunciaron que darán su apoyo a la resistencia civil que realizan los 4 mil 375 ejidatarios afectados.
El Congreso Agrario Permanente (CAP), que agrupa a 3 millones de campesinos, auguró que el conflicto podría convertirse en el "Waterloo" del presidente Vicente Fox.
Alvaro López Ríos, coordinador del CAP, informó que esta organización campesina decidió apoyar a los afectados con asesoría jurídica y contingentes para respaldar las protestas, "hasta donde ellos consideren necesario". Por su parte, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) acordó construir un frente para evitar la "gran injusticia", que se traduce en un pago irrisorio de siete pesos por metro cuadrado.
El pago que el gobierno debe hacer como indemnización de la superficie expropiada debe realizarse según el valor comercial de los terrenos, y el avalúo lo puede hacer una institución bancaria, no sólo la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, señaló Bárbara Zamora, especialista en derecho agrario.
Para apoyar a los afectados, hoy el CAP y una delegación de propietarios de los 13 ejidos a los que se les aplicó el decreto expropiatorio firmarán un "pacto de solidaridad", a partir del cual esta agrupación campesina brindará apoyo a los agraviados, "hasta donde ellos quieran llegar, porque no podemos regatearles nuestra solidaridad", sostuvo López Ríos.
El convenio incluye el respaldo con contingentes de agremiados al CAP de manera permanente en las áreas en conflicto, participación en las manifestaciones de resistencia -marchas y mítines-, así como facilitar ayuda jurídica gratuita a los campesinos, a fin de que puedan ejercer su facultad de interponer un amparo para frenar la expropiación.
Como primera muestra de apoyo, hoy integrantes del CAP se sumarán a la marcha que se dirigirá a Los Pinos, donde prevén entregar al jefe del Ejecutivo un documento con las razones por las cuales el nuevo aeropuerto no debe construirse en Texcoco.
Agregó que también participarán en la elaboración de la controversia constitucional que interpondrá el gobierno capitalino contra la construcción del aeropuerto en Texcoco. Para ello ya estableció comunicación con el jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, quien aceptó tomar en cuenta las opiniones de esta agrupación campesina en la formulación de la queja.
Esta decisión, indicó, no sólo atenta contra el patrimonio y los intereses de los 13 ejidos, sino de todos los campesinos y capitalinos. López Ríos confió en que el conflicto se solucione "sin que la sangre llegue al río", pero en caso de que la situación se agrave las 12 organizaciones que conforman el CAP no emprenderán la retirada, sino que, por el contrario, prestarán ayuda en lo que se requiera.
En tanto, en reunión plenaria, las 200 organizaciones de la UNT acordaron respaldar a los ejidatarios de Texcoco, con el fin de construir un frente que evite la "gran injusticia" que se comete con la expropiación.
Francisco Hernández Juárez, líder colegiado de la UNT, señaló en entrevista que los trabajadores no se oponen a la construcción del nuevo aeropuerto, pero con ese proyecto "todo mundo ganará: los gobiernos estatal y federal y los constructores y especuladores de la tierra, excepto los campesinos".
El dirigente de los telefonistas detalló que a través de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), que lidera López Ríos, también coordinador del CAP, esta central hará llegar su respaldo a los campesinos afectados.
Para estas organizaciones el ofrecimiento del gobierno federal de dar siete pesos por metro cuadrado es una injusticia, y refleja el valor que el propio gobierno da a la tierra, el que evidentemente es diferente al que el campesino le otorga.
Aunque el gobierno debe pagar a los campesinos el valor comercial de los terrenos, "el punto central es que ellos no tendrían otro medio de subsistencia si les quitan sus tierras. Si les pagan una indemnización nunca les alcanzará para que ellos y sus familias puedan vivir de ese dinero. Sus tierras están cultivándose y es el patrimonio de ellos y sus hijos", sostuvo Bárbara Zamora.
Jurídicamente, agregó la especialista, se debe hacer un avalúo comercial para determinar el precio del metro cuadrado, pero el problema es que se trata de todo un pueblo que se quedaría sin medios de subsistencia. Agregó que los ejidatarios podrán interponer un amparo contra el decreto bajo los argumentos de que no fueron notificados antes de su publicación -como lo establece la ley-, que se debe clarificar la causa de utilidad pública y por el precio que se les pretende pagar por las tierras.