JUEVES Ť 6 Ť DICIEMBRE Ť 2001

Ť La justicia castrense en México protege y solapa la impunidad, afirma el organismo

Pide HRW a Fox poner fin a la jurisdicción militar en los casos de violaciones a derechos humanos

Ť El Presidente, conforme en incluir civiles en esas cortes, señala el director ejecutivo

VICTOR BALLINAS

La organización Human Rights Watch (HRW) aseveró ayer que la justicia castrense en México ''protege y solapa la impunidad, destruye evidencias y se convierte en un obstáculo para sancionar a los militares que cometen tortura, desaparecen a personas, realizan detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y cometen violaciones sexuales''.

Por ello, el director ejecutivo de HRW -División para las Américas-, José Miguel Vivanco, solicitó ayer públicamente al presidente Vicente Fox que ponga fin a la jurisdicción militar en los casos de violaciones a los derechos humanos y que en el ''más breve plazo razonable reforme el sistema de justicia en el país para controlar y subordinar el poder militar al civil, para que rinda cuentas y responda por las graves violaciones a derechos humanos, que hasta hoy no han sido sancionadas sino encubiertas''.

El organismo entregó el lunes pasado al presidente Fox el informe titulado Injusticia militar: la reticencia de México para sancionar los abusos del Ejército; Vivanco, director ejecutivo de HRW, y el investigador para México de ese organismo, Daniel Wilkinson, conversaron con el jefe del Ejecutivo sobre la impunidad de los militares. En la conversación, dijeron, el Presidente no discrepó del informe ni del diagnóstico. ''Nos dijo que no sólo entendía el problema, sino que creía que un paso importante era ampliar la composición de esos tribunales y cortes militares, que por primera vez incluyeran a civiles.''

Un paso importante, pero insuficiente

Y abundaron: ''Le hicimos saber que sin duda eso era un paso importante que habría que celebrar, pero si no se modificaba la jurisdicción militar de fondo, eso es insuficiente. Entendimos el mensaje de ir gradualmente civilizando a las fuerzas armadas, de que deben responder ante la autoridad civil. Es un paso que ojalá se concrete a corto plazo, pero es insuficiente'', insistieron.

Vivanco anunció que el presidente Fox se mostró interesado cuando ''le hicimos un paralelo con el caso mexicano y le explicamos la experiencia colombiana, donde en un conflicto armado, con una violencia nunca antes vista y un nivel de impunidad muy alto, al reclamar los civiles a los militares por las violaciones cometidas a derechos humanos, éstos utilizaron la misma tesis que los mexicanos, de que en la medida que se trata de crímenes y violaciones en el cumplimiento de su deber, forman parte de la justicia militar. ''Eso, le dijimos, es la mejor forma para garantizar la impunidad.''

Sin embargo, ''en 1997 la Corte colombiana determinó que el fuero militar no podía comprender crímenes comunes, y mucho menos los de lesa humanidad, como la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, las violaciones sexuales y las detenciones arbitrarias''.

A raíz de esa decisión y de la presión internacional, explicó Vivanco, fue que los militares en Colombia modificaron su Código Penal, la Constitución y las reglas del juego. ''Esto que le manifestamos al Presidente lo acogió de manera muy receptiva. Quisimos señalarle que hay casos donde ya se pueden limitar las facultades del Ejército.''

Agregó que la creación de la fiscalía especial para investigar las desapariciones forzadas de la guerra sucia es ''mejor que haber creado una comisión de la verdad sin facultades jurídicas. Apoyamos la decisión; sin embargo, todavía no está resuelto el problema, porque en el decreto que crea esa fiscalía se dejan intactas las dos instancias judiciales para investigar: la civil y la militar''.

El perfil del fiscal, dijo, debe ser el de una persona con integridad moral, que goce de gran credibilidad, experiencia en materia penal, que acredite su indepedendencia de criterio, que no se deje presionar, comprar, intimidar o persuadir por sectores que tengan intereses en ello, y debe contar con autonomía. Sin embargo, el problema que va a enfrentar es la barrera de la jurisdicción militar.

Incluso, abundaron Vivanco y Wilkinson, ''los funcionarios con los que nos entrevistamos -el secretario de Gobernación, Santiago Creel; el procurador general de la República, general Rafael Macedo de la Concha; el canciller Jorge G. Castañeda, y el asesor presidencial en materia de Seguridad Nacional, Adolfo Aguilar Zinser- estuvieron muy receptivos. No cuestionaron ni increparon el informe y el diagnóstico. A diferencia del pasado -en tiempos de los gobiernos priístas-, en que nos discutían todo, incluido nuestro derecho a abordar ese problema por ser extranjeros, el nuevo gobierno mostró interés, incluso en las recomendaciones que hicimos''. Vivanco resaltó que el presidente Fox reconoció que ''está consciente de que la Procuraduría puede convertirse en un problema''.

A todos los funcionarios con los que nos reunimos les manifestamos que ''hemos podido comprobar que el sistema de administración de justicia militar no ofrece los mínimos niveles de transparencia; es una justicia que opera en secreto; no está supervisada ni responde ante ninguna autoridad civil; se maneja en términos autónomos e independientes, como tradicionalmente lo hacen las fuerzas armadas, y cuando reciben denuncias por violaciones a derechos humanos, encubren y protegen a los culpables. Este es un enorme desafío para el presidente Fox''.

En conferencia de prensa, Vivanco dijo que México es un país que está entre sus prioridades (de HRW) por la magnitud y profundidad de los problemas en materia de derechos humanos. ''México enfrenta y ha enfrentado durante décadas abusos gravísimos a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado; muchos de ellos han quedado en la impunidad."

La llegada de Vicente Fox ''brinda una oportunidad histórica para que México pueda romper con ese pasado de abuso, impunidad y corrupción. Estamos y hemos estado impresionados por la agenda del actual gobierno en torno a enfrentar la violación a los derechos humanos y hacer ajustes a su política exterior, como esa del anacronismo de la no injerencia en asuntos internos. Reconocemos que hay avances notables en materia de derechos humanos, como son la firma de tratados y acuerdos internacionales; la decisión de extraditar a un criminal argentino a España para responder por delitos de lesa humanidad; la liberación de los ecologistas presos, entre otros''.

Pero continúa el problema de la justicia castrense. Además de solicitarle al Presidente que termine con la jurisdicción militar sobre los casos de violaciones a derechos humanos, le recomendaron que todas las investigaciones y procesos judiciales en los que estén implicados militares sean conducidos por la jurisdicción civil, y que haga pública regularmente la información sobre el número de investigaciones abiertas de presuntos abusos del Ejército, entre otras.