Ayer el secretario de Gobernación, Santiago Creel, informó que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) entregó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), el jueves pasado, los archivos que tenía en su poder sobre el caso de la abogada y defensora de los derechos humanos Digna Ochoa, asesinada el 19 de octubre.

El hecho, por sí mismo, es indicativo de la disposición de las autoridades federales a colaborar con las capitalinas en el esclarecimiento del repudiable e indignante homicidio de la luchadora social veracruzana, y resulta, en esa medida, plausible.

Pero, al mismo tiempo, el dato de que el Cisen haya almacenado información sobre Digna Ochoa --y acaso también sobre su asesinato-- resulta difícilmente explicable de acuerdo con las tareas oficiales de esa dependencia, encargada de la seguridad de la nación, pero no, hasta donde se sepa, de la de los particulares, sean cuales sean las actividades de éstos.

Que el Cisen haya tenido un archivo sobre la extinta abogada evoca, en forma inevitable, las prácticas clandestinas de monitoreo furtivo y espionaje político que el Estado mexicano realizó en forma sistemática hasta tiempos muy recientes, en torno a opositores políticos, líderes y activistas sociales, y hasta funcionarios prominentes del mismo régimen. Tales prácticas, en cuya ejecución destacó la tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad --predecesora del Cisen en tanto que organización oficial encargada de la seguridad nacional--, tendrían que haber estado abolidas para cuando Digna Ochoa y los otros abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez recibieron las primeras amenazas de muerte.

Cabe preguntarse ahora si el Cisen simplemente "heredó" archivos anteriores, si se involucró en la investigación --o, al menos, en el seguimiento-- de las amenazas referidas o si, peor aun, vigilaba en forma indebida las actividades de Digna Ochoa. ¿Desde cuál perspectiva podría considerarse que las tareas de la víctima, o bien los riesgos que corría, eran asuntos relacionados con la seguridad nacional? 

Es deseable, sin duda, que el gobierno federal siga dando muestras de voluntad de colaboración en las pesquisas sobre el crimen de la abogada Ochoa, pero es necesario, además, que las dudas expuestas sean puntual y satisfactoriamente despejadas.

En términos generales, es pertinente insistir en la necesidad de que los acervos documentales del espionaje y la represión, que recientemente el gobierno federal puso a disposición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Procuraduría General de la República (PGR), sean abiertos a la sociedad en general, la cual ha sido, a fin de cuentas, la principal agraviada del autoritarismo, la impunidad y la arbitrariedad de la que son expresión y símbolo tales archivos.