DOMINGO Ť 2 Ť DICIEMBRE Ť 2001

Ť El juzgado sexto de distrito les concedió suspensión provisional del decreto de expropiación

Ejidatarios de San Salvador Atenco ganan la primera batalla al gobierno

Ť Por lo pronto no se podrá ejecutar ninguna obra para construir nuevo aeropuerto: Burgoa

RENE RAMON ALVARADO Y GEORGINA SALDIERNA

San Salvador Atenco, Mex., 1Ɔ de diciembre. Ejidatarios de San Salvador Atenco que desde hace más de un mes se mantienen en resistencia contra la construcción del aeropuerto en la zona de Texcoco ganaron la primera batalla al gobierno federal, luego de que el juzgado sexto de distrito les concediera la suspensión provisional del decreto de expropiación de más de mil hectáreas de este núcleo agrario, donde se pretende construir la terminal aérea.

Con este amparo suman tres las suspensiones que favorecen a los campesinos de 13 ejidos que se niegan a vender sus tierras.

En tanto, el jurista Ignacio Burgoa Orihuela explicó que gracias a la suspensión del decreto, el gobierno federal no podrá ejecutar ninguna obra para la construcción del aeropuerto en esa zona hasta que termine el juicio de amparo, hecho que podría prolongarse meses y posiblemente años.

Manifestó que la situación es sumamente favorable para los ejidatarios, ya que el decreto expropiatorio -dijo- emitido por el presidente Vicente Fox para la construcción del aeropuerto en la zona de Texcoco es inconstitucional.

El gobierno foxista se ha rodeado de empresarios ambiciosos que pretenden incrementar sus riquezas con la construcción de la terminal aérea, pero no van a lograr sus deseos, subrayó.

Poco entusiasmo

En San Salvador Atenco la noticia sobre la suspensión provisional del decreto causó sentimientos diversos entre los campesinos de la comunidad: algunos aplaudieron y lloraron al conocer la noticia, mientras que los dirigentes del movimiento agrario se mostraron desconfiados y poco entusiasmados. "Más que un amparo, queremos que dejen en paz la tierra, porque la queremos pa' toda la vida", señalaron.

Antonio Altamirano, miembro de la defensa legal del núcleo ejidal de Atenco, leyó la notificación ante cientos de habitantes concentrados en la plaza pública, tras el llamado hecho a través de la detonación de tres cohetones. Ahí mostró el documento en el que el juez sexto de distrito, José Antonio Sánchez Castillo, determinó suspender el decreto mientras se realiza el juicio de garantías, a través del cual determinará quién tiene la razón.

En la explanada principal de Atenco hombres y mujeres soltaron el llanto de alegría al saber que podrán continuar con la posesión de sus tierras, en su mayoría de cultivo, hasta que se defina si el gobierno violó la ley al expropiarlas. Durante varios minutos aplaudieron y agradecieron al comisariado ejidal, a los integrantes del movimiento de resistencia y a los abogados por el hecho logrado, "no importa que sólo sea el primer paso, ello demuestra que el gobierno cometió una injusticia contra nuestros pueblos", expresaban los oradores.

Los dirigentes del grupo, encabezados por Ignacio del Valle y Jesús Adán Espinosa, vieron con poca esperanza el logro obtenido por el equipo de abogados encabezado por el jurista Ignacio Burgoa Orihuela. Argumentaron que de ninguna manera se ha ganado la lucha, ya que ésta sólo es la primera caída, expresaron.

Jesús Adán Espinosa detalló al respecto: "como antecedente es bueno, lo que no nos late es que a fin de cuentas el que llevará el juicio para determinar quién tiene la razón es el propio gobierno, porque el Poder Judicial está subordinado a las decisiones del presidente Vicente Fox".

Recordó que meses antes de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se decidiera por el proyecto de Texcoco, los ejidatarios solicitaron información y asesoría, "pero nunca nos hicieron caso; qué esperamos ahora".

Sin lugar a dudas, añadió, el mejor amparo "somos nosotros". Por ello de manera alterna a la defensa legal, advirtió, el movimiento de resistencia se mantiene en pie de lucha "hasta que echemos abajo el decreto o que los gobiernos federal y estatal arrasen con nosotros, que nos quiten la vida".

