MIERCOLES Ť 5 Ť DICIIEMBRE Ť 2001

Ť El subsecretario Durán Reveles rechaza que haya negligencia para hacer cumplir la ley

Gómez Morín reconoce insuficiencias legales para sancionar a concesionarios de radio y tv

ALONSO URRUTIA

"Los mecanismos legales que actualmente tiene la autoridad para sancionar a los concesionarios de radio y televisión que trasgreden la legislación en la materia son insuficientes y requieren de una modificación en las condiciones vigentes", reconoció el director de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), Manuel Gómez Morín. "Si yo pienso en 200 mil pesos, lo que me cuesta la infraestructura, todo mi equipo, mi cuerpo legal, el tiempo que se lleva en aplicar la multa, es un proceso muy largo y costoso", aseveró.

Entre tanto, el subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, José Luis Durán Reveles, sostuvo que en esta administración no ha habido negligencia para hacer cumplir la ley, "la estamos aplicando de manera estricta y a cabalidad; ha habido multas, sanciones, amonestaciones, extrañamientos, pero se trata de una ley (Federal de Radio y Televisión) que debe perfeccionarse para darle mejor capacidad de decisión al gobierno para proteger a la sociedad".

Los funcionarios fueron entrevistados en el marco de la inauguración del seminario internacional sobre criterios de clasificación cinematográfica, cuyo objetivo, definió Durán, es iniciar un proceso de consulta tendiente a adecuar, antes de marzo, el reglamento en la materia que permita tener criterios "objetivos" para clasificar las películas. Es una ecuación difícil, reconoció, pero se requiere que dichos criterios sean claros y transparentes, "que las cosas no se den más en la oscuridad ni ocultando nada".

La censura, "cosa del pasado"

Durante su intervención en el seminario, Gómez Morín sostuvo que no se pretende decirle a la industria cinematográfica "qué tipo de películas debe hacer, comercializar y menos aún indicarle al público la película que debe ver, pues la censura es cosa del pasado. De lo que se trata es de establecer un marco normativo claro y transparente que defina libertades y responsabilidades".

En entrevista, fue cuestionado sobre el desafío de las televisoras para difundir los denominados talk shows sin freno. Mencionó que RTC ha aplicado, en lo que va de la presente administración, alrededor de 700 sanciones de diversa índole, desde amonestaciones, extrañamientos y hasta multas cuando existen violaciones a la ley.

"Llevamos un promedio de cien mensuales desde que llegué a la dirección -es el segundo responsable en esta administración-, pero nuestra intención no es de ninguna manera amonestar y mucho menos sancionar, lo que queremos es simplemente que se cumpla la ley".

A pregunta expresa, reconoció la necesidad de actualizar la legislación, pues ahora cuesta más cobrar la multa que la percepción que obtiene el gobierno por ella.

-ƑEs pertinente que se establezcan sanciones más severas?

-Como autoridad creo que tiene que haber una multa que verdaderamente le duela a los concesionarios, o si no a los concesionarios, a los que compran espacios.

Gómez Morín mencionó que en la actualidad estamos en un proceso de revisión de la ley, "para ver en qué está débil, qué fortaleza tiene e iniciar una propuesta para reformarla". Dijo que los cambios al marco jurídico que rige a radio y televisión podrían concretarse en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso.

Al referirse a la postura de varias organizaciones de suspender los anuncios en algunos programas que consideran con contenidos no aptos a todo público, Gómez Morín consideró que son importantes este tipo de manifestaciones. "Vemos que hay una sociedad atenta a lo que está pasando, preocupada también y que de alguna manera sirve de contrapeso. Nosotros somos autoridad y sólo aplicamos la ley".

Al referirse a los criterios de clasificación para las películas, Durán destacó que no se pretende censurar el contenido de las mismas, sino que el público tenga claros los criterios para evaluarlas y a la hora de ver el contenido sepa exactamente el tipo de película que va a ver.

Una de las funciones del gobierno, abundó, es informarle a la sociedad sobre el contenido de los filmes, "el Estado tiene una responsabilidad que, sin atentar contra la libertad de expresión, debe cumplir".