DOMINGO Ť 2 Ť DICIEMBRE Ť 2001
Ť Pide al Estado adoptar medidas de seguridad
Corren "grave peligro" familiares de Digna Ochoa, afirma la CIDH
Ť En riesgo, integrantes del Centro Pro y socios de la abogada
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió ayer que subsiste "una situación de extrema gravedad y urgencia" en los hechos y circunstancias que rodean el asesinato de Digna Ochoa y Plácido; detectó una situación de "grave peligro" para la vida e integridad física de los familiares más cercanos de la abogada, los integrantes del Centro Pro Juárez y los litigantes Pilar Noriega, Bárbara Zamora y Leonel Rivero, y por tanto solicitó al gobierno de Vicente Fox ampliar las medidas de seguridad para todos ellos y así "evitarles daños irreparables".
Juzgó que la obligación del Estado mexicano de investigar "debe cumplirse con rigor y no como una formalidad destinada a priori a ser infructuosa", por lo que la indagatoria y sanción de los responsables "es la mejor manera de combatir la impunidad y garantizar la seguridad, integridad y vida de los beneficiarios de estas medidas".
En un resolutivo emitido este sábado, el organismo ratificó también su dictamen del pasado 25 de octubre en todos sus términos, en el que requiere a las autoridades mexicanas para que investiguen el homicidio de Ochoa y Plácido, adopten medidas de protección para los padres y 12 hermanos de la abogada; sus socios litigantes, y para los miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; que los incorpore como coadyuvantes de la investigación y les mantenga informados.
Aclara que el otorgamiento de estas medidas provisionales, por su propio objeto y naturaleza jurídica, no prejuzga sobre el fondo del caso.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó, en consecuencia, requerir al Estado mexicano para que mantenga cuantas medidas sean necesarias para proteger a los afectados por las amenazas de muerte recibidas antes y después del asesinato de la abogada Ochoa y Plácido, y que investigue los hechos que motivan la adopción de estas acciones.
Al ratificar la Convención Americana del 3 de abril de 1982, conforme a su artículo 62, el gobierno de México tiene que mantener informada a la CIDH cada dos meses sobre las medidas provisionales adoptadas a partir de la notificación de esta resolución.
A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendrá que presentar sus observaciones a esos informes dentro de un plazo de seis semanas a partir de la recepción del reporte.
La Corte examinó los hechos y circunstancias que fundamentaron la resolución de su presidencia emitida el pasado 25 de octubre, y consideró que "subsiste una situación de extrema gravedad y urgencia" en el caso, lo que justifica mantener las medidas de seguridad adoptadas a favor de integrantes del Centro Agustín Pro, los abogados Pilar Noriega, Bárbara Zamora y Leonel Rivero, y ampliarlas a los padres y 12 hermanos de Digna Ochoa.