JUEVES Ť 6 Ť DICIEMBRE Ť 2001
Ť Presentará el proyecto el diputado socialdemócrata José Buendía Hegewisch
A debate en la Asamblea, la iniciativa de ley de acceso a la información pública
Ť Se propone crear un consejo integrado por ciudadanos, autoridades y comunicadores
GABRIELA ROMERO SANCHEZ
La fracción de Democracia Social presentará hoy ante el pleno de la Asamblea Legislativa su iniciativa de ley de acceso a la información pública para el Distrito Federal, mediante la cual se pretende garantizar ese derecho tanto a particulares como a la autoridad.
Se propone la creación de un consejo de información integrado por ciudadanos, el secretario de Gobierno capitalino, el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF y los titulares del Tribunal Superior de Justicia y de la Comisión de Derechos Humanos local, así como representantes de los medios de comunicación.
Para asegurar la participación ciudadana en la supervisión y la promoción del derecho de acceso a la información, integrarían el consejo tres ciudadanos de "reconocido prestigio", con voz y voto. Adicionalmente, se integran los tres órganos de gobierno de la ciudad para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer el sistema de contrapesos y asegurar que se acaten las decisiones de este órgano.
Se incluye a la Comisión de Derechos Humanos del DF porque el derecho a la información es una garantía constitucional, y para asegurar la transparencia y la difusión pública de las decisiones y programas del consejo se integra a tres representantes de los medios de comunicación, de radio, televisión y prensa escrita, "que actúan como promotores de las demandas ciudadanas de acceso a la información".
La propuesta, del diputado socialdemócrata José Buendía, establece la obligación para la autoridad de publicar un catálogo mínimo de información de utilidad respecto de sus funciones, su estructura, sus bienes y procedimientos, así como de la información contenida en sus archivos y los procedimientos para solicitarla.
Entre sus objetivos está regular el proceso de solicitud de información pública y se precisan las conductas violatorias que implican incumplimiento por parte de la autoridad.
En la propuesta se reconoce el derecho de los particulares a solicitar la información pública en posesión de la autoridad, con excepciones limitadas; a recibir una respuesta a su solicitud dentro de periodos razonables; a recibir la información solicitada cuando proceda, y a apelar las decisiones de la autoridad relacionadas con la solicitud.
Por su parte, la autoridad adquiere la obligación de recibir las solicitudes de información, buscar y entregar ésta o, en su defecto, explicar a los particulares las razones por las que no puede atender su solicitud.
Además, se puntualiza el derecho de los particulares a acceder a información personal de los servidores públicos.
Buendía Hegewisch puntualiza que se incluye un listado de conductas que deberán tomar en cuenta las autoridades competentes, entre las que se encuentran la omisión y la irregularidad en la publicación o actualización de la información.
Del mismo modo, considera conducta violatoria la omisión o irregularidad en la entrega de información sobre el desempeño de la autoridad, y la entrega al consejo de la motivación para considerar cierta información como reservada.