Ante el hartazgo, la autonomía

Asolados por la delincuencia, los pueblos indios de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero decidieron resolver el problema con la creación de un cuerpo de policías comunitarios que hoy brinda protección a 53 localidades

ROSA ROJAS ENVIADA

El Rincon, Malinaltepec, Gro. "Aquí no hablamos de autonomía porque es una palabra que levanta mucha urticaria, pero la practicamos", dicen el párroco Mario Campos Hernández y el maestro Apolonio Cruz Rosas.

Lenta, pero inexorablemente, algunos pueblos indios de la Montaña y Costa Chica de Guerrero van transitando por esa vía: primero, allá por 1995, fue la Policía Comunitaria para resguardar la seguridad en 36 comunidades indígenas de dos municipios de Guerrero -ahora son ya 53 comunidades de cinco municipios.

Después, en vista de que los policías comunitarios detenían a los delincuentes y las autoridades municipales, estatales y federales los liberaban, decidieron echar a andar su propio sistema de justicia, la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas de la Montaña y la Costa Chica AC (Cramcchac), cuya sede está en San Luis Acatlán y está integrada por seis comisarios electos en asamblea. Ellos juzgan a los delincuentes y establecen los castigos para los delitos graves. Además de penas carcelarias los reos deben prestar trabajo comunitario y se les somete a "reducación".

Ahora, además, la Organización Comunitaria Regional (OCR) está echando a andar su propuesta de desarrollo en la zona "para garantizar el autoconsumo como parte de una lucha de resistencia" y propiciar que todo mundo entre a la producción, creando al mismo tiempo un mercado regional: "yo siembro chile, tú jitomate, el otro caña y lo circulamos", señala Cirino Plácido, del Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia (CG-500).

Plácido -originario de San Luis Acatlán- subraya que en la OCR participan todas las organizaciones indígenas de la zona. Está el propio CG-500, La Luz de la Montaña (cafetalera), Unión Regional Campesina, Colectivo Nosotras las Mujeres, el Fondo Regional de Santa Cruz del Rincón, La Triple S Café, Maíz, Jamaica, la Coordinadora de Autoridades Indígenas... "lo más importante no es elevar el nombre de las organizaciones, sino que hay un proyecto común por el que hay que luchar", afirma.

Un proyecto interétnico

Todo esto constituye un proyecto interétnico -hay pueblos mixtecos, tlapanecos y dos pueblos mestizos involucrados en él- cuyo accionar aún se tropieza con los aparatos del Estado mexicano que se niega a reconocer los derechos colectivos indígenas, no obstante que, como indican Campos y Cruz, su base legal está en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el artículo cuarto constitucional, en el 115, pero sobre todo en el 39, "que dice que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, que todo poder público dimana del pueblo y que se instituye para beneficio de éste y que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar la forma de gobierno".

No obstante ha habido avances, estima a su vez Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ya que últimamente no es tan frecuente que los policías judiciales estatales y el Ejército desarmen y hostiguen a los policías comunitarios debido a que, a fin de cuentas, el resultado de su presencia ha sido la disminución de la delincuencia en la región.

Sin embargo, el sacerdote Hernández advierte que en los últimos días ha rondado por El Rincón "gente extraña" que se desplaza en una camioneta azul sin placas, por lo que se teme un atentado o que se quieran ejecutar las órdenes de aprehensión que hay en su contra y de varios líderes comunitarios como resultado de la toma del Congreso local en meses pasados, cuando se dio toda una movilización en la que tuvo una importante presencia la Organización Comunitaria, para rechazar la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas.

Barrera, quien tuvo que salir de La Montaña a causa de las amenazas de muerte que recibió últimamente -lo que por lo pronto ha llevado a que integrantes de las Brigadas de Paz le estén dando acompañamiento, lo mismo que a integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, así como a la directora del comité de derechos humanos la Voz de los Sin Voz, de Coyuca de Benítez, Hilda Navarrete-, menciona que las autoridades "han tolerado a la Organización Comunitaria porque ha tenido mayor visibilidad en cuanto a su trabajo, porque antes estaban muy aislados y veían (las autoridades estatales y federales) la posibilidad de contenerlos, disuadirlos y controlarlos; los amenazaban con quitarles las armas que el gobernador anterior (Angel Aguirre) les dio; les decían que esas armas las tenían que regresar porque no estaban registradas, pero ellos contestaron que eso no era posible".

