Apoyado por una amplia coalición de partidos políticos y de organizaciones civiles, Pablo Salazar Mendiguchía logró derrotar al candidato priísta Sami David David el 20 de agosto del año 2000. Las tradicionales alquimias del PRI, y otras creadas especialmente para estas elecciones, no rindieron los frutos esperados por sus patrocinadores, gracias a la fuerza adquirida por la Alianza por Chiapas a lo largo de la campaña, a la intensa movilización de ciudadanos organizados para detectar y anular las usuales triquiñuelas del Revolucionario Institucional y al gran número de células antimapaches que recorrieron un amplio porcentaje de las casillas instaladas. Además, la presencia de un gran número de medios nacionales e internacionales, que llegaron al estado para cubrir el primer proceso electoral posterior a las elecciones presidenciales, en una entidad que había estado directamente manipulada por los gobiernos centrales de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, inhibió a los priístas de actuar a sus anchas. Finalmente, la rápida difusión de encuestas de salida de las casillas y los conteos rápidos por parte de la radio y la televisión nacionales significaron una drástica reducción de espacios y tiempos para las maniobras que la dirigencia nacional del PRI, con Dulce María Sauri Riancho a la cabeza, buscó articular para revertir los resultados que les eran adversos.

Aunque a final de cuentas, después de días de amagos de impugnación de los resultados electorales, el candidato oficial aceptó el triunfo de la Alianza por Chiapas, el PRI nunca supo asimilar su derrota en las urnas. Días después de las elecciones, funcionarios alboristas y dirigentes priístas comenzaron a atrincherarse en lo que serían sus futuros reductos y promovieron reformas legislativas que les garantizaran sobrevivir políticamente una vez que entregaran la gubernatura del estado, decisiones que por supuesto estaban orientadas a imponer por la vía de los hechos un proyecto de restauración del viejo sistema.

En el acto de la toma de posesión, el 8 de diciembre de ese mismo año, al que asistió Vicente Fox Quesada ya como Presidente de México, Mario Carlos Culebro, presidente del Congreso de Chiapas y del Comité Directivo Estatal del PRI, le declaró la guerra legislativa a Pablo Salazar. El priísta quiso transformarse instantáneamente en adalid de la democracia y apologista de la pluralidad política, lo que le valió sonoras rechiflas y sentidos recordatorios familiares por parte de los asistentes en las tribunas altas del Polyforum, en Tuxtla. Los tumbos y desatinos de Mario Carlos desembocaron en la pérdida de su posición dentro del Congreso y del PRI. Hoy es, de acuerdo con el reportero Oscar Gutiérrez, de Páginas (semanario dirigido por Juan Balboa, corresponsal de La Jornada en la entidad), "un cadáver sin ninguna posibilidad de ejercer la política en Chiapas".

El primer gran reto del nuevo gobernador, ex senador e integrante fundador de la Comisión de Concordia y Pacificación, fue construir la gobernabilidad en contra de los intereses de la clase política tradicional y los múltiples rezagos de la entidad. En los primeros meses de este año, con un Congreso ampliamente dominado por el PRI ?eran integrantes de este partido 26 de los 40 diputados? y un Supremo Tribunal de Justicia hostil, cuyos magistrados habían sido nombrados por Roberto Albores Guillén, el estrenado mandatario estatal tuvo que enfrentar distintas andanadas que desde muy temprano le apostaron a forzar un interinato.

Las resistencias priístas, y de los representantes de los intereses ilegítimos del estado, al nuevo gobierno tenían por objeto minar la legitimidad y el mandato recibidos en las urnas; sus esfuerzos desestabilizadores se manifestaron en la amplia red de intereses forjada al amparo de las pasadas administraciones: organizaron motines policiacos, golpeteos legislativos, amenazas desde el Supremo Tribunal del Estado, oposición desaforada a la política gubernamental de tender puentes con las bases zapatistas, y usaron espacios universitarios bajo su control para, escudados en la autonomía, seguir usufructuando cupularmente los recursos institucionales.

Cabe mencionar que el presupuesto estatal del próximo año va a ser el primero cuya conformación será obra del presente gobierno, ya que el del primer semestre del 2000 fue prácticamente el mismo que ejerció Albores Guillén, pues el Congreso rechazó el proyecto del Ejecutivo estatal. El PRI, acaudillado por Mario Carlos Culebro, quiso, pero no pudo, paralizar al primer gobierno elegido democráticamente en las urnas por los chiapanecos. Los cambios que la bancada priísta se obstinó en hacerle al presupuesto fueron vetados por Pablo Salazar. Lo hizo porque los diputados del Revolucionario Institucional querían dejar casi sin fondos a la recién creada Secretaría de Desarrollo Social y autorizar a un Poder Legislativo, dominado por ellos, recursos financieros proporcionalmente mayores que los aprobados para sectores de la administración pública que tienen a su cargo servicios y realización de obras básicos para Chiapas.

