MARTES Ť 13 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Si Montiel quiere ayudar que venga, plantean en Tocuila a Cadena Morales
Presentan amparo dos núcleos ejidales contra expropiación de tierras para el nuevo aeropuerto
Ť Se busca anular el decreto presidencial que afecta a casi mil 500 campesinos, dice abogado
Nezahualcoyotl, 12 de noviembre. Los abogados de los núcleos ejidales de San Salvador Atenco y Santa Isabel Ixtapa interpusieron el juicio de amparo ante la oficialía de partes común del Poder Judicial de la Federación, en el distrito de Nezahualcóyotl, contra el decreto de expropiación del pasado 22 de octubre para destinar 5 mil 384 hectáreas a la construcción del nuevo aeropuerto internacional y para obras de protección ecológica en el ex lago de Texcoco.
Al mediodía de ayer, los integrantes del bufete jurídico de Ignacio Burgoa Orihuela, entre los que se encontraba el nieto del constitucionalista, Roberto Orduña Burgoa, entregaron el recurso de amparo compuesto por 15 fojas y un anexo con los expedientes que ostentan la personalidad del comisariado ejidal de San Salvador Atenco, José Elías Martínez Robles; el acta de asamblea, copias de los decretos y resoluciones presidenciales con las que se dotó al ejido de Atenco en 1920 y 1926; copias certificadas y el original del Diario Oficial del 22 de octubre de este año.
Dos horas antes, el mismo trámite de amparo fue presentado por los representantes legales del núcleo ejidal de Santa Isabel Ixtapa, encabezados por el abogado Alejandro de Anda Ohm. Ambos grupos de abogados expresaron su confianza en que se hará justicia a los campesinos y en que prevalezca el derecho por encima de los intereses políticos y económicos.
En Tocuila, Texcoco, el director de Conciliación, Arbitraje y Servicios Periciales de la Procuraduría Agraria, Ricardo Cruz Rodríguez, dijo que la institución estudia la estrategia de amparo. "No puedo revelar cuál será porque somos ya defensores de los núcleos agrarios de San Bernardino, Nexquipayac, Tocuila, Chimalhuacán, Huexotla y Nezahualcóyotl (sic), 211 personas de San Salvador Atenco y 100 ejidatarios de Santa Isabel Ixtapa".
"Fundamento de nuestra idiosincrasia"
José Antonio Morales Domínguez, en representación del jurista Ignacio Burgoa Orihuela, explicó que el amparo es para defender a los campesinos de San Salvador Atenco "contra de las injusticias que se han cometido". Puntualizó que el argumento central se basa en la inconstitucionalidad de la Ley Agraria y el derecho que tienen los ejidatarios como garantía social para que se reconozcan sus necesidades como pueblos.
Agregó que el amparo también busca la no desaparición del núcleo ejidal "figura jurídica tan apreciada", porque los ejidos -explicó- "son fundamento de nuestra idiosincrasia". También que prospere la garantía de audiencia que debió aceptárseles para defender sus derechos.
La demanda de amparo, que fue turnada al juzgado sexto de distrito con sede en Nezahualcóyotl, buscará proteger a los ejidatarios para que "las autoridades no puedan hacer atropellos tomando las tierras de los campesinos", abundó.
Alejandro de Anda Ohm, representante de la defensa del ejido de Santa Isabel Ixtapa, destacó que el juicio integra a 330 de los 601 afectados de este comisariado ejidal y a quienes les expropiaron mil 300 hectáreas.
Acompañado del presidente del comisariado ejidal, Adrián Pineda Sánchez, el abogado explicó que el gobierno federal violó la ley al no consultar y buscar el diálogo con
los campesinos antes de imponer el decreto, aunque también existe violación en el avalúo de las tierras.
Destacó que, de acuerdo con el artículo 14 Constitucional, la autoridad debió tomar en cuenta a los ejidatarios y notificarles sobre la necesidad de expropiar los terrenos. El avalúo se hizo de manera unilateral, pues no se dio oportunidad a los afectados para demostrar que sus parcelas son productivas y que el valor de esos terrenos tiene un costo mayor. Señaló que el juicio de amparo fue asignado al juzgado quinto de distrito y ahora esperarán el resolutivo se dé en el transcurso de los próximos dos meses.
