Ť Los anteproyectos de reformas facilitarán la venta del sector en 2006 o antes

El gobierno de Fox proyecta abrir toda la industria eléctrica a la inversión privada

Ť Se otorgarían concesiones a 50 y 25 años para distribución y comercialización

EMILIO LOMAS M., ISRAEL RODRIGUEZ Y ANTONIO CASTELLANOS

El gobierno federal pretende abrir prácticamente toda la industria eléctrica a la inversión privada, y de acuerdo con los anteproyectos de reformas a la Constitución, a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y a la Ley de Inversión Extranjera, no se privatizan los activos pero sí las funciones de este sector estratégico. En consecuencia, disminuye la intervención del Estado.

El paquete legislativo en cuestión incluye también tres anteproyectos de nuevas leyes: de la industria eléctrica, orgánica de la Comisión Federal de Electricidad y orgánica del Centro de Operación del Sistema y del Mercado Eléctrico (Cosime). La propuesta es similar a la que planteó la administración encabezada por Ernesto Zedillo. Se otorgan concesiones a 50 y 25 años para distribución y comercialización, respectivamente.

El objetivo del Ejecutivo federal es establecer plazos más largos para que se cumpla la promesa de no privatizar los activos este sexenio. Sin embargo, se plantea privatizar funciones, limitar el servicio público a la actividad de distribución, y desmembrar los actuales operadores para facilitar su venta después de 2006 o antes.

De acuerdo con lo expuesto en el anteproyecto, las reformas a los artículos 27 y 28 eliminarían de la Constitución el concepto de servicio público de electricidad. En consecuencia, la actual Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica sería abrogada. Tomaría su lugar la Ley de la Industria Eléctrica.

A las empresas distribuidoras -públicas primero y privadas en una segunda etapa- se les asignaría algunas obligaciones elementales como tratar por igual a los usuarios y dar el servicio a quien lo solicite, siempre y cuando sea rentable desde una óptima de beneficio privado.

Además, se procedería a la separación de las actividades de generación, transmisión y distribución, así como a la creación de organismos descentralizados y empresas paraestatales que, de manera independiente, asumirán las funciones que desempeñan en la actualidad las dos empresas del Estado responsables del servicio público.

La CFE se transformaría en un organismo subsidiario encargado de la generación nuclear; cinco o más paraestatales de generación termoeléctrica; una paraestatal de generación hidroeléctrica; varios organismos subsidiarios de transmisión; 13 subsidiarios de distribución. Luz y Fuerza del Centro se convertiría en tres organismos subsidiarios de generación, transmisión y distribución y con los activos de ambas empresas se crearía el Cosime.

La propuesta en esas circunstancias enfrentará fuerte oposición en el Congreso, según algunos analistas consultados. Desatará, dicen, nuevos enfrentamientos con los legisladores y los sindicatos electricistas, como ocurrió cuando la propuesta la hicieron el presidente Zedillo y su secretario de Energía, Luis Téllez.

Desaparece el servicio público

La diferencia ahora es que no se sugiere la privatización de activos, pero sí de las funciones. Se propone la desaparición del servicio público de electricidad, la desintegración vertical y horizontal del monopolio público, la creación de un mercado mayorista, la liberalización del comercio y la inversión, el colapso de las actividades consideradas estratégicas, la reducción de la intervención del Estado, la liberalización de precios y el ordenamiento de subsidios.

Según el planteamiento gubernamental en estos anteproyectos, con estas medidas se lograría garantizar mayores inversiones para contar con electricidad suficiente, de calidad y a un costo accesible para todos los mexicanos, dejar los recursos públicos en programas sociales, y dar mejores y mayores oportunidades de empleo para los trabajadores electricistas. Además, la restructuración no afectaría los derechos de los trabajadores.

El documento que contiene los ante proyectos destaca que el Estado tiene la exclusividad, pero no los recursos para invertir; se sostiene que si la inversión privada fuese insuficiente cuando la industria esté desregulada, el Estado participará con nuevas centrales garantizando así la prestación del servicio. Esto quiere decir que si se aprueba la reforma, el gobierno sí tendría los recursos para invertir, estaría dispuesto a endeudarse y asumiría los riesgos con tal de garantizar la prestación del servicio.

En el mercado mayorista que se propone participarían generadores, distribuidores, grandes usuarios y comercializadores. Los contratos bilaterales estarían permitidos y además el despacho y la operación del mercado estarían a cargo del Cosime.

El precio se establecería en función de la oferta y la demanda, así como del ejercicio de poder de mercado por parte de los generadores que surgirá inevitablemente debido al reducido margen de reserva del sistema eléctrico.

Concesiones a 50 años

El sector privado, de acuerdo con el anteproyecto, podría participar en generación, transmisión, distribución, venta a los usuarios finales, exportación e importación, mediante concesiones y permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Economía.

Las concesiones de distribución y los permisos de comercialización tendrían un plazo de 50 y 25 años, respectivamente y podrían ser renovados en una o varias ocasiones; el sector privado desarrollaría los nuevos proyectos y, dado que la ley no lo prohibe, podrían construir y operar presas y explorar los recursos geotérmicos.

Las únicas actividades que conservarían su estatus de estratégicas y por lo tanto que se reservan exclusivamente para el Estado son, por un lado, la generación de energía nucleoeléctrica (CFE) y, por el otro, el control, la operación, el mantenimiento y expansión del sistema nacional de transmisión. La primera actividad a través del Cosime y las tres restantes a través de CFE y LFC.

El Estado se reservaría las dos áreas estratégicas mencionadas. También conservaría la capacidad de generación, pero la ley no impide que sea privatizada en algún momento. La operación del mercado mayorista correspondería al Estado, pero como no es definida como una actividad estratégica, podría transferirse al sector privado. Los activos de distribución se mantienen en manos del Estado, pero más adelante serán dados en concesión al sector privado para su operación, mantenimiento y expansión.

Cuando la inversión privada fuese insuficiente, el Estado participaría con nuevas centrales para garantizar la prestación del servicio y sería el responsable de la conducción de la política y regulación.

Por último, se establece que las tarifas de transmisión y distribución serían reguladas por la comisión respectiva, mediante fijación de precios máximos. Sin embargo, el precio de la electricidad adquirida por los distribuidores en el mercado mayorista directamente de un generador o mediante importación, se transmitiría directamente a los usuarios.

Ello significa que los consumidores pagarán los platos rotos de la posible especulación en el mercado mayorista.