Uno de los asuntos que mayores discusiones provocó fue el suscitado por los cambios en el Tribunal Superior de Justicia. Al día siguiente de su toma de protesta, Pablo Salazar decretó la desaparición de la Comisión Estatal de Remunicipalización, uno de los organismos creados por Albores Guillén para presionar a las bases zapatistas. Posteriormente, la Procuraduría dio inicio a una investigación por malversación de 2 millones de pesos en esa comisión, cuya responsabilidad apuntaba hacia el presidente del tribunal, Noé Castañón. Después de varias semanas de resistirse y ante una creciente oposición interna de los magistrados a que permaneciera como presidente del tribunal, en la segunda quincena de marzo se separa de su cargo. Es así que surge entre los otros integrantes del órgano una disputa de interpretaciones sobre cuál era el procedimiento que señalaba la ley para sustituirlo. El ordenamiento establece que si el magistrado presidente solicita licencia para retirarse de su cargo, quien debe asumir temporalmente la conducción del Tribunal Superior de Justicia es el magistrado decano, quien a su vez debe convocar a la elección de un nuevo presidente. La misma ley previene que si el magistrado presidente renuncia, la convocatoria a elecciones tiene que ser inmediata.

Un grupo consideró que Noé Castañón renunció, y otro, conformado por la mayoría, que fue solicitud de licencia. El primero nombró a Jorge Clemente como nuevo presidente, y el segundo reconoció que la presidencia le correspondía al decano Enrique Flores. Quienes nombraron a Jorge Clemente intentaron tomar las instalaciones del Supremo Tribunal, razón por la cual el decano en funciones de presidente solicitó la intervención de la policía para resguardar la sede de este órgano. Fue entonces cuando, como una medida de presión, los magistrados alboristas se instalaron por un par de días en las puertas del Congreso y durante semanas en el Parque Morelos de Tuxtla Gutiérrez. La votación convocada por el decano resultó en la elección del doctor Juan Roque Flores como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia. Los magistrados que se separaron del órgano judicial presentaron un recurso de controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la esperanza de que ésta declarara ilegal el nombramiento de Roque Flores. Sin embargo, el veredicto de la Suprema Corte, dado el 5 de septiembre, les fue contrario a sus aspiraciones. Todas las acusaciones de intervencionismo que los alboristas lanzaron contra Salazar Mendiguchía no pudieron ser sostenidas, por lo que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convirtió en un duro golpe para los magistrados leales a Castañón.

A encarar estos desafíos, a desactivar poco a poco lo que podríamos llamar la nomenklatura chiapaneca, con el fin de desmantelar su intrincado tejido, la nueva coalición gobernante ha dedicado una parte importante de su tiempo y energías. Ha sido de tal magnitud el esfuerzo realizado para desmantelar las viejas estructuras, tan fuertes la resistencias de los grupos de interés que a como dé lugar quieren mantener sus privilegios y de tal impacto político las consecuencias de los cambios, que los distintos actores sociales y políticos perciben de muy distinta manera los sucesos y el desempeño del gobierno.

Uno de esos actores, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, cuyas opiniones tienen un gran peso político, al hacer un balance del gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, puntualiza: "Algunas organizaciones sociales pensaron que el cambio del gobierno estatal significaría en sí una solución inmediata a sus problemas. Sin embargo el proceso de construcción de la gobernabilidad en el que ha estado inmerso el nuevo gobernador de Chiapas ha dificultado el desarrollo de las políticas sociales en el estado. Aunado a ello, gran parte de las políticas públicas de atención a las comunidades son programas que derivan directamente de la esfera federal por lo que esto se dificulta aún más" ("Breve balance del gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía", Yorail Maya, núm. 1, julio-septiembre 2001).

Es verdad que de no haberse dado la resistencia priísta a estas transformaciones impulsadas por la sociedad y por el gobierno quizás se hubieran podido impulsar otras iniciativas o avanzar más en las decisiones ya tomadas. Sin embargo, así como la intensidad de las asonadas y la necesidad política de diluirlas, hasta revertirlas, ha requerido una importante atención y dedicación por parte de la nueva administración, en paralelo el gobierno aliancista ha impulsado programas de desarrollo de las distintas áreas de su competencia, de manera particular en lo que se refiere a las políticas de desarrollo social de la entidad. Además el gobierno de Chiapas logró que el gobierno federal aceptara discutir el diseño y la instrumentación de las políticas sociales federales para Chiapas, en especial el tan controvertido, por sus connotaciones contrainsurgentes, Programa de las Cañadas, para evitar que fuera utilizado en contra de las organizaciones sociales y el movimiento zapatista. Todo este esfuerzo ha sido acompañado por una labor gubernamental de construcción de consensos con todos los sectores sociales que no ha sido nada despreciable. En todo caso, ha sido más determinante la limitación de recursos impuesto por el gobierno federal, que las dificultades para construir una nueva gobernabilidad. A ello hay que agregarle los problemas de ineficacia y de ineficiencia en algunas áreas atribuibles al noviciado.

Por otra parte, el sector de la prensa estatal que recibió grandes prebendas durante los distintos gobiernos priístas, pero sobre todo en la administración de Albores, se le fue a la yugular a Salazar Mendiguchía. Distintos medios impresos, que crecieron por su simbiosis con el poder en turno, de la noche a la mañana quisieron aparecer como defensores de la crítica y la independencia. Los mismos que siguieron las consignas alboristas en sus sueños faraónicos y sus desaforados planes de remunicipalización, así como en las agresiones abiertas y embozadas a las bases zapatistas, son los que durante todo este año han estado enarbolando la bandera de la democracia y la consigna de que en Chiapas el autoritarismo gubernamental es mayor que nunca antes. Otro sector de la prensa chiapaneca, en el que desde siempre se ha ejercido la documentación de los excesos del poder, le ha dado seguimiento a casos polémicos surgidos en el actual gobierno. Una y otra prensa han publicado sin restricciones lo que han querido. Este es un punto que habla bien del gobierno encabezado por Pablo Salazar, quien durante su campaña se refirió en repetidas ocasiones al necesario vínculo que existe entre la libertad de expresión y la democracia.

