Al informar ayer sobre los avances en la investigación en torno del reciente homicidio de la abogada Digna Ochoa y Plácido, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz Vázquez, informó que dos o más militares adscritos al 40 Batallón -el cual participó en la captura y posibles atropellos contra los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, injustamente acusados de tráfico de drogas y recientemente liberados mediante un indulto presidencial- rendirán declaración ante el Ministerio Público dentro de la investigación que se sigue sobre el caso de la defensora de derechos humanos.

Cabe recordar que Digna Ochoa participó en la defensa legal de Cabrera y Montiel y que, como informó ayer el procurador Bernardo Bátiz, en una de las audiencias de ese caso la litigante "tuvo una participación relevante, haciéndoles (a los militares) un interrogatorio muy largo en donde se logró dejar asentadas las principales causas del juicio de los campesinos". 

Lo dicho por el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal es relevante por dos razones. 

La primera es que el citatorio a efectivos castrenses -que será turnado a la Secretaría de la Defensa Nacional y que, de no ser acatado, dará lugar a órdenes de presentación que habrán de ser cumplidas por la Policía Judicial capitalina- constituye un hecho casi sin precedentes que abre caminos en el combate a la impunidad de militares involucrados en violaciones a los derechos humanos; ello puede, en consecuencia, ser un antecedente importante para la tarea de la fiscalía especial que habrá de investigar, por recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por órdenes presidenciales, las desapariciones forzadas de opositores en los años setenta y ochenta.

El otro aspecto destacable de lo declarado ayer por Bátiz Vázquez, es la posibilidad implícita de que el homicidio de Digna Ochoa haya estado vinculado a la persecución y el acoso legal contra Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, y se haya originado en el afán de algunos de sus acusadores de preservar su impunidad por lo que constituyó, a todas luces, una grave serie de violaciones a los derechos humanos de ambos acusados. 

Si ello fuera así, el esclarecimiento del asesinato de la litigante veracruzana permitiría hacer justicia real y plena en el caso de Cabrera y Montiel, los cuales fueron liberados pero no exonerados, y cuyos torturadores aún gozan de completa impunidad.