JUEVES Ť 6 Ť DICIEMBRE Ť 2001
Ť Conocían el conflicto de La Loba y antorchistas y no evitaron el zafarrancho: Codhem
Revisarían la exculpación de cinco funcionarios del caso Chimalhuacán
Ť Desmiente el gobierno mexiquense que se trate de encubrir a quienes fueron servidores públicos
ISRAEL DAVILA CORRESPONSAL
Toluca, Mex., 5 de diciembre. El subsecretario general de Gobierno del estado de México, Ernesto Nemer Alvarez, sostuvo que la administración mexiquense está dispuesta a revisar el procedimiento administrativo iniciado contra cinco funcionarios que fueron exonerados de toda responsabilidad por los hechos violentos de Chimalhuacán, donde al menos diez personas perdieron la vida.
Descartó que el gobierno mexiquense trate de encubrir a quienes fueron servidores públicos de la administración estatal, pues sostuvo que en ningún momento se está fomentando la impunidad.
El pasado 26 de noviembre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), informó que la contraloría interna de la secretaría general de Gobierno había entregado el resultado del procedimiento administrativo contra cinco funcionarios, los cuales fueron señalados por este organismo como responsables de los hechos violentos ocurridos el 18 de agosto de 2000 en el municipio de Chimalhuacán porque a pesar de tener conocimiento del conflicto entre los grupos de Guadalupe Buendía, La Loba, y Antorcha Campesina no hicieron nada para evitar el zafarrancho.
El resolutivo de la contraloría interna exculpó a Eduardo Berkley Arce, quien era subsecretario de Seguridad Pública; Carlos Díaz de León, quien era subsecretario de Desarrollo Político; Jorge Espinoza de los Monteros, quien se desempeñaba como director de la policía estatal; David Melgoza, quien era director de Gobernación, y Guillermo Valdés, ex subdirector operativo de Seguridad Pública, quienes en días anteriores a la toma de protesta del alcalde Jesús Tolentino Román habían sido advertidos por éste del conflicto que se podría suscitar cuando asumiera el cargo.
Una vez que la Codhem conoció el resultado del procedimiento administrativo, consideró que la exoneración de los funcionarios era inaceptable y el primer visitador del organismo, Juan Manuel Zamora Vázquez, afirmó que este era una "muestra más de la impunidad" que priva en la entidad.
Al respecto, Nemer Alvarez dijo que la postura de la Codhem "es muy respetable, pero como en cualquier otro juicio que se entabla siempre hay diversidad de opiniones".
Mencionó que la contraloría mexiquense resolvió en ese sentido, ya que se encargó de reunir elementos para determinar que ninguno de estos servidores públicos tuvo responsabilidad de los hechos.
"No estamos fomentando de ninguna manera la impunidad. Los elementos que la contraloría tomó en consideración son suficientes para haber dictaminado en este sentido", dijo Nemer Alvarez sin especificar ninguno de los elementos tomados para exculpar a los funcionarios.
Cuando se le cuestionó que en la recomendación se comprobaba que hubo omisión en el encargo de estos funcionarios al no hacer nada por evitar que se registraran los hechos violentos, el subsecretario general de Gobierno afirmó que la Codhem puede recurrir a instrumentos jurídicos para la revisión del procedimiento administrativo y "verificar que el gobierno del estado actúo conforme a derecho".
Nosotros no nos oponemos a que se realice una revisión del procedimiento administrativo, dijo; la comisión nos solicitó los documentos para verificar cuales fueron nuestros argumentos para tomar esta determinación.
En tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México sigue sin cumplir la recomendación 74/2000 derivada de estos hechos, a pesar de que fue emitida el 30 de noviembre de 2000.
En el documento se solicita a la dirección general de responsabilidades de la procuraduría mexiquense iniciar una averiguación previa tendiente a determinar la responsabilidad en la que incurrió Leonor González Fernández, agente del Ministerio Público que levantó las actas correspondientes por los hechos, ya que al consignar las denuncias no puso a disposición a uno de los detenidos.
Además se le solicita el cumplimiento de 23 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables y, de acuerdo con la Codhem, un año después sólo han podido cumplimentar una.
Por último, se pide que se realicen las diligencias necesarias en la averiguación iniciada por Raúl Carpinteiro Buendía contra Jesús Tolentino Román, alcalde de Chimalhuacán, y Aquiles Córdova, dirigente de Antorcha Campesina, para que se determine la responsabilidad de ambos.