Los autoproclamados mártires de la libertad de expresión, derecho que nunca defendieron con Albores y sus antecesores, le adjudican a Salazar un poder que no tiene. Aunque el gobernador quisiera censurar a un medio, en las actuales circunstancias del país y también de Chiapas esa posibilidad no puede tener lugar. Nacional y regionalmente la sociedad y la prensa ya no permiten los excesos gubernamentales que antes eran normales. Recordemos la andanada de críticas nacionales y extranjeras que se dejaron caer sobre Fox, cuando culpó a los medios de los escándalos armados por sus declaraciones en su reciente gira por Europa.

Pablo Salazar recibió como herencia la entidad con mayores rezagos en el país. A esta contundente realidad se le añadía el hecho que desde enero de 1994 el estado se convirtió en centro de atención mundial, debido al bien conocido alzamiento zapatista y el desnudamiento que el mismo hizo de una supuesta transición hacia la modernidad bajo el liderazgo de Carlos Salinas de Gortari. Si las reivindicaciones del EZLN fueron un golpe certero y duro contra las aspiraciones neoliberales de Salinas y sucedáneos, en Chiapas las consecuencias fueron todavía mayores porque el movimiento rebelde evidenció en toda su crudeza el colonialismo interno al que el PRI sujetó a la entidad por décadas.

Frente al largo listado de carencias de la sociedad chiapaneca, la propuesta de gobierno de Salazar Mendiguchía se concentra en siete prioridades, puntos que resaltó durante sus recorridos de campaña para la gubernatura: educación, salud, impartición de justicia, protección de los recursos naturales, reactivación económica, construcción de infraestructura y mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de los chiapanecos. En la implementación de estos siete grandes rubros les debe acompañar una serie de políticas transversales. Es decir, acciones de gobierno que tengan en cuenta la equidad de género, una nueva relación con los pueblos indios del estado, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el fortalecimiento de una cultura de paz y la participación de la sociedad para orientar las políticas gubernamentales. Acerca de qué tanto ha progresado la administración de Pablo Salazar en la consecución de los ejes que orientan sus acciones de gobierno, también existen opiniones encontradas.

Si el equipo que evaluó el estado de la educación mexicana en los inicios del salinismo, y concluyó que el nuestro era un desastre educativo, tuviera a su cargo un diagnóstico pormenorizado de la materia en Chiapas, tal vez quedaría sin aliento y concluiría que en la entidad no existe un desastre sino un horror. La educación en Chiapas ha sido históricamente el rezago de rezagos. En educación primaria la entidad tiene la tasa de deserción escolar más alta del país, la de reprobación alcanza el segundo lugar y la de eficiencia terminal es la más baja de la nación. A casi la mitad de las escuelas les urge reconstrucción y/o mejoramiento de las instalaciones existentes y equipamiento adecuado para la enseñanza-aprendizaje. Además, 23 de cada cien habitantes no saben leer, y muchos que dicen saber hacerlo en realidad son analfabetas funcionales. Detener la erosión educativa y revertirla para orientarla en un nuevo camino que aumente las tasas de escolarización en todos los niveles representa un reto estructural para el que no alcanzarán seis años de gobierno. Lo que sí puede hacer la administración de Pablo Salazar es sentar las bases para que el sistema educativo tenga una nueva plataforma, desde la cual se puedan alcanzar las metas de bienestar escolar que reflejen una mejor distribución de recursos financieros y humanos en el sector.

Todo apunta a que en eso se están concentrando los esfuerzos del nuevo gobierno. Para el próximo año el presupuesto educativo de Chiapas se incrementará casi 20 por ciento con respecto al de 2001. Este aumento deberá sostenerse y ampliarse en los siguientes años para lograr algunos cambios significativos en el sistema escolar, como la ampliación de la matrícula, la elevación de los índices de aprovechamiento y una mayor eficiencia terminal en los distintos niveles de escolaridad.

No cabe duda que un presupuesto educativo con crecimiento sostenido es un elemento fundamental para abatir rezagos. Pero también cuentan la voluntad política y el compromiso social para hacer las cosas de manera diferente con los medios que se tienen a la mano. En una especie de anticipado informe de gobierno, el 27 de septiembre en Las Margaritas, Salazar Mendiguchía se refirió a la manera en que se efectuó la convocatoria y el concurso para obtener una plaza en el magisterio. En el pasado las anomalías y los favoritismos, consecuencia de la manipulación del proceso para la obtención de plazas, provocaron frecuentes movilizaciones y actos de protesta por parte de los maestros. El gobernador describió cómo se llevó ahora a cabo este mecanismo: "Por primera vez hicimos un concurso, una convocatoria pública para que todos los maestros que quisieran aspirar a obtener una plaza pasaran por ese filtro. Pedimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a los padres de familia y a los notarios que se metieran (a vigilar el asunto). ¿Y qué es lo que resultó? Por primera vez no tenemos tomas de palacio, no tenemos tomas de carreteras, porque el proceso para asignar las plazas a los maestros fue rigurosamente transparente. Los maestros que no obtuvieron plaza quedaron en una bolsa de trabajo, para que cada vez que vaya quedando una vacante, esos maestros puedan ocuparla. Así hicimos este año la nueva selección de los maestros para este Chiapas democrático".

