sabado Ť 1Ɔ Ť diciembre Ť 2001
Francisco López Bárcenas
Derechos indígenas: un año después
Pronto vino el desencanto. Comenzó con el fracaso de la reforma sobre derechos indígenas, que no refleja lo sustancial de la iniciativa presentada
Este 1o. de diciembre se cumple un año de que el Presidente de la República tomara posesión del cargo y prometiera realizar diversas acciones concernientes a los derechos de los pueblos indígenas. En su discurso de toma de posesión anunciaba: "Asumo responsablemente el compromiso de crear condiciones que hagan posible la participación permanente de todos y cada uno de ustedes, de sus comunidades y sus pueblos, en la construcción de los marcos legales que garanticen, dentro del Estado nacional, el ejercicio pleno de su autonomía y su libre determinación, en la unidad nacional, para que sea el mañana que florezca".
A sus palabras siguieron hechos de diversos signos que entonces no era tan claro como ahora hacia dónde se encaminaban. El 3 de diciembre creó la Representación Presidencial para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el 5 de diciembre envió al Senado de la República la iniciativa de reforma constitucional en materia indígena elaborada por la Cocopa para que iniciara el análisis, el 11 de diciembre nombró al primer director indígena del Instituto Nacional Indigenista, y después en otras áreas administrativas. El 22 de enero del siguiente año creó la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe y el 28 de marzo creó el Consejo Asesor para del Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Fueron tres meses de intensa actividad, que auguraban que el primer mandatario cumpliría su palabras.
Pronto vino el desencanto. Comenzó también con el fracaso de la reforma constitucional sobre derechos indígenas, que no refleja nada de lo sustancial de la iniciativa presentada, con lo cual se cerraron también las posibilidades de diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para arribar a un acuerdo de paz justa y digna en Chiapas. Pero no sólo eso, el paso del tiempo ha demostrado que ni la Representación Presidencial para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ni la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe pueden cumplir sus funciones porque carecen de recursos humanos y materiales para hacerlo, aunque también porque al haber sido creadas por decreto presidencial, y no del Poder Legislativo, reformando las instituciones, parecen chipotes sin facultades expresas para influir en las instituciones encargadas de esas tareas. El Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas devino sólo en consejo asesor y pocos saben cuáles son sus funciones.
El caso más visible de que la política indigenista cambió de rumbo, si alguna vez lo tuvo, es el Instituto Nacional Indigenista. Las líneas que su director general marcó en su toma de posesión no se han cumplido. En aquella ocasión, entre otras cosas, prometía que nunca más nadie hablaría por los indígenas, resaltaba la importancia de trabajar en la reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas y promover un programa de restructuración institucional para reformar el INI "desde abajo y hacia arriba, desde adentro y hacia fuera", y de elaborar un programa nacional de desarrollo de los pueblos indígenas. Todo con la participación de los pueblos indígenas. Cierto que la reforma constitucional se trabajó y no prosperó por otras razones de más peso, pero ni el programa de restructuración institucional ni el desarrollo indígena se conocen. No es culpa sólo de sus directivos que las cosas sean así, pero ellos se comprometieron y no han cumplido, sin explicar a los pueblos indígenas por qué las cosas son así y no como se prometió.
Estos son hechos reales aunque el Presidente siga afirmando que ni una de sus promesas de campaña ha dejado de cumplir. Pero lo peor es que al parecer los pueblos indígenas tendrán que esperar no sólo el reconocimiento de sus derechos sino también la ejecución de los programas asistencialistas. Eso se desprende de los montos del presupuesto que se manejan para el próximo año, que es menor incluso que el ejercido en el presente ejercicio, sin que los diputados que durante el proceso de reforma dijeron que a cambio de no reconocer derechos aprobarían un buen presupuesto digan esta boca es mía.
Un año ha sido suficiente para ver claramente por dónde camina la actual administración, aunque también por dónde van las demandas indígenas, que éstas sí no pierden el rumbo y se mantienen tercas en exigir se reconozcan sus derechos en la Constitución federal conforme a la propuesta de la Cocopa y los acuerdos de San Andrés. Ť