Ť GAM espera notificación para proceder al desalojo
Niega juez amparo a ambulantes para vender en andenes de Indios Verdes
LAURA GOMEZ FLORES
El
juzgado octavo de distrito en materia administrativa negó la suspensión
definitiva a la Asociación de Comerciantes de Indios Verdes AC para
vender en los andenes A y B de ese paradero, por lo que la delegación
Gustavo A. Madero está a la espera de la notificación, a
fin de proceder a su desalojo, como sucedió el pasado día
15 en el resto de los andenes.
Andrés Lozano Lozano, director general jurídico y de Gobierno de la delegación, exhortó a los comerciantes a "no dejarse intimidar" por líderes que les exigen de 2 mil a 5 mil pesos por un amparo que les permita seguir vendiendo en la zona, y los exhortó a denunciar esos casos y analizar las diversas alternativas de reubicación ofrecidas, como es su incorporación a algún mercado público o tianguis.
Al término de un recorrido por el lugar, donde estuvo acompañado por vecinos y diputados locales, el funcionario confió en que los integrantes de dicha asociación serán respetuosos de la resolución emitida por el juez, luego del proceso de desahogo de pruebas documentales respecto del juicio de amparo 946/2001, para evitar que ocurran nuevos enfrentamientos.
Lo anterior, sin embargo, no impedirá que siga el curso de la denuncia presentada por la delegación en contra de la dirigencia de la organización, integrada por Bernabé Zárate, Roberto Dávila y Juan Sánchez Cruz, a la cual se suman las presentadas por el Sistema de Transporte Colectivo por la invasión de sus instalaciones, y la Compañía de Luz y Fuerza, por el robo de energía eléctrica, precisó.
La jefatura delegacional, al conocer el resultado del juicio determinó que se mantuvieran en el lugar cien elementos de Seguridad Pública, pero sin proceder a la recuperación de los andenes A y B del paradero, hasta tener la notificación oficial del juzgado, indicó el funcionario.
Casi tres meses después de desalojar el paradero, el titular de la demarcación, Joel Ortega Cuevas, informó que la organización interpuso un amparo que le permitía seguir vendiendo en el lugar, con lo cual "se alteraba la gobernabilidad y se corría el riesgo de que el ambulantaje se expandiera a otros sitios".
El pasado 10 de noviembre, un grupo de 80 comerciantes, acompañados de un grupo de choque, ocuparon nuevamente el lugar, a los cuales se sumaron un día después otros 120, previo pago de 2 mil pesos por el amparo que los protegía, mientras a los ambulantes de la Alianza Metropolitana de Organizaciones Productivas y Sociales se les exigía mediante amenazas un pago para poder vender su mercancía.
Dicha situación fue denunciada en días pasados por el presidente de la agrupación, Jorge García, quien solicitó el apoyo del delegado Joel Ortega.
El director jurídico y de Gobierno reiteró que "las puertas están abiertas para ver las diversas alternativas de acomodamiento de esta gente, pues no se trata de impedirles ganarse el sustento, sino de hacer respetar la ley y el derecho que tienen los usuarios y vecinos del lugar".