DOMINGO Ť 2 Ť DICIEMBRE Ť 2001
PAGINA 9
Ť Lourdes Galaz
Creel cumple su agenda
Abren debate por el derecho a la información Empresarios y abogados, los más interesados Top secret, informes de Cisen, PFP y PGR
La iniciativa de ley que por varios meses fue causa de conflicto en el equipo foxista, para no ir más lejos entre la Coordinación de Comunicación Social de Los Pinos (cuando estuvo a cargo de Marta Sahagún) y la Secretaría de la Contraloría con Francisco Barrio a la cabeza, por fin llegó al Congreso. Cuando ya se había "legislado en los medios" lo suficiente a juicio de los políticos del gabinete, Santiago Creel tomó cartas en el asunto, hizo a un lado a Barrio, platicó con la ex vocera y logró integrar un proyecto de legislación que, en opinión del propio secretario Creel, "representa un avance en la agenda democrática nacional, y puede ser un poderoso mecanismo de combate a la corrupción".
Por supuesto que esta iniciativa del Ejecutivo -como todas las que firmó Fox en su primer año en la administración del país- será tema de largos debates y comentarios no sólo en comisiones legislativas, también en los medios, con todo y que meses atrás varios anteproyectos habían sido distribuidos entre distintos sectores de profesionistas, funcionarios, empresarios y académicos para consensar opiniones. Incluso grupos de interesados presentaron alguna iniciativa al Congreso y hasta se convocó a un foro nacional para conocer propuestas de los alcances del acceso a la información. Por lo pronto se advierte la buena voluntad y mejor propósito de los autores de Bucareli y Los Pinos para hacer una ley que obligue a los funcionarios y toda autoridad del Estado a proporcionar información que obre en su poder. También que sancione a los servidores públicos que nieguen, oculten, destruyan o alteren información del Estado. Obviamente, no será cualquiera el interesado en tener información oficial, ni se le entregarán todos los informes y copias de los documentos que solicite. Para eso es la norma, para establecer un límite (equilibrio, le llaman en Bucareli) entre el derecho a la información y la protección del interés público.
Y le preciso que no cualquiera intenta tener acceso a información del gobierno y sus administradores pues de acuerdo con resultados de investigaciones realizadas en la mayoría de los 50 países que ya tienen una ley de acceso a la información serían las empresas y sus ejecutivos quienes más acuden a las oficinas de gobierno a solicitar informes. Luego los científicos, les siguen los abogados, y en cuarto lugar los periodistas. Y es que por lo general quien busca información en los archivos públicos tiene interés económico, político o profesional. De ahí que la ley que propone el Ejecutivo obligaría a poner a disposición de los ciudadanos informes sobre la remuneración de los funcionarios con todo y las compensaciones, las auditorías de las contralorías internas y de la general de la República, los sueldos y prestaciones de los funcionarios, a quién o quiénes se otorgaron tales o cuales concesiones o permisos, las contrataciones, montos y proveedores de bienes y servicios a las entidades públicas.
En fin, se trata de dar acceso a información relacionada con el ejercicio de la función pública en el gobierno central, la Suprema Corte de Justicia y los tribunales del DF y de todo el país, de universidades o cualquier institución a la que se le otorgue autonomía, como el Instituto Federal Electoral. Por cierto, ahora sí usted y yo podríamos saber, si es que existe la información en
el IFE, a cuánto ascendieron los gastos de la campaña del presidente Fox o la suma del dinero malgastado por Francisco Labastida y el PRI en el 2000. Establece la norma a discusión que cualquier oficina o persona que reciba dinero público tiene la obligación de mostrar las cuentas al ciudadano fisgón al que le interese. Pero por supuesto que se establecen límites para el acceso a la información y los señala el proyecto de ley o, en su caso, los pondrá la autoridad. Es de esperarse que este punto llegue a ser uno de los más debatidos del proyecto, pues habrá información reservada o clasificada (hasta por 20 años) que se considera confidencial y secreta. Se trata de informes que "comprometan" la seguridad nacional, que menoscaben la conducción de negociaciones internacionales, que dañen la estabilidad financiera, económica o monetaria del país y asuntos por el estilo, que serían top secret del gobierno.
La propia iniciativa describe a la seguridad nacional como aquello que es "el medio para alcanzar los fines últimos del Estado que buscan el bienestar general de la sociedad y en ella concurren la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación". Tan clara como esta definición será la negativa al ciudadano que intente tener acceso a lo que la gente del poder considere top secret... También será buen tema para la discusión el capítulo cuarto del proyecto, donde se incluye la protección de datos personales, a los que tampoco se podrá tener acceso así como así, si la autoridad estima que se pone en riesgo la vida de cualquier persona, se pretende incidir en averiguaciones previas y expedientes judiciales o en procedimientos no concluidos de responsabilidad de servidores públicos.
