JUEVES Ť 6 Ť DICIEMBRE Ť 2001
Ť Muñoz Leos no pudo explicar a legisladores el fundamento legal de la apertura
Pemex ''se topará con la Constitución'', advierten senadores panistas y priístas
Ť El funcionario y sus colaboradores negaron que los contratos de servicios estén listos
Ť La empresa juega con fuego; sólo se quedaría con la distribución, señala Antonio Soto
ENRIQUE MENDEZ E ISRAEL RODRIGUEZ
Ante la advertencia del director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Raúl Muñoz Leos, de que "realmente no tenemos otra opción" que abrir a la inversión privada la producción de gas, senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) respondieron que la paraestatal "está jugando con fuego" y que se "topará con la Constitución" e incluso con una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aunque en su comparecencia ante la Comisión de Energía del Senado, Muñoz Leos afirmó que los contratos de servicios múltiples -que serán presentados a inversionistas hoy en una reunión que, finalmente, se abrió a la prensa y a los legisladores-, no implican la privatización de Pemex ni cesión de soberanía y se ajustan al marco legal vigente, no pudo explicar el fundamento constitucional de la apertura en el sector.
El funcionario y sus colaboradores negaron una y otra vez que los contratos estén listos. Sin embargo, los senadores priístas y panistas afirmaron que esos documentos existen y cuestionaron que se difundan entre los inversionistas antes de darlos a conocer a los legisladores.
"Tan existen, que los asesoró un especialista en contratos que se llama Pedro van Meurs. Si siguen así, esta será una guerra entre poderes", sostuvo al término de la comparecencia un senador del PRI.
Durante su exposición, Muñoz Leos insistió en la necesidad de aplicar este nuevo esquema, ante el incremento de la demanda de petróleo y gas natural que se presenta en el futuro inmediato. "No podemos estar sujetos a una camisa de fuerza", resaltó.
Importante aumento de la demanda
Para defender el plan y exponer la magnitud del "problema", explicó que el déficit previsto de gas natural es de tal magnitud que conviene aplicar este esquema y reveló que la demanda de gas seco de 2001 a 2010 pasará de 4 mil 300 millones de pies cúbicos diarios a 9 mil millones. Para 2006 se prevé una demanda de 6 mil 800 millones de pies cúbicos diarios.
El crecimiento de la demanda, abundó, se explica por las necesidades del sector eléctrico, que se desarrollará a una tasa anual compuesta de 13 por ciento, y del industrial, con una tasa de 10 por ciento.
Advirtió que si las inversiones de Pemex se mantienen en los niveles que prevalecieron en los últimos años, esto es, si sólo atienden y desarrollan "la cartera histórica de proyectos", la brecha de importaciones en 2006 sería de casi el doble de la producción nacional. "Importaríamos dos terceras partes de nuestro consumo", adujo.
Empero, el senador del PRI, Oscar Cantón Zetina, refutó que ese esquema corresponde "a un país que pensó en la fantasía de (Vicente) Fox de crecer a 7 por ciento. Son cifras abultadas para hacer creer que México se encuentra en un estado de emergencia y con una crisis energética a la vuelta de la esquina".
Ante la insistencia de los senadores re
specto de que los contratos constituyen el primer paso hacia la privatización del petróleo, Muñoz Leos precisó que las empresas no ejercerían la propiedad de las reservas ni tampoco de la producción; mucho menos en el valor de ésta ni de los beneficios, y por tanto, de la explotación.
Dijo que las compañías financiarían toda la inversión de capital y los gastos, pero los activos fijos pertenecerán a Pemex, y explicó que los contratistas actuarán por cuenta de la paraestatal, que jamás cederá el control de la ejecución del contrato.
A pesar de ello, los senadores cuestionaron que Pemex planee contratos a 20 años y que los contratistas obtengan los beneficios no sólo de la explotación y la exploración de los yacimientos de gas, sino también se prevea que puedan recuperar su inversión, además de las ganancias. "La ley de obra pública no contempla la recuperación de los prestadores de servicios", objetó la senadora Martha Tamayo, del PRI.
Muñoz Leos afirmó que el control estratégico sobre la exploración y distribución lo continuará manteniendo el Estado, y que los contratistas sólo financiarían la inversión pública, sin acceso a la distribución de las ganancias. Se les pagará "bajo disponibilidad de caja".