La devastación chiapaneca también se ve reflejada en los índices de salud. En el estado todavía existen graves problemas de salud asociados a condiciones de pobreza y marginación, como la muerte ocasionada por enfermedades curables, además de las dificultades provocadas por el escaso abasto de medicamentos, la poca cobertura de los servicios médicos, la insuficiente infraestructura hospitalaria y los bajos salarios de los médicos que laboran en el sistema público. Como ejemplo podemos mencionar que la amibiasis, la salmonelosis y el cólera representaron, según cifras oficiales, la cuarta parte de la morbilidad registrada en el año 2000. Las infecciones virales, bacterianas o parasitarias, como la tuberculosis, conformaron casi la mitad de los padecimientos registrados en el mismo periodo. Pero es en el Chiapas rural, en el que vive 54.3 por ciento de la población, según el Censo del año pasado, donde los niños padecen infecciones intestinales y respiratorias en porcentajes muy por encima de la media nacional. La oncocercosis tiene una alta incidencia en las regiones Sierra y Soconusco, mientras que el tracoma alcanza niveles alarmantes en Los Altos (hecho que La Jornada documentó en su edición del pasado 21 de noviembre). Sin duda, las condiciones de salud de la población reflejan las grandes desigualdades sociales que aún existen en dicha entidad.

Lo que este gobierno acepta, el anterior se esforzó por ocultarlo. El secretario de Salud con Roberto Albores Guillén, Humberto Córdova Cordero, negó que el tracoma tuviera grandes dimensiones en Chiapas, con el fin de, subraya el investigador de El Colegio de la Frontera Sur, Héctor Ochoa, "calificar en la certificación (del programa) Salud para todos de la Organización Panamericana de la Salud a finales del año 2000" (nota de Elio Henríquez). Sin embargo, el tracoma es una infección de grave incidencia en la zona tzeltal de Los Altos: entre 10 y 12 por ciento de la población la padecen. La bacteria conocida como clamidia tracomatis provoca inflamación en los ojos. En su primera etapa, esta enfermedad puede curarse con adecuadas medidas de higiene, como lavarse con agua limpia y jabón; pero en la etapa más avanzada la ceguera es inminente.

Un problema de salud como este requiere campañas educativas para prevenir su diseminación, programas sociales para crear mejores condiciones de vida en el área donde se expande esta trágica enfermedad y una asistencia médica amplia para salvarles la vista a quienes se encuentran en los primeras etapas del padecimiento. El gobierno estatal ha anunciado acciones en este sentido, de su correcta aplicación depende que esta administración sea considerada de manera diferente a la que minimizó el problema por salvaguardar sus intereses políticos. Por ello, la Secretaría de Salud está trabajando en la elaboración de los planes municipales de salud y lo está haciendo a partir de una amplia discusión con todos los sujetos necesariamente involucrados: ayuntamientos, trabajadores de la salud, organizaciones sociales, destinatarios de los servicios y funcionarios de las diversas dependencias estatales y federales, con el propósito de definir las mejores estrategias a desarrollar y establecer las prioridades.

El nuevo gobierno se encontró con unidades médicas públicas devastadas y en un completo desabasto de medicamentos. Los recursos destinados a salud en Chiapas son provistos directamente por el gobierno federal, mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. Por varios meses el nuevo gobierno gestionó una ampliación presupuestal federal por 250 millones de pesos, con el fin de atender la emergencia en este sector. Como a muchas otros requerimientos de apoyos, la administración foxista dijo que sí, pero los fondos nunca llegaron. Lo que sí llegó fue una nueva promesa, siete veces menor a los 250 millones originales. De todas maneras, la nueva cantidad ofrecida tampoco ha sido canalizada y lo más probable es que ya no llegue.

Como en el caso del sector educativo, en el de salud hará falta un esfuerzo presupuestal y de voluntad política, así como de honestidad en el manejo de los recursos financieros, para reorientar en el sentido correcto de un auténtico desarrollo un área central que mide los grados de bienestar alcanzados por una sociedad. Si los escasos recursos del sector salud se aplican a los rubros a que fueron destinados, y no a la promoción y el enriquecimiento de los funcionarios, como proverbialmente aconteció en los regímenes priístas, se logrará un modesto pero significativo avance en el combate preventivo a las enfermedades que abaten sobre todo a la población indígena.

El proyecto que llevó a Pablo Salazar a la gubernatura tuvo, y tiene, como una de sus propuestas fundamentales la resolución justa y digna del conflicto gobierno federal-Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Desde sus años como senador, Salazar Mendiguchía se destacó como integrante fundador de la Cocopa por lograr acuerdos que fueran a la raíz de los problemas que condicionaron el alzamiento armado. Estuvo entre los impulsores de los acuerdos de San Andrés y redactores de la iniciativa de derechos indígenas de la Cocopa. La defensa decidida de los mismos y la crítica a su incumplimiento por parte del gobierno federal le valieron la animadversión de sus compañeros de partido y del ex presidente Ernesto Zedillo. Cuando en los primeros meses de este año se presentó una posibilidad de abrir cauces a la solución del conflicto, con el envío de la iniciativa de la Cocopa al Poder Legislativo por parte de Vicente Fox, el gobernador chiapaneco abogó en distintos foros a favor de esa propuesta de ley. Igualmente ante la polémica desatada por la realización de la marcha zapatista, cuyo fin era el de exponer ante el Congreso de la Unión su punto de vista sobre por qué debería aprobarse dicha iniciativa, Pablo Salazar se puso del lado de quienes reivindicaron el derecho de las organizaciones participantes a recorrer en caravana el país y acceder a la tribuna legislativa.