Otro de los contenidos del proyecto que distraerá la atención de los lectores de diarios y los escuchas de radio y televisión, pero causará polémica en los sectores de la academia y los medios, es la creación de una Comisión de Garantías de Información como un órgano con autonomía de operación, presupuestal y de decisión. Esa comisión, que no estaría subordinada a autoridad alguna (sic), se integraría con tres comisionados designados por el presidente de la República, previa consulta de la Secretaría de Gobernación con organizaciones sociales (sic). Su función sería promover el ejercicio del derecho a la información, proteger datos personales en poder de las dependencias y resolver sobre la negativa a solicitudes de información...
Y será este un tema de controversia porque ya un grupo de comunicadores, políticos y juristas, más representantes de empresas mediáticas (diarios, televisión y radio), presentaron al Congreso un proyecto de ley que plantea la creación de un "instituto nacional de acceso a la información" como "órgano de autoridad, promoción, difusión e investigación del derecho a la información". A diferencia del órgano propuesto por el Ejecutivo, este instituto sería todo un aparato administrativo (como el IFE) con un consejo general de cinco integrantes designados por el Congreso. Igual aplicaría las sanciones que correspondan, organizaría seminarios, cursos y talleres, y hasta conocería y resolvería las quejas (como la CNDH) que se interpongan contra la negativa de entregar la información solicitada.
Porque son vacaciones y nos veremos en este espacio hasta el 9 de enero de 2002, le adelanto que, en aras de cumplir a pie juntillas con la "agenda democrática", ganarán el debate los políticos, académicos y representantes de las empresas mediáticas: habrá todo un costoso aparato para el acceso a la información, salvo aquella que nieguen el Cisen, el Centro de Planeación para el Control de Drogas (de la PGR), la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva (PFP), la Unidad contra la Delincuencia Organizada (UEDO-PGR) y, por supuesto, el Estado Mayor Presidencial y el Estado Mayor General del Ejército.
EN 3 TIEMPOS
de moda, las boquitas pintadas
un año no es nada, y seran cinco mas
cidh: protejan a abogados del centro de derechos humanos miguel agustin pro
EN ESTOS TIEMPOS de depresión recuerdo una frase de mi madre: píntate la boca y recoge tu pelo con un lazo, te vas a sentir bien y te verás mucho mejor. Y qué razón tenía la doña... y se lo cuento porque hoy en día el lápiz labial no sólo hace que una se mire de mejor ánimo, también es un termómetro de la economía. Este año las ventas de pinturas y brillos de labios crecieron 18 por ciento en relación con el año 2000. Y es que según expertos psicólogos y analistas del mercado, las mujeres ven el lápiz labial como elemento de complacencia y estímulo y lo compran gustosas cuando el dinero no les alcanza para gastar en otras cosas. Así, la recesión de la economía ha puesto al rojo vivo la venta de lápices de labios en el mundo entero. O sea que las boquitas pintadas son una evidencia más de la crisis.
EL DIARIO ESPAÑOL El País, que el 3 de julio dio la foto de portada a la boda de los Fox, al primer año del gobierno foxista publicó ayer un editorial con críticas al Presidente mexicano cuya "popularidad está a ras del suelo". Otros medios internacionales también refieren el desencanto del proyecto foxista y en la prensa nacional el tema es el mismo. Pero Fox, ni tardo ni perezoso, respondió que su popularidad se mantiene en niveles de 70 por ciento, "muy alta" si se compara con la de algunos mandatarios de otros países iberoamericanos y con la de Ernesto Zedillo en 1995. Y como todos los sábados, pidió a quienes lo escuchan en Fox en vivo, Fox contigo que mantengan la confianza y redoblen el paso y el compromiso para hacer de México una gran nación... el Fox de diario, el de un largo año y, ni modo, cinco años más.
NUEVAMENTE LA CORTE Inter-americana de Derechos Humanos falló sobre un caso de México. Anteayer la CIDH ordenó al gobierno de Fox mantener medidas de protección a los miembros del Centro Miguel Agustín Pro y a los abogados Pilar Noriega García, Bárbara Zamora López y Leonel Rivero Rodríguez. El fallo también ordena ampliar "sin dilación" las mismas medidas de protección para los padres y hermanos de Digna Ochoa y, claro, que se informe cada dos meses sobre el avance de la averiguación por el asesinato de la defensora el pasado 19 de octubre. En la sesión de la CIDH estuvieron presentes funcionarios mexicanos en espera de la revisión del caso del general José Francisco Gallardo, juzgado por una corte militar.
Ilustración: Mauricio Gómez Morín /Serie: Globalifóbicos
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