lunes Ť 19 Ť noviembre Ť 2001

León Bendesky

La economía: SOS

La economía mexicana pasó de un crecimiento de la producción de 7 por ciento en 2000 a otro de cero en sólo diez meses. Esa es una medida fehaciente de la capacidad de resistencia que tiene. Sobre este hecho se puede decir una obviedad referida al efecto adverso que provoca la recesión de Estados Unidos. Lo que no debe decirse es una tontería, o sea, que ésa es la única razón por la que esta economía se desploma con tanta rapidez. El desplome se asocia con la fragilidad de la estructura productiva y del mercado interno. Esa es la condición que prevalece desde hace ya mucho tiempo y que se expresa en el lento crecimiento que registra en promedio la economía en los últimos 20 años y en la enorme volatilidad de su comportamiento. Ahí está, a la vista, una de las condiciones que debe enfrentar la política económica, que se abandonó como un elemento de las reformas y que todavía hoy no se atiende, como se pone una vez más de manifiesto en el proyecto de presupuesto federal que el Congreso debe convertir en ley en las siguientes seis semanas.

Sobre esta situación se pueden señalar algunas cosas. Será realmente que somos una isla de buen desempeño económico en el mundo como afirma el gobierno, basado en la estabilidad macroeconómica. No hay en México un criterio para determinar de manera oficial cuándo la economía entra en recesión, no existe autoridad que emita de manera técnica y con sostén institucional una posición al respecto. Ello tiende, entonces, a sustituir el análisis económico y las acciones que puedan derivarse, por el ánimo o la voluntad de los responsables políticos, que son quienes decretan si la situación es buena o mala. Así, se recorre el mismo camino aun cuando las condiciones cambian afuera y adentro, y se aplica la misma medida de recorte del gasto. El discurso optimista de las autoridades sobre la fortaleza de la economía nacional se queda en el mismo argumento gastado de los anteriores gobiernos: la macroeconomía funciona bien, pero ello no se expresa en la situación de las empresas y las familias y mientras el mundo enfrenta problemas, aquí no pasa nada.

Lo que podemos llamar el escenario de "siete a cero en diez meses", pone de manifiesto que si la administración Salinas-Aspe-Ortiz dejó la economía prendida de alfileres a la de Zedillo-Serra-Gurría-Ortiz, ésta, a su vez, la dejó a Fox-Gil-Ortiz prendida de chinches, lo que, sin duda, no representa una gran ventaja técnica, política o competitiva. La propuesta de presupuesto federal para 2002, según consta en el documento de los Criterios Generales de Política Económica, se armó bajo la idea de que frente a las fluctuaciones de la economía mundial no hay prácticamente que hacer nada, salvo mantener rígido control de los instrumentos monetarios y fiscales. La consigna parece ser no intentar nada nuevo y razonable, no moverse y esperar que las medidas que se toman en Estados Unidos, nos alcancen a jalar también a nosotros. Este es el síndrome flor de azalea que padece el gobierno; la economía funciona como espuma que inerte lleva el caudaloso río y la vida en su avalancha la arrastra.

El producto tuvo una tasa de crecimiento de -1.6 por ciento en el tercer trimestre del año y se estima que en el cuarto sea de -1.4 por ciento, con lo que en el año la tasa será de -0.3 por ciento. El entorno del año entrante en Estados Unidos es de muy lenta expansión del orden de apenas 0.3 por ciento, y aun así el presupuesto proyecta aquí una aumento del producto de 1.7 por ciento que resulta difícil de explicar. Pero, en todo caso, la propuesta de presupuesto es de un déficit de 0.65 por ciento del PIB, aunque los requerimientos de financiamiento aceptados por Hacienda son de 3.22 por ciento, y si se sumara todo lo que se necesita sería mayor a 5 por ciento, pero nadie sabe por qué hay tres cuentas distintas. Para ello, desde luego, habrá que bajar en más de 1 por ciento en términos reales el gasto programable, que es el que se ejerce en las acciones propias de gobierno como la atención social y la infraestructura, y eso que ahora tiene el menor nivel de los últimos 20 años. Pero el gasto no programable, que se asocia con el pago de los intereses de las deudas públicas (incluyendo IPAB) aumenta 3 por ciento, con lo que se deja en claro las prioridades de gasto del gobierno.

Nadie sabe si habrá reforma fiscal ni cómo la quiere el gobierno ni cómo sería otra versión que salga del Congreso. Ese no es un punto menor puesto que los ingresos públicos tienen que aumentar de modo decisivo durante varios años para empezar a revertir la fragilidad fiscal. El otro asunto es el precio del petróleo, fijado en 17 dólares en el presupuesto, pero que en el mercado ya está por debajo de 13 dólares. Estas cifras y escenarios son, sin duda, muy relevantes para la gestión de la economía, pero no se dirigen al centro del conflicto que la envuelve de manera crónica y que tiene que ver con el patrón de crecimiento y de desarrollo que se sigue. Al respecto, tal vez se deba empezar por cuestionar todas las premisas que hoy definen esa política y que se expresan en el presupuesto. De manera especial se debe cuestionar la sangría financiera que tienen las finanzas públicas por los compromisos de pago de la deuda externa e interna. De un replanteamiento de la asignación de esos recursos puede abrirse el espacio para aplicar un plan de emergencia que sea el inicio de una verdadera reforma estructural, que cambie la manera en que funciona el sistema económico en su conjunto. Hoy no existen los márgenes para ese cuestionamiento y quienes diseñan y administran la política económica no alcanzan a mover su perspectiva y no aciertan, por ello, más que a reclamar que nada puede hacerse puesto que se atentaría contra la estabilidad.

No es previsible que el escenario de política económica que recién se ha presentado al Congreso sea duradero, y como ocurrió este año habrá que hacerle varias composturas. Estas seguirán acrecentando el costo financiero y social de la mala situación económica mundial y, sobre todo, de la incapacidad interna de sostener aunque sea una pequeña flama de actividad económica. Todo ello parece llevarnos a aceptar lo evidente: que en cuanto a la economía, el cambio político que en su momento significó el 2 de julio ha sido inexistente y que una nueva forma de gestión de la economía está todavía por hacerse.