DOMINGO Ť 25 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Negocia indemnización a familiares de un hombre asesinado hace 15 años
Busca GDF cumplir recomendación de la CIDH
Ť Se reparará una injusticia, aunque el caso no corresponde a la actual administración: Sales
ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ
A 15 años del homicidio de Pedro Peredo Valdelamar, ante las irregularidades en el proceso penal por las que se encuentran prófugos dos de los homicidas y un juez, el Gobierno del DF inició negociaciones con los familiares a efecto de llegar a un acuerdo sobre el monto de una indemnización, conforme con una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Se trata de uno de los dos casos por los que el Gobierno del Distrito Federal tuvo que comparecer en audiencia pública ante la CIDH; el otro fue el del homicidio de la abogada Digna Ochoa y Plácido.
Renato Sales Heredia, subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos de la PGJDF, informó que una vez que se realice dicha indemnización quedará resuelta la queja que presentaron familiares de la víctima ante el organismo internacional por retardo y falta de equidad en la administración de justicia, aun cuando se trata de hechos que no ocurrieron en la actual administración.
Para la búsqueda de los tres prófugos, la PGJDF informó al organismo de la OEA que fue conformado un grupo especial de la Policía Judicial.
Peredo Valdelamar fue asesinado por los hermanos Israel, Pedro y Horacio Aguilar Díaz después de una discusión callejera. De los homicidas, Israel fue detenido tras de ser extraditado de Suiza, adonde había huido, y luego fue procesado a 15 años de prisión, mientras sus dos hermanos fueron detenidos en 1996, pero el juez Sebastián Moreno Ollin los absolvió, a pesar de los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público.
La PGJDF apeló la sentencia del juez y la sala penal la revocó. Se integró una averiguación previa en contra del juzgador, que al parecer había actuado de manera indebida, y apenas el año pasado se obtuvo la orden de aprehensión correspondiente; sin embargo, tanto los hermanos Pedro y Horacio Aguilar como el juez Moreno Ollin evadieron la acción de la justicia.
Por ambos casos, el de la activista de derechos humanos asesinada el pasado 19 de octubre, Digna Ochoa, y el del homicidio de Peredo Valdelamar, las autoridades capitalinas tienen que rendir informes periódicos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, explicó Sales Heredia.
"Si bien el último no corresponde a esta administración, al considerar que se cometió una injusticia el gobierno de la ciudad inició pláticas con los familiares para la reparación del daño, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con la CIDH", explicó el funcionario.