JUEVES Ť 6 Ť DICIEMBRE Ť 2001

Ť Deberán presentarse a declarar; en caso contrario ''se les aplicará una medida de apremio''

Mediante seis oficios, la PGR cita a 27 detenidos-desaparecidos

Ť Un mensajero deslizó debajo de la puerta de Rosario Ibarra los documentos y se fue sin esperar respuesta

BLANCHE PETRICH

La Procuraduría General de la República citó a declarar ante el Ministerio Público federal a 27 detenidos-desaparecidos, en su primera acción después de que el Ejecutivo anunciara, el 27 de noviembre, que ''se hará justicia'' en el caso de cerca de 500 personas que fueron arrestadas o secuestradas por cuerpos de seguridad hace décadas y nunca más se supo de ellas.

Un mensajero deslizó por debajo de la puerta del departamento de la presidenta del Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra, en la colonia Condesa, los seis oficios. Están dirigidos, entre otros, a Jesús Piedra Ibarra, Rafael Ramírez Duarte, César Yáñez Muñoz, Juan Chávez Hoyos, Hilda Escobedo Ocaña. El enviado no esperó a que alguien firmara de recibido los documentos.

Asunto: se solicita comparecencia

Cuando la señora Ibarra encontró las cartas y se percató de su contenido sintió, según expresa, ''como un golpe en la cara. Luego me puse a reír. No sé cómo interpretar esto: Ƒun dislate, un escarnio, una burla o una nueva maniobra del poder? En todo caso, un pésimo augurio. Si así comienza la investigación, Ƒcómo va a terminar?''

En papel membretado de la PGR, con sello de la Dirección General del Ministerio Público especializado ''A'', Dirección de Apoyo a Fiscalías y fecha del 27 de noviembre, el agente del MP Jaime Hernández indica a las 27 víctimas del delito de desaparición forzada ''se sirvan comparecer ante el suscrito'' en el domicilio de la sede de la PGR, Reforma 72, cuarto piso, ''para la práctica de una diligencia de carácter ministerial relacionada con su denuncia de hechos, de fecha 28 de agosto de este año''.

El citatorio advierte que ''en caso de no comparecer se le aplicará una medida de apremio'', según las normas del Código Penal, que en su artículo 44 dice:

''El Ministerio Público en la averiguación previa, y los tribunales, podrán emplear, para hacer cumplir sus determinaciones, los siguientes medios de apremio:

''I. Multa por el equivalente a entre uno y treinta días de salario mínimo, vigente en el momento y lugar en que se realizó la conducta que motivó el medio de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados el de un día de ingreso.

''II. Auxilio de la fuerza pública; y

''III. Arresto hasta de treinta y seis horas''.

Los 27 ''citados'' forman parte del paquete de 65 casos de desaparición forzada que fueron denunciados formalmente por los familiares en la PGR el 28 de agosto de este año, y que fueron radicados con el número de averiguación previa 26/DAFMJ/2001.

Al llegar a su casa el martes, la señora Ibarra recogió del piso los oficios. Leyó: ''Asunto: se solicita comparecencia''. Vio los nombres de los citados, entre ellos se percató que su hijo, desaparecido desde hace 26 años, era uno de los ''invitados a comparecer'' a la PGR. Revisó los nombres de los demás, con los cuales se ha familiarizado a lo largo de los años, a quienes considera también sus hijos.

En las denuncias presentadas por miembros del Comité Eureka, familiares de desaparecidos, figura el domicilio de la señora Ibarra de Piedra como sitio ''para oír y recibir'' las notificaciones del proceso. El pasado día 19, en ese mismo departamento se habían recibido otros citatorios para 14 denunciantes, varios de ellos familiares de algunos de los desaparecidos que son ''citados'' en oficios posteriores.

Por este ''desbarajuste'' de la gestión del Ministerio Público, la dirigente de las doñas del Comité Eureka comenta: ''Si comparecieran, šqué bello sería! Pero en realidad lo que estamos viendo es que la institución a la que la Constitución comanda procurar justicia actúa sin seriedad''.

Como primera acción de respuesta a las demandas penales presentadas y ratificadas por los familiares, este trámite ''refleja una absoluta incapacidad del MP asignado. Ojalá que sea una vulgar metida de pata''.

Acto seguido añade: ''Si se tratara de una burla, no creo que sea una burla inocente. Tiene que ver con una línea constante para desacreditarnos y descalificarnos desde que empezamos esta lucha''.

ƑOtro engaño?

En este sentido, señaló Rosario Ibarra, el nuevo procurador Macedo de la Concha ha sentado otro grave antecedente, solamente igualado al de Oscar Flores Sánchez a principios de los 80.

Este último, gobernador de Chihuahua y procurador general de la República en el sexenio de José López Portillo, emitió al principio de su administración un ''informe'' sobre la situación de los desaparecidos que había en ese entonces, en el que se les daba en su mayoría por muertos en enfrentamientos armados o como víctimas de ejecuciones internas de los grupos guerrilleros.

Uno de los casos más escandalosos de tergiversación fue el que se refería a cerca de 40 guerrerenses que, según aquel procurador, murieron en un combate el 8 de septiembre de 1984, durante un enfrentamiento. Según esa versión fabricada en ese entonces por las direcciones Federal de Seguridad y de Investigaciones Políticas y Sociales, y registrada en las ''tarjetas'' del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), las víctimas habían caído durante un operativo mediante el cual el Ejército rescató al entonces gobernador Rubén Figueroa, secuestrado por el Partido de los Pobres que comandaba Lucio Cabañas. Sin embargo, según el parte militar de esa acción, consignado en el reciente informe de la CNDH, sólo murió en esa acción un guerrillero de nombre Sabás.

Los demás desaparecidos fueron detenidos por cuerpos policiacos y militares en una gran batida contrainsurgente en los pueblos aledaños de la Costa Chica de Guerrero, en los días siguientes a la recuperación de Figueroa. En solo dos días, casi 40 personas desaparecieron de sus domicilios. Nunca más se les volvió a ver. El procurador de esa época afirmaba que habían ''muerto en combate''.

Dolida y azorada por el contenido de los citatorios, Rosario Ibarra lamenta que en las oficinas del MP ''no tuvieran el mínimo cuidado en tratar un tema tan delicado, ni siquiera para aparentar buena voluntad''. También critica el hecho de que la PGR no hubiera ''movido un dedo'' hasta que se produjo el informe sobre los desaparecidos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el presidente Vicente Fox anunciara la creación de una fiscalía especializada para estas investigaciones. ''Esa es su primera deficiencia. Con ello está demostrando que actúa sin autonomía, sólo en respuesta al mandato del Ejecutivo, no de la ciudadanía.''

En declaraciones a La Jornada, Rosario Ibarra comenta: ''Solo espero que Macedo de la Concha no pretenda engañar a la ciudadanía como lo hizo aquel antecesor suyo, Oscar Flores Sánchez. De este general, lo que nosotros esperamos es que cumpla con su cometido''.