"El Ejército quiso intervenir para quitarles las armas, vieron que la gente se empezó a movilizar y a no permitir que la Judicial entrara a la región sin antes avisarle a las autoridades de las comunidades, a advertirles que si llegaban los policías sin avisar los iban a detener. El Ejército permanece ahí pero ya no los hostiga tanto; este año se ha mantenido cierta calma entre las autoridades, como que han estado administrando el conflicto, como que saben que si les quitan las armas o los siguen hostigando con las órdenes de aprehensión que hay y llegan a detenerlos (a los policías comunitarios) el conflicto va a ser mayor."

Barrera recuerda que hace seis meses se logró tener una entrevista entre el procurador de Justicia del estado, Rigoberto Pano Arciniega, e integrantes de la Coordinadora Regional del Tlachinollan y el delegado del Instituto Nacional Indigenista en Guerrero, Pedro de Jesús, para plantearle el trabajo que está haciendo la Policía Comunitaria, amparada por el Convenio 169 de la OIT, "y que en ningún momento está atentando contra las leyes de Guerrero y del país y que ellos asumían como pueblos el compromiso de mantener la estabilidad en la región y abatir la delincuencia".

Le dijeron también al procurador "que saben que hay órdenes de aprehensión contra algunos de ellos y que entendieron que esas órdenes estaban motivadas por ciudadanos que se quejaron de privación ilegal de la libertad, como un ganadero acusado de abigeato y ciudadanos de Malinaltepec; que entendiera (el procurador) que eso no era de la Policía Comunitaria sino parte del sistema de procuración de justicia indígena, que se habían cometido delitos, se hizo una investigación y por eso los habían detenido, que ese es un caso que tiene que ver con los derechos colectivos de los pueblos indígenas y acudieron a él para que entendiera eso y se desistiera de esas órdenes de aprehensión".

"El procurador dijo que iba a analizar los casos y con base en eso iba a tomar la decisión, que por el momento no se les iba a molestar ni agredir, que él no podía prometer el desistimiento y la consecuente anulación de las órdenes de aprehensión hasta que se revisara el asunto. Eso fue un 'acuerdo de caballeros' en abril, pero a pesar de eso ellos temen que quieran detenerlos", apunta Barrera.

El sexto aniversario

La visita de los enviados de La Jornada a El Rincón coincide con la celebración de una asamblea de la Cramcchac en la que, entre otros temas, se evalúan los alcances de la organización y se determinó que el sexto aniversario de la Policía Comunitaria sería el 15 de noviembre. Posteriormente se decidió que la fiesta se hará en este pueblo, donde nació la organización el 15 de octubre de 1995.

Partiendo de Acapulco se lleva cuatro horas y media llegar a El Rincón, pasando primero por Marquelia y luego por San Luis Acatlán. En ese poblado, donde está la oficina de la Cramcchac, dejamos el automóvil y seguimos hora y media en una camioneta de doble tracción porque la brecha, que es parte de la "carretera" a Tlapa, está en infames condiciones.

En la asamblea participaban unas 180 personas de 42 comunidades, de las cuales unas 50 estaban armadas, algunas con rifles 22, escopetas, uno con un M1. Los policías comunitarios lucen gorra y playera verde con un sello que dice: "Policía Comunitaria-Guerrero. Una nueva forma de protección ciudadana".

La discusión se llevaba en español, aunque a ratos algún participante hablaba en su lengua -mixteco o tlapaneco- con traducción al español.