De acuerdo con el documento de amparo, el juez tomó dicha decisión luego de que la Secretaría de la Reforma Agraria no entregó copias certificadas de la documentación solicitada por el juzgado. También concedió el beneficio constitucional con base en el artículo 233 de la Ley de Amparo.

El juez manifestó, en la notificación entregada al núcleo ejidal de Atenco, que su determinación "no contraviene las disposiciones de orden público e interés social"; es decir, la suspensión provisional del decreto no ocasionará un daño evidente al interés público ni contravendrá el interés social, ya que "su aplazamiento no conlleva por el momento un perjuicio irreversible para la sociedad".

De acuerdo con los litigantes de Atenco, el juez José Antonio Sánchez Castillo se llevará aproximadamente un año para solucionar la demanda de amparo, porque tendrá que determinar en modo, tiempo y lugar sobre los conceptos de orden público e interés social, los cuales son base del argumento jurídico.

De igual forma el juzgado entregó a la comunidad de Nexquipayac, donde fueron expropiadas casi 900 hectáreas de tierra de cultivo, un amparo provisional contra el decreto presidencial del pasado 22 de octubre. Aquí la defensa legal corre a cargo de la Procuraduría Agraria (PA).

Con este caso son tres los actos reclamados que benefician a los núcleos ejidales de Tocuila, Nexquipayac y San Salvador Atenco, los dos primeros con la defensa legal de la PA y el otro por el jurista Ignacio Burgoa, aunque todavía falta definirse la situación de otros 10 ejidos.

Por otra parte, los integrantes del movimiento de resistencia de San Salvador Atenco aseguraron que los casos de amenazas de muerte que se dieron a conocer no son los únicos, ya que la mayoría de los dirigentes y los integrantes del cuerpo jurídico han recibido intimidaciones vía telefónica y a través de recados.

Jesús Adán Espinosa, uno de los líderes del movimiento agrario, reconoció que han sentido miedo, pero es más el coraje "por la injusticia que cometieron contra nuestros pueblos y de mis compañeros campesinos". Aseguró que pese a las amenazas, Ignacio del Valle y él han tenido que aguantarse y guardar la calma, "porque aquí la gente está muy agresiva, quiere desquitar su miedo, su rabia, y si no nos serenamos y controlamos a los pobladores, el riesgo de que linchen a funcionarios de Gobernación es mayor", explicó.

Sobre las amenazas, el jurista Burgoa Orihuela dijo que se trata de cuestiones colaterales que no tienen ninguna influencia en el proceso judicial. Por lo demás, expuso que si los dirigentes se sienten amenazados en su integridad física, deberán presentar una denuncia ante el Ministerio Público para que se investiguen los hechos.

Este sábado se presentó a la explanada municipal de Atenco una comisión del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN).

Provenientes de diversos municipios y de varias delegaciones del Distrito Federal, expusieron la problemática que en sus comunidades se padecería en caso de que se construya el nuevo aeropuerto en el ex lago de Texcoco.

Señalaron que se tendrían que construir seis vialidades alternas, entre autopistas, carreteras y ejes, para dar fluidez al tránsito vehicular. "Con ello, cientos de viviendas y terrenos ejidales" se verán afectados en las delegaciones Magdalena Contreras, Milpa Alta y Cuajimalpa, así como en los municipios de Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza y Ecatepec, entre otros.

Ť Piden proteger a líderes que se oponen a la construcción del nuevo aeropuerto

Exigen ONG al gobierno federal investigar amenazas contra los ejidatarios de Atenco

Ť En marcha, acciones de "terrorismo encubierto" para amedrentar a los activistas sociales, alerta Juan Antonio Vega, de la Red Todos los Derechos para Todos

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Organismos defensores de derechos humanos se pronunciaron en favor de que autoridades del gobierno federal investiguen las amenazas de muerte contra los líderes del movimiento ejidal que se opone a la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, y que se les otorgue protección para evitar que sean objeto de alguna agresión.

Juan Antonio Vega, coordinador de la Red Todos los Derechos para Todos, señaló que esta situación es grave porque una especie de "terrorismo encubierto" se está convirtiendo en práctica común para amedrentar a los activistas sociales y a los defensores de derechos humanos.