Al comparecer ante las comisiones unidas del Senado de la República, el 29 de marzo, Salazar Mendiguchía instó a los senadores a pronunciarse en favor de la ley aceptada por los zapatistas: "Aprobar la ley servirá para acallar las armas, las de ellos y las de otros luchadores que no conocemos. Servirá para hacer triunfar una causa que ya pertenece a otros y que definirá el sentido verdadero de la modernidad de México. Servirá para fortalecer el régimen democrático."

Como sabemos, Fox Quesada no defendió la iniciativa, sino que simplemente cumplió con el trámite burocrático y se desentendió de su desarrollo en el Congreso nacional. La reforma sobre derechos y cultura indígenas que aprobaron los legisladores fue indignante para el EZLN, las organizaciones indígenas, las comunidades de pueblos indios del país, los estudiosos de la materia y la ciudadanía que esperaba una solución que apostara por la justicia y la paz.

En consecuencia, con la postura sostenida desde la primera Cocopa, a lo largo del enfrentamiento con Albores Guillén y sus incondicionales en el Congreso y el PRI, y ahora como gobernador, Pablo Salazar ha promovido la reanudación del diálogo y la creación de un clima de reconciliación, y ha fomentado la difusión de una cultura de paz. A pocas semanas de su toma de protesta, Salazar Mendiguchía ordenó el inició de la liberación de los presos zapatistas encarcelados por delitos del fuero común en prisiones del estado, se pronunció por el desmantelamiento de las bases militares señaladas por el EZLN como uno de los requisitos para reanudar el diálogo con el gobierno federal, nombró como su representante en la Comisión de Concordia y Pacificación a César Chávez, quien fue su compañero durante la primera Cocopa e impulsor decidido de los acuerdos de San Andrés, y designó a Juan González Esponda como comisionado para la Reconciliación de las Comunidades en Conflicto.

Durante la última semana de febrero, en medio de un ambiente político tensado por amenazas de grupos antizapatistas, el nuevo gobierno contribuyó a resguardar junto con la sociedad civil el paso de la caravana zapatista, encabezada por 24 integrantes de la Comandancia Clandestina Revolucionaria e Insurgente del EZLN, a la ciudad de México. La evolución de la marcha fue transmitida por las estaciones de radio y televisión estatales.

En el mes de julio, cuando los congresos estatales del país discutían y votaban la reforma constitucional indígena aprobada por el Congreso de la Unión, los gobernadores de Chiapas y de Oaxaca dieron a conocer el Llamamiento del Sur, en el que pedían a los legisladores estatales no aprobar dicha reforma y llamaban "al propio Congreso de la Unión a considerar lo evidente", que la reforma que había aprobado "no permite un cambio de fondo de las relaciones entre los pueblos indios y poderes civiles, no otorga a los indígenas los derechos suficientes para construir su futuro y mantener la vitalidad de su cultura, y no sienta las bases para establecer la paz con el EZLN en Chiapas y disipar el riesgo de estallido social en el estado de Oaxaca y en otras regiones del país".

Aunque a nivel nacional la reforma fue ratificada, la labor de convencimiento del gobierno de Chiapas logró que el Congreso estatal, ampliamente dominado por el priísmo, rechazara la ley sobre derechos y cultura indígenas aprobada por el Congreso de la Unión. La negativa del Legislativo chiapaneco a dar su visto bueno a una ley rechazada por el EZLN y el Congreso Nacional Indígena estuvo cargada de simbolismo, ya que Chiapas es, junto con Oaxaca, una de las entidades con mayor población indígena.

Las pasadas elecciones del 7 de octubre para elegir diputados y presidentes municipales cerraron el ciclo político abierto en febrero de 1999 con la postulación de Pablo Salazar al gobierno del estado, el surgimiento del Movimiento de la Esperanza y la conformación de la Alianza por Chiapas. Si bien los comicios se desarrollaron tranquilamente, éstos se llevaron a cabo con un código electoral reformado por el PRI unas semanas después de las elecciones de gobernador, que en los hechos dio el control de la elección a ese partido y que creó las condiciones jurídicas para que el sectarismo de los dirigentes partidarios de la otrora Alianza por Chiapas se impusiera e impidiera la integración de una nueva coalición a nivel estatal.

Aunque continuó la caída tendencial de la votación del PRI que se viene dando desde 1991 (en la elección de 1998 obtuvo 47 por ciento y en esta 34 por ciento), el PRI ganó 72 de los 118 ayuntamientos que componen el estado y la mayoría de los diputados del Congreso. En números la recién estrenada LXI Legislatura de Chiapas le es menos desfavorable al gobierno de Salazar Mendiguchía. No obstante que el PRI tuvo un ligero retroceso con respecto a la conformación del Congreso anterior, todavía es mayoría con 24 de los 40 diputados (el sistema electoral favorece notablemente a ese partido: con el 34 por ciento de los votos tiene el 60 por ciento de los diputados). Sin embargo, esta mayoría no es compacta ni opositora a ultranza hacia la administración que les arrebató la gubernatura. Mediante cuidadosas labores de cabildeo, para unos, o negociaciones secretas, de acuerdo con sus críticos, lo cierto es que el proyecto político social que encabeza Salazar Mendiguchía cierra el año de manera contrastante a como lo inició. De haber estado bajo la constante amenaza de una camarilla priísta que no le auguraba seguir en el poder más allá de las elecciones del 7 de octubre, ahora es acusado por sus detractores de haber doblegado a la anterior Legislatura en sus últimos meses en funciones, y de controlar a la que está iniciando. Los cercanos a la óptica del gobierno argumentan que la transformación es producto del avance de una propuesta progresista, y no fruto de negociaciones vergonzantes; mucho menos implica un retroceso de la alternativa apoyada por un tercio de los sufragios ciudadanos. En cuanto a espacios de relación con el Congreso, Pablo Salazar pasó del tiempo nublado que anunciaba torrencial, al despuntar de la luz que, aunque precariamente, algo ilumina.

