martes Ť 13 Ť noviembre Ť 2001
Luis Hernández Navarro
Petatlán: la injusticia de la justicia
Los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel están libres, aunque la justicia no reconoce aún su inocencia. Otros compañeros suyos no tuvieron su suerte: cuatro fueron asesinados, cuatro más (tres sentenciados y uno en proceso) están en la cárcel en Acapulco y al menos otros siete tienen órdenes de aprehensión en su contra.
Estos muertos, presos y huidos tienen en común el haber participado durante 1998 en un "paro de madera", esto es, en el cierre del camino por el que bajaban camiones llenos de árboles talados en los montes de la Costa Grande de Guerrero. Afectaron los intereses de madereros, políticos y ganaderos.
La justificación legal esgrimida para encarcelar a Pilar Martínez Fuerte, Francisco Bautista Valle, Moisés Martínez Torres y Gerardo Cabrera González, también campesinos ecologistas, es tan absurda como la que sufrieron en su momento Cabrera y Montiel. Presumiblemente Gerardo está acusado de cometer un doble homicidio frente a varios testigos en un lienzo charro, efectuado por Justino Cabrera, cacique de la sierra. Al principio había sido señalado como abigeo, pero obtuvo un amparo; sin embargo, a pesar de ello, fue apresado por el delito de asesinato. Aurora Bueno, esposa del difunto, fue obligada por la agente del Ministerio Público a firmar una hoja en blanco a cambio del cadáver de su marido. A pesar de que ella y otras personas han solicitado el expediente del caso nunca les fue entregado. Mientras tanto, el cacique Cabrera, protegido por el Ejército durante mucho tiempo, se dio a la fuga.
La liberación de Cabrera y Montiel, dos de los dirigentes de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y de Coyuca de Catalán, no implicó el fin de la represión en aquella parte del territorio guerrerense. Tampoco restauró la justicia. Las causas que originaron el conflicto y el conflicto mismo siguen presentes. Muchos de los líderes de la organización que defiende sus bosques están huidos. El ejército recorre rancherías de la región y pregunta por ellos. Al menos son 35 nombres por medio de los cuales los militares inquieren en sus recorridos.
La lucha en la Sierra de Petatlán y de Coyuca de Catalán comenzó cuando los campesinos se dieron cuenta de que su agua se había agotado por la pérdida de bosques, a manos de talamontes y de ganaderos en continua expansión. En palabras de Rodolfo Montiel: "los antes llamados ríos se convirtieron en pequeños arroyos, y los arroyos en pequeños hilos de agua". No sabían entonces lo que era la ecología, aunque, al cuidar los bosques de las quemas sin apoyo gubernamental conservaran el medio ambiente.
En 1995, Ruben Figueroa Alcocer, entonces gobernador de Guerrero, promovió la firma con la multimillonaria empresa estadunidense Boise Cascade y 24 núcleos agrarios pertenecientes a la Unión de Ejidos Rubén Figueroa Alcocer -comandada por el cacique del PRI, Bernardo Bautista- de un acuerdo en el que le daba la concesión y el derecho exclusivo de compra y explotación de madera de los ejidos de la Costa Grande. Los camiones que bajaban de la sierra cargados con rollos de madera comenzaron entonces a hacerse más frecuentes.
A la protesta de los campesinos de la región ante la tala inmoderada se respondió con el hostigamiento militar hacia sus dirigentes. Boise Cascade canceló definitivamente sus operaciones en Guerrero después del "paro de madera" de 1998 argumentando que sus intereses económicos habían sido afectados. La represión se intensificó en la zona. Muchos dirigentes tuvieron que esconderse.
Además de seguir adelante en la defensa de los bosques, la lucha de los campesinos ecologistas se orientó a la defensa de la vida de los ciudadanos de aquella región, de sus perseguidos políticos y sentenciados. En amplias zonas la organización se fortaleció y logró sacar a los caciques, responsabilizándose de mantener una seguridad pública, solidaria y comunitaria. Sin embargo, en otras, los caciques conservan gran influencia.
Los rumores sobre la contratación de pistoleros para asesinar a los dirigentes campesinos de la región son muy fuertes. Ya sucedió en el pasado reciente. "Por 10 mil pesos me mandan matar estos güeyes", dice uno de los representantes de los campesinos ecologistas. La cabeza de Eva Alarcón, responsable de mantener el enlace de la organización con la ciudad de México, ya tiene precio. El hecho de que sea oriunda de la Costa de Guerrero y no de la sierra la hace sospechosa a los ojos del poder y los caciques.
En la Sierra de Petatlán hay temor, y razones para tenerlo. Sus habitantes necesitan garantías de que su vida e integridad estarán a salvo. El próximo 16 de octubre en la noche saldrá de la ciudad de México una caravana para acompañar a Cabrera y a Montiel a su tierra.
La impunidad debe terminar. La justicia debe llegar a ese rincón de México.