MARTES Ť 13 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť A finales de noviembre estará listo el proyecto que se presentará a la ALDF
Se propone en código penal sanciones a personas morales
MARIA ESTHER IBARRA
El proyecto de código penal para el Distrito Federal establece sanciones no sólo para las personas físicas, sino también para las morales, esto es, las empresas; además se propone crear un fondo para la reparación del daño a las víctimas de un delito, informó el diputado Juan José Castillo Mota, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Al explicar el alcance del nuevo ordenamiento, Castillo Mota precisó que a las persona morales se les aplicará la ley cuando se cometa algún delito realizado por cualesquiera de sus integrantes, y que dicho ilícito sea realizado a nombre, por ejemplo, de una empresa.
Por tanto, "un juez podrá imponer, entre otras acciones, suspensión o prohibición de realizar alguna actividad, e incluso llegar a la disolución de la persona moral", precisó el legislador al término de la primera reunión de enlace entre la comisión revisora y redactora del código penal y la comisión especial que dará la última opinión al proyecto de dicha normatividad.
Castillo Mota informó que el proyecto de nuevo código penal estará listo a finales del presente mes, y será sometido para su debate al pleno de los asambleístas en la primera quincena de diciembre.
En cuanto a la propuesta de constituir un fondo para la reparación del daño a las víctimas del delito, se propone que los recursos provengan de las multas impuestas por la comisión de los propios ilícitos. De tal suerte que, acotó, esto coincide con la disposición constitucional que obliga a que los jueces necesariamente tienen que manifestarse en la sentencia por la reparación del daño.
Al nuevo código penal se le adicionan seis artículos de principios fundamentales para hacer eficaz el ordenamiento jurídico capitalino respecto de la acción punitiva del Estado.
El penalista Juan Velázquez, integrante de la comisión especial, convino en la necesidad de sustituir el Código Penal del Distrito Federal, que data de 1912, al señalar que las actuales demandas sociales son precisamente que haya ordenamientos legales más claros y precisos, acordes con la realidad cotidiana que se vive en la capital del país.
Para los trabajos de revisión y redacción del nuevo código penal se integró una comisión integrada por 22 abogados de diversas instituciones educativas y de justicia.