Allí se discutió que el sexto aniversario de la Policía Comunitaria será muy importante celebrarlo "no con sentido triunfalista, sino evaluativo. Cómo va este caminar de la organización comunitaria en 27 comunidades, dónde están las demás. Se señaló por parte de los participantes la necesidad de "hacer trabajo reflexivo de cómo reorientar el proceso, se ha caído en un letargo; la sociedad está disfrutando la seguridad, pero se hace ajena y los que llevan la carga, que son los comisarios, como que se quedan solos. ƑDónde están los maestros?, Ƒdónde se ven los ganaderos de San Luis o de la región, sus animales ya no se pierden, los transportistas ya no los asaltan, pero dónde está su participación?", se cuestionó.

En entrevista posterior, el párroco Campos Hernández y el maestro Cruz Rosas explican la historia del surgimiento de la Policía Comunitaria y la OCR. Desde 1992 y 1993 hubo diferentes procesos. Por una parte la existencia de organizaciones productivas como la Luz de la Montaña, la Unión Regional Campesina, la Triple S y otras políticas y culturales, como el Consejo Guerrerense, cuya característica es que funcionan con base en asambleas comunitarias, que tienen las marchas y movilizaciones como forma de lucha social para obtener algunos recursos

A veces las organizaciones productivas iban a pagarle a los productores y eran asaltados, vivían ese problema de la inseguridad, se quedaban en la impotencia o sencillamente molestos.

Campos Hernández, cuya parroquia depende de la diócesis de Tlapa, añade: "En otro canal están las parroquias: aquí la parroquia comenzó con la elaboracion de un plan para trabajar en la región, analizando cuáles eran los problemas más acuciantes en los distintos aspectos: social, económico, cultural, religioso, educativo. Lo característico de esto fueron las asambleas, la participación de los comisarios, de los ancianos, de los cantores, catequistas, maestros, hermandades, mayordomías, eran grandes asambleas... Algo prioritario que se vio es que estábamos incomunicados, se requería comunicación de Tlapa a Marquelia, esta montaña la teníamos que caminar, horas y horas.

"Las autoridades comunitarias dijeron: 'vamos a trabajar por la apertura de ese camino'. Estaba en proyecto desde hace más de 20 años, 30 años... Hubo un momento en que decían en las dependencias: 'es culpa de los zapatistas que no podamos dar dinamita para volar las rocas', y decían los pueblos: 'este atraso y marginación no es de parte de los zapatistas, esto ya tiene años, así es que no es pretexto'".

Campos y Cruz continúan: "se mencionó el problema de la inseguridad, asaltos, violaciones, enfermedades y falta de clínicas, los precios de los productos, una educación acrítica, el bajo nivel académico, la desnutrición, entonces se sacó un diagnóstico. Ahí veíamos que si no se buscaban alternativas de solución la inseguridad se iba a incrementar más. A partir de 1992 y 1993 había asaltos cada dos meses pero a partir de ese último año se fue incrementando. En 1994 eran cada 15 días, y a mediados de año ya eran casi todos los días. Y los asaltantes no eran dos ni tres, eran gavillas de 15 a 30 gentes, detenían a varios carros y los asaltaban. Hubo violación de maestras, de muchachas, lo que más irritó a la gente es que se violó a una niña de siete años.

Entonces empezaron a platicar las organizaciones entre ellas de que había necesidad de irse integrando. Esta integración ha venido trabajando desde 1994. A partir de 1995 se inician las reuniones de manera más organizada y por último el 15 de octubre nace la Policía Comunitaria, y más que nada nace la Organización Comunitaria y ahí están la Policía Comunitaria y la Coordinadora de Autoridades Indígenas. El papel de la primera es dar seguridad, el de la segunda es impartir justicia.

Se empezó con unos 300 policías de 36 comunidades de Malinaltepec y San Luis Acatlán. Después se integró Azoyú y por último se integran Metlatónoc y Atlamajalcingo del Monte. También el municipio de Tlacoapa quiere integrarse. Son 42 comunidades las que tienen todo en regla y otras 11 están ya integradas, en proceso de terminar sus trámites, o sea que son 53 comunidades con 420 policías.

