Como se tenía previsto, la decisión oficial de construir el nuevo aeropuerto del valle de México en Texcoco, estado de México, y no en Tizayuca, Hidalgo, ha despertado numerosos y previsibles conflictos y descontentos, no sólo en la región supuestamente beneficiada por la determinación y en la entidad descartada como sede, sino en el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y en diversos sectores políticos y sociales que operan en el ámbito federal.

Ayer, el gobierno de Hidalgo, por conducto de su secretario de Desarrollo Económico, Horacio Ríos Cano, presentó un documento que refiere las irregularidades e inconsistencias registradas en el proceso de la toma de decisión.

De acuerdo con el informe hidalguense, las acciones emprendidas por el gobierno federal para determinar las ventajas y desventajas de una y otra región fueron, en realidad, una gran simulación para imponer una decisión que había sido tomada de antemano: el nuevo aeropuerto se construiría en Texcoco.

De esa forma, se advierte que aquello que se presentó como un ejercicio de transparencia y fundamentación técnica sería, en realidad, un fallo cupular y palaciego, distorsionado de origen por intereses y alianzas inconfesables.

De su lado, el gobierno de la ciudad de México ha impugnado la construcción de la terminal aérea en el municipio mexiquense con argumentos que debieran ser atendidos y considerados seriamente: la obra aeroportuaria en Texcoco, señala el GDF, no sólo induciría un crecimiento urbano desequilibrado y caótico en el oriente de la capital, sino que podría propiciar inundaciones de gran escala en diversas zonas de la urbe.

Por su parte, los pobladores de la zona seleccionada --particularmente los habitantes de Texcoco y del municipio adyacente de San Salvador Atenco-- han emprendido ya movilizaciones para rechazar, también con argumentos atendibles, el establecimiento en su lugar de residencia de la terminal aérea. 

Un factor central de la irritación popular en esos municipios es la ridículamente baja indemnización establecida por las autoridades para los ejidatarios y propietarios de los terrenos expropiables, indemnización que hace prever, desde ahora, los pingües negocios que los especuladores inmobiliarios podrán realizar a costillas de los habitantes desplazados.

Estas impugnaciones --que no son, ciertamente, las únicas-- debieran ser suficientes para que el gobierno federal diera marcha atrás en su decisión y emprendiera un proceso amplio --realmente amplio y participativo©© de consultas con expertos, autoridades estatales y municipales y vecinos de las zonas involucradas. 

De no proceder así, el Ejecutivo no sólo pondría en peligro el desarrollo de lo que se plantea, en este momento, como "la obra del sexenio", sino que se colocaría en una posición autoritaria y cerrada que, para el primer gobierno de la alternancia, resultaría insostenible y políticamente desastrosa.