Por separado, el abogado José Antonio Morales Domínguez, representante del bufete jurídico de Burgoa Orihuela, consideró que habrá que esperar entre cuatro y cinco meses para conocer del resolutivo. Durante ese periodo el juez tendrá que hacerse de los medios probatorios, como los estudios ecológicos, sociales, políticos que debe tener la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes (SCT); y se practicarán estudios periciales.
Agregó que del ejido de Atenco se defenderán las mil 78 hectáreas expropiadas y aclaró que este amparo no se propone mejorar el precio de la tierra, sino para anular en definitiva el decreto presidencial que afecta a los cerca de mil 500 campesinos.
Señaló que al despacho del catedrático de la UNAM se han presentado los representantes de otros ocho núcleos ejidales quienes están buscando el apoyo del jurista, aunque dijo no recordar cuáles son. Al respecto, José Gil García, representante del Grupo Atenco Unido, puntualizó que los núcleos agrarios de Acuexcomac, Francisco I. Madero y la Magdalena Panoaya son algunos de los que buscan la misma defensa.
José Antonio Morales Domínguez, mencionó que en caso de existir un acuerdo, en los próximos días se interpondrán otros ocho juicios de amparo, para pedir en su momento la acumulación y sea un solo juez de distrito quien resuelva en conjunto las demandas de amparo. De esta manera se buscará la legalidad de audiencia y constitucionalidad de la Ley Agraria.
En Tocuila, poco más de un centenar de ejidatarios exigieron al secretario general de Gobierno del estado de México, Manuel Cadena Morales, que presente los planos del proyecto del nuevo aeropuerto internacional para verificar que sus casas -varios cientos de ellas están dentro de las parcelas- no estén incluidas en el decreto de expropiación. "Ningún núcleo urbano va a desaparecer; el decreto no afecta a ninguna vivienda. Tocuila seguirá existiendo", expuso Cadena.
No es cierto, respondió uno de los ejidatarios: "Las casas de la colonia Francisco I. Madero y parte de las de Santa Isabel Ixtapa sí serán derrumbadas. No nos venga a engañar y dígale a Montiel (Arturo, gobernador mexiquense) que si tiene ganas de ayudarnos que se presente en los ejidos".
Los ánimos se exacerbaron, los gritos de hombres y mujeres acallaban a Cadena Morales, quien tuvo que deslindarse del PRI, partido en el que milita, y resaltar su origen texcocano para apaciguar los reclamos. Para los ejidatarios fue insuficiente la presentación de un croquis iluminado representando las 519 hectáreas expropiadas al ejido. Reunidos en la orilla de una de las cientos de hectáreas de su propiedad, los ejidatarios una y otra vez decían: "Esta es una tierra fértil, mire aquí está el maíz, alfalfa, pasto forrajero".
Poco faltó para que le pusieran en sus brazos uno de los borregos del rebaño que pastaba en el lugar. "No vengo como priísta, sino como funcionario del gobierno del estado a escucharlos con respeto". Para sacudirse los reclamos, Cadena culpó a los medios de comunicación de "mal informar" y de exagerar el rechazo popular al proyecto aeroportuario.
Cadena Morales extendió su brazo derecho para apagar las grabadoras de algunos de los reporteros presentes. "Ustedes no están invitados. Es más, ni apunten lo que voy a decir", ordenó. De inmediato aseguró a los ejidatarios que algunos de sus compañeros "ya vendieron sus parcelas y de forma irregular; vendieron a un precio bajísimo y por necesidad. Ustedes no vendan".
También exhortó a los ejidatarios a no dejarse manipular por grupos que con marchas y manifestaciones se inconforman. Sin embargo -dijo- "tienen todo el derecho de hacerlo, pero sin violencia porque quien use la violencia le caerá todo el peso de la ley. La vía jurídica es la mejor defensa".
Antes, en el auditorio del pueblo, los ejidatarios mostraron con llanto, gritos y caras de enojo su protesta por una obra "que nos dejará en la miseria, nos arrojará de nuestra madre tierra que diariamente nos da de comer. šNo vamos a aceptar la expropiación! De aquí nos sacarán muertos. Por eso estamos en pie de lucha".
RENE RAMON ALVARADO, JAVIER SALINAS CESAREO, CORRESPONSALES, Y MATILDE PEREZ U., ENVIADA