MIERCOLES Ť 31 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť Presenta supuestas anomalías en que incurrió la SCT
Descarta gobierno de Hidalgo sumarse a la demanda que interpondrá el GDF
PATRICIA MUÑOZ RIOS
La decisión oficial de construir el nuevo aeropuerto en Texcoco forma parte de "uno de los procesos más turbios de la presente administración". Fue un engaño y desnudó la parcialidad total que mantuvo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, quien utilizó el proyecto de Tizayuca sólo como "comparsa", acusó ayer el secretario de Desarrollo Económico del estado de Hidalgo, Horacio Ríos Cano.
El funcionario, quien encabeza el equipo de asesores del proyecto aeroportuario de Tizayuca, ofreció ayer una conferencia de prensa en la que señaló que el gobierno de Hidalgo "no está en condiciones jurídicas para sumarse a la demanda legal que presentará el jefe del Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, por la construcción del aeropuerto en Texcoco"; sin embargo, dijo, proporcionará toda la información y los estudios que se requieran para fundamentar que esa zona no es la mejor opción.
Los asesores presentaron una larga lista de irregularidades en que incurrió la SCT en este proceso, como información falsa en los estudios; la minimización de problemas técnicos graves que presenta la zona de Texcoco; la falta de palabra de los secretarios de Comunicaciones y de Gobernación, quienes se habían comprometido a llevar a cabo una evaluación transparente de los estudios, y la distorsión de las cifras de inversión requeridas en cada proyecto, ya que los montos requeridos para la opción Tizayuca son menores de lo que Cerisola aseguró.
Lo más grave de todo es que la ubicación -en Texcoco- para el nuevo aeropuerto no tiene viabilidad técnica, ambiental, social, urbana ni política. Será un fracaso para el país, advirtieron.
El problema de las aves, al cual Cerisola le dio una connotación anecdótica, es muy grave y pone en gran peligro el aterrizaje y despegue de las aeronaves, a menos que se lleve a cabo una matanza de esa fauna, argumentó el capitán Luis Miguel Hernández, quien por otra parte declaró no estar facultado para "hablar con los patos", en alusión a las recientes declaraciones del titular de la SCT, en el sentido de que las aves "ya tomaron su opinión y decidieron que pueden convivir con los aviones".
El informe presentado reseña que entre diciembre de 2000 y octubre de 2001 la SCT destinó dos horas y media para estudiar la opción Tizayuca, y meses para cuadrar la opción Texcoco. Además, hace ver que mientras Pedro Cerisola afirmaba que no había una decisión tomada sobre la ubicación, hay pruebas de que el 21 de septiembre la dependencia a su cargo solicitó a la Secretaría de Reforma Agraria expropiar los predios de Texcoco.
Y añade que el estudio de Mitre, que se utilizó como base para las conclusiones aeronáuticas, contiene información falsa, pues señala por ejemplo que en el terreno que proponía Hidalgo hay una colina poblada que no existe, así como una fábrica que tampoco existe.
Humberto Parra, representante del Proyecto de Desarrollo Regional del Valle de Tizayuca y parte del equipo asesor, reseñó que este proceso "fue un engaño" para los legisladores, para el gobierno de Hidalgo y para el país, y es una decisión lamentable que no consideró elementos importantes para el futuro de la ciudad de México, además de que tiene una dudosa viabilidad. Añadió que el gobierno de Hidalgo tratará de analizar otras opciones de desarrollo regional y no descarta reubicar su actual aeropuerto.
En tanto, el capital Luis Miguel Hernández expuso que, según los estudios que tomó en cuenta la SCT, existen 12 mil aves en el área destinada en Tizayuca para el proyecto; sin embargo, no existe evidencia de esta afirmación "ni se han dado a conocer los censos que avalen tal señalamiento".
A su vez, la asesora Rosario Avilés se refirió a las cartas o manifestaciones de algunas aerolíneas extranjeras en las que supuestamente advirtieron que dejarían de volar a México si el aeropuerto se construía en Hidalgo, y dijo que hasta el momento no se ha dado a conocer de manera oficial esta documentación, pero "lo preocupante es que las decisiones gubernamentales puedan estar sujetas a la opinión de empresas extranjeras, sobre todo cuanto estas determinaciones pueden afectar directamente la planeación urbana, la sustentabilidad de una región y el desarrollo social y económico".