EL ATAQUE

Ť La Universidad de Michigan no participará en el programa que impulsa la Casa Blanca

Reiteran abogados de EU su rechazo al plan de delaciones antiterroristas

Ť El gobierno desea interrogar a todos los estudiantes de origen árabe, aunque no sean sospechosos

Ť La asociación nacional que agrupa a los defensores penales impugnará decisiones de Washington

AFP Y DPA

Ann Arbor, 1o. de diciembre. Los empleados de la Universidad de Michigan anunciaron que se abstendrán de participar en el programa del fiscal federal de interrogatorios a estudiantes de origen árabe, al tiempo que grupos de abogados reafirmaron que se preparan para impugnar ante los tribunales las nuevas me-didas antiterroristas porque limitan las libertades individuales.

La Universidad de Michigan in-dicó que sólo participaría en interrogatorios en casos en que hubiera sospecha de vinculaciones con actividades terroristas, pero que en el actual programa en que se le pidió intervenir "ninguna de las personas seleccionadas -para ser interrogadas- es sospechosa, por lo que nuestro personal encargado de seguridad no participará".

La institución confirmó haber recibido una petición de la oficina del fiscal federal para mantener reuniones con estudiantes y otros miembros de la administración universitaria originarios de países árabes, acorde con sus planes de interrogar a personas que entraron a Estados Unidos después del primero de enero del 2000 con visas de no inmigrantes otorgadas en países "asociados al terrorismo".

Aunque la carta de la fiscalía di-ce que ninguna de las personas señaladas es sospechosa de estar asociada a actividades terroristas, al parecer su interés se deriva de que Ann Arbor ?donde está la Universidad de Michigan? se halla a unos 60 kilómetros de Dearborn, ciudad con unos 60 mil habitantes y cuya comunidad de origen árabe es la más importante del país.

Tales interrogatorios, que incluyen a unas 5 mil personas de origen árabe recientemente llegadas a Estados Unidos, son organizados por el Departamento de Justicia con el carácter de "voluntarios" y apuntan a recabar información relacionada con los atentados del 11 de septiembre pasado.

Voces disidentes

"Tenemos la intención de impugnar las decisiones del Departamento de Justicia en varios terrenos" debido a que "las nuevas re-glamentaciones constituyen una violación de los derechos constitucionales que hacen que seamos una nación fuerte y libre", señaló el jurista Irwin Schwartz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Defensores Penales, con 38 mil afiliados.

El mismo fiscal general estadunidense, el ultraconservador John Ashcroft, artífice de la campaña antiterrorista en el ámbito jurídico, deberá enfrentar el próximo martes los cuestionamientos en el Se-nado acerca de las limitaciones a las libertades individuales.

A fines de octubre, tras los atentados, el Congreso votó masivamente la llamada ley Patriot Act, elaborada minuciosamente por Ashcroft, para enfrentar el terrorismo internacional.

Sin embargo, otras medidas se han incorporado a la legislación que están causando alarma.

Aparte de los interrogatorios a las personas de origen árabe, hay malestar por la escucha y grabación de pláticas entre abogados y clientes sospechosos de actividades terroristas, sumado al decreto presidencial del 13 de noviembre sobre la instauración de tribunales militares para juzgar a extranjeros sospechosos de terrorismo.

Renuncia a la pena de muerte

Sin embargo, según versiones de prensa en Washington, en las que se citó a una fuente anónima del Capitolio, Estados Unidos estaría dispuesto a realizar concesiones para presuntos terroristas detenidos en el extranjero, entre las que figurarían la renuncia a la pena de muerte, la ocupación de posiciones clave por civiles en los tribunales militares y la elección libre del defensor.

Esto sería en virtud de casos co-mo el que recientemente se vio en España, cuando esta nación se ne-gó a extraditar a ocho sospechosos a Estados Unidos para evitar que éstos fueran condenados a muerte, sentencia abolida en España.

No obstante, una nueva encuesta de Newsweek arrojó que la mayoría de los estadunidenses apoyan las propuestas de Bush para restringir las libertades civiles.

El sondeo telefónico entre mil 2 adultos efectuado entre el 29 y el 30 de noviembre reveló que sólo 11 por ciento cree que el gobierno ha ido demasiado lejos, y el apoyo creció significativamente al situarse en 68 por ciento para el uso de tribunales militares.

A ocho semanas del comienzo de los bombardeos contra Afganistán, 85 por ciento de los estadunidenses apoya cómo trabaja Bush y 89 por ciento aplaude la campaña bélica contra el terrorismo, a tal grado que 74 por ciento respaldaría alguna acción contra Irak.

Estados Unidos reiteró sus acusaciones contra Irak e Irán de que están desarrollando armas de destrucción masiva, de acuerdo con el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y advirtió que toda eventual política militar contra el régimen iraquí de Saddam Hussein depende del presidente George W. Bush.

En declaraciones a la televisora CNN, Rumsfeld insistió en que el régimen de Hussein, al que acusó de trabajar en el desarrollo de armas biológicas y químicas, es "un peligro para la región". Por ello reafirmó la necesidad de mantener los patrullajes británico-estadunidenses sobre las zonas norte y sur del espacio aéreo iraquí.

Esta semana Bush exigió a Hussein que permita el regreso de los inspectores internacionales de armas nucleares para supervisar sus instalaciones militares o que se atenga a las consecuencias. Esos inspectores de la ONU salieron de Bagdad en diciembre de 1998, tras comprobarse que se trataba de espías militares estadunidenses.

El viceprimer ministro iraquí, Tarek Aziz, respondió este sábado que las amenazas de Estados Unidos de emprender nuevas acciones militares contra Irak no le intimidan, y aseveró que Hussein no dejará el poder porque constituye un liderazgo de "raíces muy profundas que ha servido al país por más de 30 años", y acotó: "Este liderazgo permanecerá, de acuerdo con la voluntad de Dios y el deseo del pueblo iraquí, a pesar de las amenazas del exterior".

Respecto de Irán, Rumsfeld afirmó que ese país está desarrollando armas nucleares y un sistema de lanzamiento para ese tipo de armamentos, y remarcó que Teherán no es aliado de Washington en la actual guerra contra el terrorismo internacional. Apuntó que aun cuando Irán cuenta con instituciones democráticas que podrían facilitar un cambio en el país, subrayó que mientras ese país permanezca en la lista de estados terroristas según el Departamento de Estado, no podrá ser aliado de Estados Unidos. "Los iraníes no están en la lista por accidente, se lo ganaron", expresó.

En tanto, de acuerdo con expertos del Pentágono la campaña militar contra Afganistán que comenzó el 7 de octubre debe tener un costo muy inferior al de la guerra de Kosovo de 1999, y sobre todo de la Guerra del Golfo de hace 10 años.

El Departamento de Estado calculó el costo suplementario de un mes de guerra contra Afganistán en mil 481 millones de dólares, y el Pentágono agregó otros 588 millones para el costo de la operación Aguila Noble sobre la seguridad interna estadunidense, lo cual es considerado por el Pentágono como "muy barato".

Esto es si se compara con el hecho de que la Guerra del Golfo costó más de 60 mil millones de dólares, mientras que la operación de Kosovo contra Serbia llegó a 3 mil millones en 78 días de bombardeos. Contra Irak fueron lanzados unos 90 mil bombardeos y contra Afganistán se han lanzado unos 2 mil bombardeos. (DPA, AFP Y REUTERS)