Uno de los focos rojos encendidos, otro más, al asumir Pablo Salazar el gobierno de Chiapas era la intolerancia religiosa. Chiapas es la entidad que tiene la mayor presencia porcentual de credos no católicos, sin embargo presenta el mayor número de casos de hostigamientos y expulsiones debido a diferencias religiosas. Esto último fue reconocido el pasado mes de abril por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, quien señaló que en algunos estados del país, particularmente en Chiapas y Oaxaca, la intolerancia religiosa "era una bomba de tiempo". Esta problemática representa uno de los más graves conflictos que afectan a la sociedad chiapaneca, especialmente a los niños y las mujeres, y que la nueva administración tendrá que ir resolviendo para poder restablecer las relaciones sociales y crear un clima de paz.

Mientras la media nacional de población católica en el país es de 88 por ciento, en Chiapas el porcentaje es 25 puntos menos del promedio nacional (63.8). Los protestantes/evangélicos alcanzan en la entidad prácticamente el 20 por ciento, si sumamos a este renglón los adventistas que el censo del 2000 coloca erróneamente en el apartado "iglesias bíblicas no evangélicas" (junto con mormones y testigos de Jehová). Pero la cifra de creyentes evangélicos se incrementa de manera muy importante en las zonas ch'ol (30 por ciento), tzotzil (24 por ciento), y tzeltal (45 por ciento). En algunos municipios de estas zonas, como en las regiones Fronteriza y Selva, los credos protestantes oscilan entre 30 y casi 50 por ciento. Estos números apenas dan una idea de los cambios religiosos, sociales y culturales que se han venido gestando en Chiapas.

Si los conflictos no se han desbordado en el terreno religioso es porque ha predominado entre los hostigados, mayoritariamente evangélicos, pero también con una importante cuota de católicos identificados con la Teología de la Liberación, la postura de no responder violentamente a sus agresores. Esto es de reconocerse, pero las autoridades no pueden esperar a que siempre será de esta manera. En el equipo de Pablo Salazar hay claridad sobre este asunto, pues cuando mediante los diálogos de conciliación no han podido persuadir a los expulsadores de cesar en sus prácticas, han optado por aplicar la ley, sancionando penalmente a quienes promueven el desarraigo violento de sus coterráneos por practicar una religión distinta a la tradicional. Este es el caso de Justo Sierra, en Las Margaritas, donde los hostigadores, identificados con la CIOAC llamada histórica y cercana al PRD, fueron a la cárcel y sólo salieron de ella cuando la parte acusadora presentó un desistimiento después de llegar a un acuerdo conciliatorio en el que se permitía regresar al poblado a las familias expulsadas. Lo que tuvo lugar hace dos semanas. Por cierto que en su regreso el grupo estuvo acompañado por el gobernador, pastores evangélicos y el obispo Felipe Arizmendi.

Si la opinión pública, e incluso en buena medida los especialistas y críticos, aceptan la existencia de intereses, déficits estructurales, inercias, vicios enquistados en los mandos medios encargados de instrumentar los planes de gobierno, falta de apoyo real de la Federación, y otros obstáculos que impiden avanzar a la administración de Salazar Mendiguchía en la solución de las demandas ciudadanas; en el tema del respeto a los derechos humanos y la política hacia la dirección y las bases zapatistas, cualquier error, descuido u omisión no sería aceptado ni entendido.

Esta actitud de la sociedad se debe a distintas razones. Primero que nada está fundamentada en las expectativas generadas por el propio Pablo Salazar. Debido a que durante su pertenencia a la Cocopa defendió los derechos humanos y combatió la militarización de la entidad y la estrategia de contrainsurgencia desatada por Albores Guillén, ahora como gobernador se encuentra doblemente comprometido a garantizar el respeto de los derechos humanos.