El panista Jorge Nordhausen sostuvo que el esquema de contratos para explotación de gas no resuelve el problema nacional de la importación de hidrocarburos ni la capacidad para exportarlos, y preguntó por qué no se amplía la perspectiva de garantizar la autosuficiencia en el mercado interno.
Ese cuestionamiento le dio pie a Muñoz Leos para argumentar que en la primera fase del programa de contratos se podría disminuir el volumen de importación. "Pero primero debemos tener éxito en esta iniciativa", acotó.
Las preguntas de los senadores sobre el fundamento legal y constitucional de dichos contratos eran evadidas por el director de Pemex y sus colaboradores.
Por ello, hasta el panista Antonio Soto criticó a los funcionarios. "Todavía no le queda clara a Pemex la interpretación legal. Juega con fuego. En este esquema, el contratista es no sólo responsable de todos los pasos de exploración, también de los de explotación y Pemex se queda sólo con la distribución", afirmó.
Para argumentar a favor del proyecto, el abogado general de Pemex, César Nava Vázquez, dijo que si bien de los principios fundamentales de los artículos 25, 27 y 28 (que definen la política sobre los hidrocarburos) se deriva que los particulares nunca pueden tener propiedad sobre los mantos y que no pueden otorgarse contratos ni concesiones, es posible "interpretar" que sí pueden cederse con restricciones a los particulares. Entre estas, que no pueden tener dominio sobre los yacimientos y el producto, y que el pago por sus servicios se hará en efectivo, y no de las utilidades del producto.
Se privilegia a extranjeros; la invitación, en inglés
En la reunión, la senadora tamaulipeca Laura Alicia Garza Galindo, mostró la copia de la invitación que el director de Pemex Exploración y Producción, Luis Ramírez Corso, envió a los posibles inversionistas. La convocatoria está redactada en inglés.
"Se privilegia a los extranjeros. Ya existe el contrato, pero van por el camino equivocado. Se van a topar con la Constitución porque la única certeza jurídica debe provenir del Congreso, no de los inversionistas. Estos contratos se van a revisar por este Senado y, si es necesario, por la Corte", advirtió.
En su turno para responder, Muñoz Leos sólo reconoció: "sus afirmaciones son claras y las tomaremos en cuenta".
Machacones, los senadores priístas y panistas insistieron en que Pemex pretende "violentar el estado de derecho" e imponerse sobre lo prescrito en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, así como en la Ley Reglamentaria del 27 constitucional.
La respuesta también era la misma, de parte de Nava Vázquez: ''Son contratos de prestación de servicios, no de riesgo, en los que la remuneración nunca está vinculada a la producción ni a la propiedad o parte de ésta, sino sujeta a un plan anual de trabajo.
"Es como si alguien contrata a una empresa para que construya un edificio con una taquilla en el último piso. No tendrá ganancias del producto de la taquilla".
El senador del PRI, Sadot Sánchez Carreño, reviró: "Van a sustituir una función que compete exclusivamente al Estado y a abrir una brecha delicada y riesgosa de uno de los recursos cuya propiedad corresponde a todos los mexicanos".
Al final de la entrevista, el presidente de la comisión, el panista Juan José Rodríguez Prats, le sacó al director corporativo de Finanzas de Pemex, Juan José Suárez Coppel, la información de que la empresa tiene una deuda de casi 60 centavos por cada barril de petróleo de la reserva actual certificada, y no de 22 centavos por barril, según las cifras oficiales que se conocen.
Por ejemplo, hay una deuda con Master Trust que no está reconocida en los libros de la empresa, y que la diferencia entre ambas cifras se debe precisamente a la deuda expresada en los libros, por vehículos de la empresa y el pasivo laboral. También citó que otra parte de la deuda está colocada en bonos del mercado de capital, en el Eximbank y otra parte en créditos bancarios.
La última intervención fue la de Cantón Zetina. "Estamos ante la ruptura del estado de derecho. Parece que nos acercamos a una crisis de legalidad. ƑEs así como se quiere gobernar? Pedimos a Pemex que frene la promoción de los contratos hasta que se determine su legalidad, las bases precisas, condiciones y lo que ofrecerá a los inversionistas. šNo podemos ofrecer contratos al gusto del cliente!", exclamó.
Y ante la inminencia de las consultas que la empresa iniciará hoy con inversionistas extranjeros en el hotel Nikko, preguntó si sería posible que el encuentro se abriera a los senadores y a la prensa. "Claro que será posible", admitió finalmente Muñoz Leos.