JUEVES Ť 6 Ť DICIEMBRE Ť 2001
Ť Alvarez Icaza: las revisiones aleatorias pueden derivar en abusos
La CDHDF recibió este año 16 quejas contra la PFP por violación a los derechos humanos
ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ
Las revisiones aleatorias que pretende realizar la Policía Federal Preventiva en el Distrito Federal pueden generar un escenario en el que se afecte el derecho de libre tránsito y condiciones de abuso de autoridad que lesionen a la ciudadanía, advirtió el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza.
Después de toda esta reflexión que se ha hecho a propósito de la represión de los años 60, 70 y 80, la autoridad tiene que ser la primera en hacer respetar la ley. Lo sustantivo es la vigencia del estado de derecho: "Guerra sucia nunca más. Nunca más", comentó.
En el año que está por concluir la CDHDF recibió 16 quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos de la PFP, mismas que fueron turnadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por no tener competencia para conocer de asuntos relacionados con autoridades federales.
Si bien, dijo, la ciudad necesita de acciones de la autoridad para garantizar la seguridad de la ciudadanía, simultáneamente re-quiere el respeto de los derechos humanos.
"Esto que se ha dado a conocer de las revisiones aleatorias son procedimientos ilegales, pueden generar un escenario donde se afecte el libre tránsito y atente contra lo que debía ser la fundamentación, motivación y legalidad de todo acto de autoridad", señaló.
En entrevista, el ombudsman capitalino precisó que la ley lo que sanciona son las acciones de las personas que transgredan la ley, no la apariencia de las mismas.
"Es muy distinto que la autoridad intervenga en flagrancia, cuando alguien está cometiendo un delito a que se actúe conforme se considere una actitud sospechosa. Por supuesto que todo lo que implique un escenario de riesgo a la ciudadanía tiene que atenderse, pero hay que tener mucho cuidado de no generar acciones de autoridad que puedan lesionar a la ciudadanía o que eventualmente se pudiesen generar condiciones de abuso de autoridad", explicó.
El comisionado Alvarez Icaza indicó que la CDHDF intervendrá de oficio ante un acto de autoridad de esta naturaleza, pues la ley obliga al organismo a tutelar la vigencia de los derechos humanos en el Distrito Federal y si es una autoridad federal la que está involucrada, está obligada a turnarlo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
"Hay un problema de seguridad, tenemos claro que esa es la percepción de la ciudadanía y obviamente es una obligación de la autoridad tutelar la seguridad de los ciudadanos, pero lo que sí es un hecho es que estas medidas tienen que estar dentro del marco del derecho. Estas revisiones aleatorias no tienen sustento jurídico y no sólo se trata de los habitantes de la ciudad, sino de los que transitan en ella, porque tenemos colindancia con una enorme cantidad de municipios del estado de México a los cuales también habrá que garantizar la protección de sus derechos", señaló.