Además de su enfrentamiento con la escalada alborista, Pablo Salazar mantuvo una línea que lo llevó a discrepar públicamente del enfoque y las acciones que ordenó instrumentar el ex presidente Ernesto Zedillo. En un documento, que desde su mismo título anunciaba sus críticas de fondo, "El fracaso de una imprudente estrategia gubernamental para Chiapas" (publicado en un Perfil de La Jornada, el 1º de julio de 1998), el entonces senador se refirió a la matanza de El Bosque (10 de junio de 1998), como el desenlace necesario de una obsesión gubernamental por arrinconar a los zapatistas. Con el pretexto de dar cumplimiento a órdenes de aprehensión contra 15 personas en las comunidades de Chavajeval, Unión Progreso y la cabecera municipal de El Bosque, más de mil elementos de seguridad pública del estado, de la PGR y del Ejército Mexicano, realizaron un operativo en la zona, que en realidad era una mascarada para encubrir su verdadero objetivo: disolver violentamente el municipio autónomo San Juan de la Libertad y golpear a las bases de apoyo del EZLN. Salazar Mendiguchía calificó la incursión con aseveraciones muy directas. "En un operativo, 'de cuya dimensión no se tiene registro desde los primeros días de 1994', las fuerzas de seguridad mataron a por lo menos ocho personas e hirieron a muchas más; detuvieron a medio centenar de indígenas, con formas y procedimientos claramente violatorios de los más elementales derechos humanos; arrestaron ancianos y ancianas; maltrataron a mujeres; saquearon, devastaron y mancillaron casas (los policías defecaron en los cuartos y habitaciones de las casas); cortaron el suministro de agua; robaron pertenencias y alimentos; vejaron y humillaron a los pobladores de esas comunidades... lo que ocurrió en el municipio El Bosque, por los actores directamente involucrados, por su forma de actuar, por las acciones emprendidas, por lo que cuentan los testigos (afectados y medios de comunicación) y por el contexto en el que se dio, hacen de ese acontecimiento un hecho de una gran relevancia que sin lugar a dudas afecta el proceso de paz en Chiapas... ¿Cuál es la diferencia entre la brutalidad y saña con que actuaron los asesinos de Acteal y la forma en que en El Bosque acribillaron, con absoluta alevosía y ventaja, a los pobladores de esas comunidades?"

Al proyecto de la alianza de partidos y organizaciones civiles que postuló a Pablo Salazar para la gubernatura, se sumaron colectivos e individuos convencidos de que estaban respaldando una propuesta de gobierno en la que la protección a los derechos humanos sería un punto de mucha atención en la agenda social. Además, la cuestión estaba, y continúa presente, en el ánimo internacional, como lo revelan los pronunciamientos al respecto de organizaciones humanitarias y la presencia en tierras chiapanecas de observadores de derechos humanos de distintas partes del mundo. Asimismo, los organismos nacionales y estatales, particularmente las organizaciones no gubernamentales, han desempeñado una función muy valiosa en la difusión del estado de los derechos humanos en Chiapas, y no permitirán que el tema sea marginado ni mediatizado por la actual administración.

Si algo se considera injusto en el Palacio de Gobierno, en Tuxtla, es que desde distintas partes surjan acusaciones de que el gobierno de Chiapas impulsa acciones contra las organizaciones sociales. El propio Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que como antes mencionamos reconoce los grandes obstáculos políticos que enfrenta esta administración para construir la gobernabilidad, señala que "los funcionarios del nuevo gobierno están respondiendo de diferentes maneras a la resolución del problema agrario; por un lado, la negociación con organizaciones amigas, y por otro, reprimiendo a aquellas independientes", además de mencionar que "las denuncias sobre la reactivación de algunos grupos paramilitares, como el caso de Paz y Justicia, muestran que no se han tomado medidas de justicia necesarias que son de competencia estatal y que se requieren para frenar las acciones de estos grupos".

Una evaluación similar hacen quienes concluyen que existe una política de doble cara de parte del gobierno de Chiapas. Por ejemplo, en el caso del desacuerdo del mandatario estatal con la liberación, el 16 de noviembre, de seis implicados en la masacre de Acteal, consideran la posición del Ejecutivo como parte de un juego político y no un compromiso auténtico. Para estos sectores sería así porque mientras reprueba la exoneración hecha por el juez federal, por otra vía el proceso de reconciliación comunitaria que enarbola el gobernador, según sus críticos, está basado en compensaciones económicas y apoyos para la producción sin que se haga justicia, sin que se castigue a los paramilitares y dejando que la impunidad siga presente.

Una política de doble juego, como la que consideran algunos se está dando en Chiapas, sería muy riesgosa y de repercusiones negativas para la credibilidad del gobierno. Me parece que no hay doblez de ánimo en el equipo que conforma el primer círculo en torno al gobernador. Y no lo hay, según mi evaluación, no sólo porque en ese equipo encabezado por Pablo Salazar existen convicciones sobre los efectos dañinos de la impunidad y la urgencia de erradicarla, sino hasta por un simple interés pragmático de no reactivar escenarios que se podrían volver en contra de quienes se animaran a reconstruirlos. En otras palabras, sería apostarle al suicidio como proyecto político de cambio el estar queriendo, por una parte, ganarse la confianza de simpatizantes o bases zapatistas y, por la otra, erosionar sus espacios sociales. No podrían hacerse ambas cosas, y eso lo saben tanto el gobernador como sus colaboradores cercanos, sin tener que pagar costos que minen el único capital que debe importarle a un gobierno democrático, el de la legitimidad.

La reacción inmediata del gobierno estatal frente a la liberación de los seis señalados como participantes en la tragedia de Acteal, no deja duda de que este hecho fue percibido como un fracaso judicial que tiene repercusiones en las acciones encaminadas a tratar de infundir confianza en los desplazados para que regresen a sus comunidades, las cuales abandonaron por temor a sufrir agresiones similares a la perpetrada en Acteal. El secretario de Gobierno, Emilio Zebadúa, se refirió a las dos vertientes que hemos mencionado. En lo jurídico, señaló que las autoridades chiapanecas esperan por parte de la PGR una apelación a la sentencia absolutoria del juez, y evaluó las consecuencias negativas de la decisión del magistrado federal para "el proceso de reconciliación y justicia que realiza el gobierno" (La Jornada, 23 de noviembre).