Laura Salas, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, consideró que los ejidatarios que han sido amenazados tendrán que denunciar estos hechos ante el Ministerio Público y deberán presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de México, para que indaguen de inmediato y tomen las previsiones necesarias.

Dirigentes y simpatizantes del movimiento de ejidatarios de San Salvador Atenco denunciaron el viernes pasado que han recibido amenazas de muerte vía telefónica e intimidaciones de manera personal, para que no participen en las movilizaciones en contra de la construcción del nuevo aeropuerto en los terrenos de Texcoco.

Nada raro, amenazas a grupos que defienden sus propiedades

Vega señaló que no es raro que los grupos que defienden sus propiedades y territorios reciban este tipo de amenazas e intimidaciones, pero lo que debería hacer la diferencia de este gobierno, dijo, es que estos hechos sean investigados por las autoridades competentes.

"Si la autoridad no investiga los hechos de manera pronta y adecuada, a lo que nos podríamos acercar es a una situación de impunidad en la que cualquier grupo de poder sin ninguna restricción se sienta seguro para generar un clima de hostigamiento e incluso agredir a opositores y a defensores de derechos humanos."

Indicó que no es extraño que uno de los dirigentes del movimiento haya sido amenazado mediante llamadas a su teléfono celular. Explicó que defensores de derechos humanos también han sido hostigados de esta manera, por lo que, consideró, deberían investigarse eventuales acciones de espionaje.

Dijo que es importante que las personas hostigadas valoren la posibilidad de presentar una denuncia formal sobre los hechos y que las indagaciones queden a cargo de una autoridad independiente de la posible fuente de agresión, como podría ser el gobierno del estado.

Aseguró que si no se investigan estas denuncias el gobierno estará favoreciendo el clima de impunidad y terrorismo encubierto que pretende generar miedo en la población, así como desatar un clima de amenaza a las libertades fundamentales de la ciudadanía.

Por su parte, Salas señaló que estas quejas son preocupantes, más si el hostigamiento proviene de autoridades estatales, como lo indican las denuncias de los ejidatarios.

Afirmó que este tipo de denuncias son un llamado de atención para la sociedad, en el sentido de que se agudiza el clima de violencia en contra de personas que exigen respeto a sus derechos económicos, políticos y sociales.

Ť Consejera jurídica

Presentará GDF esta semana recurso de inconstitucionalidad

ELIA BALTAZAR

La consejera jurídica del Distrito Federal, María Estela Ríos, informó que el próximo lunes o martes el gobierno capitalino presentará el recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco.

Entrevistada al término de la reunión del gabinete de seguridad, la consejera expresó que la decisión de presentar una controversia de inconstitucionalidad no descarta que el Gobierno del DF recurra a otras estrategias legales, mismas que interpondrá ante diversas instancias acompañado por organizaciones no gubernamentales.

Dadas las razones jurídicas que acompañarán el alegato de inconstitucionalidad que presentarán ante la SCJN, María Estela Ríos aseguró que la controversia prosperará, y manifestó su confianza en el máximo tribunal del país.

Si bien se negó a adelantar los argumentos jurídicos con que acompañarán la controversia, la funcionaria aseguró que las autoridades locales tienen razones jurídicas y de otra naturaleza para respaldar el recurso.

La consejera dejó en claro que el recurso es diferente en sus principios al amparo que obtuvieron recientemente los ejidatarios de San Salvador Atenco, estado de México, en contra de la construcción del nuevo aeropuerto.

Este amparo se les concedió, dijo, como ejidatarios y personas privadas. En el caso del Distrito Federal, agregó, será interpuesto en nuestro carácter de figura moral pública, dado que se trata de una entidad.

María Estela Ríos advirtió que la controversia de inconstitucionalidad no será el único recurso del que echarán mano las autoridades capitalinas para enfrentar la decisión federal.

El gobierno capitalino, adelantó la consejera, prepara diversas acciones legales que presentará ante diferentes instancias para revocar la decisión.

Por el momento, agregó, sólo nos hemos concentrado en la elaboración del documento de controversia que será presentado ante la SCJN. "Estamos analizando otros caminos, pero no los exploramos en su totalidad", dijo finalmente.