Ť Autoridades federales también invadieron ámbitos de competencia: María Estela Ríos

En la decisión del nuevo aeropuerto  se violó la Constitución, dice el GDF

Ť Argumenta en su demanda de controversia ocho conceptos de inavlidez de los actos de expropiación

RICARDO OLAYO GUADARRAMA

La controversia constitucional presentada por el gobierno capitalino en el caso del aeropuerto de Texcoco establece que las autoridades federales invadieron ámbitos de competencia y omitieron dar cumplimiento a mecanismos de coordinación acordados con el Distrito Federal y el estado de México en la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos.

Además, el gobierno del presidente Vicente Fox violentó el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México y disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente.

En ocho conceptos de invalidez de los decretos de expropiación, la controversia indica que se violaron diversos artículos constitucionales, entre ellos el cuarto, 27, 115 y 122, por la afectación al desarrollo armónico y distribución equilibrada de los recursos.

Citan a Montiel y a alcaldes

La consejera jurídica del Gobierno del Distrito Federal, María Estela Ríos González, indicó que fueron citados como terceros interesados el gobernador del estado de México y las autoridades de los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco.

La controversia se presentó el martes pasado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 74 cuartillas y seis anexos. Ahí se indica que los gobiernos tienen obligación constitucional de ordenar los asentamientos y planear los centros urbanos, como lo establece el artículo 27 constitucional, párrafo tercero, indicó la funcionaria.

Estas facultades no se dan por separado, sino en coordinación con el resto de las entidades y gobiernos, pero en este caso el gobierno federal tomó la decisión por sí solo.

Si bien el Presidente de la República y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, tienen atribuciones genéricas en el caso de aeropuertos, están acotadas por diversas disposiciones, entre ellas ambientales, precisó.

De esta manera las autoridades pasaron por alto ordenamientos legislados por el Congreso de la Unión y por la Asamblea Legislativa, y también el Programa de Desarrollo Urbano expedido por el GDF.

Estas violaciones a la ley afectan a los habitantes de la ciudad de México y las facultades del jefe de Gobierno, por lo que se debe decretar la invalidez de los decretos expropiatorios, expone la controversia.

Más adelante se podrá solicitar la suspensión de las obras si éstas dan inicio, explicó la consejera jurídica en entrevista, porque se tratará de un nuevo acto tendente a afectar el desarrollo de la ciudad de México.

De la violación a los ordenamientos en vigor, Ríos González dijo que la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos es una instancia tripartita de los gobiernos federal, del estado de México y capitalino, que obliga a la coordinación para políticas urbanas, de tal forma que no se puede actuar al margen en casos como el del aeropuerto en el municipio de Texcoco.

En prevención de que el gobierno federal en su respuesta a la controversia argumente que la expropiación fue de utilidad pública, el GDF apunta que la utilidad pública superior tiene que ver con el desarrollo armónico de una zona saturada y la preservación del medio ambiente.

Se argumenta también que no se pueden alentar las migraciones, como ocurrirá con este polo de desarrollo, y explica que de esta forma se frustrará la política capitalina de repoblar las delegaciones centrales y evitar el crecimiento en las delegaciones periféricas.

En caso de que la Corte acepte el recurso de controversia, se entregarán estudios técnicos que demuestran los daños al medio ambiente y al equilibrio de la ciudad de México, indicó la funcionaria capitalina.