Se informó de esta organización a la Procuraduría, el Ejército, al gobierno estatal "y decían allá: "es que eso no es legal, no hay permiso, no se puede', y dijeron los comisarios: 'es que no venimos a pedir permiso, venimos a comunicarles nada más que esa es decisión de la asamblea, esa es la decisión de los comisarios, de la gente y nosotros venimos nada más a comunicarles eso'.

"Se dijo en la asamblea: 'ya se luchó mucho por la seguridad', no nació nada más en un acto de asamblea, antes hubo muchas asambleas. Nada más en 1994, cuando se fue a la Procuraduría, se platicó con el Ejército, 'por favor ayúdennos, vigilen, hay impunidad', y lo único que lograron fueron operativos; los militares mandaron decir: 'más bien hay que encontrar quiénes son y exterminarlos'.

"Con la decisión de las comunidades se formaron rutas de vigilancia y empezaron ya a escoltar carros, a caminar veredas y carreteras y se avisó a la sociedad, a los pueblos, de que los delincuentes ya se retiraran, se advirtió: 'quien ha estado delinquiendo, párele ya, dedíquese a trabajar porque en adelante habrá justicia, habrá ley".

"ƑQuiénes la formaron? Hombres maduros que ya habían sido comisarios municipales una vez, dos veces, pero Ƒqué les impulso a ser policías? El coraje de que les robaron su yunta, sus burros, sus chivos, les violaron a sus mujeres, a sus hijas y querían desquitarse pero no había la manera de cómo hacer justicia... Fue así como nació la Policía Comunitaria, con esta sed de justicia..."

"Los criterios para ser policía: uno de ellos es que se tienen que nombrar en asamblea, con estudios, mínimamente que sepa leer y escribir, que no sea adicto a las drogas o al alcohol y que goce de un buen prestigio, que no tenga antecedentes penales, que viva honestamente y que sean centrados, una persona que esté desequilibrada no puede ser policía. Y que tengan un poco de conocimiento de derechos humanos."

Al principio los policías comunitarios entregaban a los delincuentes a las autoridades municipales o estatales, quienes los liberaban casi siempre argumentando falta de pruebas; "los delincuentes eran fuente de ingresos por la corrupción". Así, se determinó crear la Coordinadora Regional, cuyos integrantes trabajan de tiempo completo y son los encargados de juzgar a los delincuentes que aprehenden los policías comunitarios. Ni unos ni otros reciben salario, son puestos honorarios, de servicio a sus comunidades.

Explican que los delitos que juzga y castiga la coordinadora son los "considerados graves, que afectan a la comunidad o a la región. Por ejemplo, que alguien le pegó a su esposa, eso se arregla en la comunidad, pero cuando el delito es grave (sic), por ejemplo, que alguien se robó un ganado, cuando es un asesinato, eso no lo arregla la comunidad. Los comisarios de cada comunidad analizan los problemas, incluso consultan a la asamblea. Si el caso amerita pasar a la coordinadora, entonces se junta la investigación, se hace el expediente y remiten el caso a la coordinadora, que analiza el expediente y determina el castigo para el preso y el trabajo comunitario, como en la construcción de una escuela, de un camino...

"Por las tardes se reúnen un grupo de principales, los ancianos, los que ya fueron comisariados, que tienen experiencia, esos son los que invita el comisario para que platiquen con los reos a preguntarles por qué cayeron en el delito, muchas veces el detenido ya está investigado, ya hay pruebas contundentes de sus delitos y todavía no los acepta, que es una calumnia, que es una mala fe; sin embargo, cuando ya platican con los ancianos, los ancianos tienen una terapia tan efectiva que empiezan a hablarles suavecito, suavecito, los hacen llorar y terminan confesándose solitos, empiezan a llorar, a decir 'efectivamente, yo hice este delito, pensé que no me iban a descubrir, me equivoqué,' y ya dice el otro 'yo también hice lo mismo'.

"Entonces ya cuando salen varios de ellos no tan sólo han demostrado trabajo con su familia, sino que también se han integrado en este proceso de la asamblea que llevamos y han expresado sus experiencias, entonces ese es el proceso de reducación, de rehabilitación", concluyen Campos Hernández y Cruz Rosas.