Para reforzar las acciones cuyo fin es acrecentar la confianza en los grupos de desplazados que regresan a sus comunidades, como el de la Sociedad Civil Las Abejas, que el 28 de agosto volvieron a su comunidad de origen, Pablo Salazar se trasladó el 27 de noviembre a Los Chorros, poblado donde múltiples testimonios señalan que se planeó el ataque armado a Acteal y donde se encuentran parte de los que, confiando en las garantías y en la palabra del gobierno estatal, decidieron regresar a la comunidad. Con su presencia el gobernador refrendó su oposición a lo decretado por el juez federal Felipe Quinto Consuelo Soto, quien exoneró a los seis ya mencionados, y enfatizó que su administración seguirá empeñada en crear condiciones para que ya no haya desplazados por razones políticas o religiosas. Volvió a referirse a que los tiempos y las circunstancias del retorno los deciden quienes han sufrido desplazamientos forzosos, por eso subrayó que "la gente decidió retornar libre y voluntariamente" a Los Chorros.

Quienes sostienen o sugieren que los retornados han sucumbido a las maniobras del gobernador, hacen a un lado o desconocen el nivel de preparación política que tiene el liderazgo de Las Abejas, y en general sus integrantes, y que les ha permitido evaluar la complejidad del contexto en que están inmersos. Esa capacidad para leer su realidad y cierta esperanza, elemento poco cuantificable, pero presente en la toma de decisiones de una colectividad donde lo religioso tiene un papel relevante, de que se puede avanzar en la construcción de un espacio en el cual poner en práctica sus aspiraciones de vida, significan un enorme compromiso para Pablo Salazar. Cuidar, salvaguardar, a los grupos de retornados y que no se cierna sobre ellos un clima ominoso es una gran responsabilidad ética y política.

Los señalamientos acerca de una doble vía gubernamental para hacer frente a los conflictos sociales, sobre todo en los que estarían organizaciones que tienen diferendos con las bases zapatistas, se han recrudecido con las disputas en Cuxuljá. Es necesario recordar que el 15 de enero de este año el Ejército se retiró de la base que tenía en dicho lugar. Cuando el año pasado la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao) se separó de las bases de apoyo zapatistas, en el poblado surgió un diferendo por la posesión de un predio de 11 hectáreas. La cuestión se tensó más cuando hace unas semanas los de la Orcao borraron un mural que es símbolo de lucha para los simpatizantes del EZLN e intentaron apropiarse del terreno. Los zapatistas afirman que la Orcao y otras organizaciones "sociales afines al gobierno de Chiapas... están provocando a las bases del EZLN" (nota de Angeles Mariscal, Elio Henríquez y Juan Balboa, La Jornada, 23 de noviembre).

A este conflicto algunos lo describen como una guerra entre pablistas y zapatistas. Descripción que esquematiza un problema más complejo. En Cuxuljá los zapatistas demandaron la intervención gubernamental para detener el enfrentamiento. Me parece que la petición de las autoridades de los municipios autónomos zapatistas a las máximas instancias del gobierno estatal, denota que aquellas han logrado diferenciar la participación de las organizaciones sociales, con sus respectivas adscripciones políticas, de la posición que guarda el gobernador del estado. De otra manera, para qué solicitar la intervención del gobierno "para evitar un enfrentamiento de mayores proporciones", si se tuviera la convicción de que el problema está auspiciado por la autoridad a la que se le exige intervenga en el diferendo.

Una decisión que pone en perspectiva el tipo de soluciones que pretende dar el gobierno a enfrentamientos como el de Cuxuljá, es haber aceptado que una instancia mediadora, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en la persona del padre Gonzalo Ituarte, sea la que conduzca las negociaciones entre las partes en conflicto. Es necesario recordar que los anteriores gobiernos, federal y estatal, arremetieron contra este mismo centro y la Comisión Nacional de Intermediación (de la que era integrante Ituarte), y acusaron a ambas instancias de tensar el conflicto gobierno federal-EZLN. La administración de Salazar Mendiguchía reconoce y respeta el lugar que el Centro Fray Bartolomé se ha ganado en la sociedad.

Emilio Zebadúa González salió al paso de quienes hablan de políticas oficiales para reducirle espacios al zapatismo: "Rechazamos tajantemente por infundadas, ligeras y un poco por irresponsables las declaraciones que han expresado que el gobierno no solamente tiene interés en este conflicto o está de parte de los grupos, sino que incluso como se ha osado decir, esto forma parte de un plan contrainsurgente... la solución debe partir de las partes en conflicto, el gobierno no pretende imponer ninguna solución desde fuera ni desde arriba. Esta debe provenir del diálogo y de ese referente histórico de convivencia en que ha participado. Ellos deben decirnos cuál es la solución" (Expreso Chiapas, 29 de noviembre). Por su parte, el vocero del gobierno de Chiapas, David Santiago Tovilla, envió a El Correo Ilustrado una precisión a un grupo que en la misma sección de La Jornada había manifestado su preocupación porque la administración de Salazar estaba impulsando acciones que provocan división en las poblaciones: "El gobierno del estado rechaza en forma categórica que se le acuse de promover proyectos que buscan dividir a las comunidades indígenas en esa región (la de Ocosingo), pues ha sido respetuoso siempre de las diferentes expresiones políticas y de sus proyectos" (29 de noviembre).

Las inmediatas reacciones de los dos altos funcionarios denotan la preocupación existente en la administración de Salazar Mendiguchía de que no se le identifique como un régimen violador de los derechos humanos. Los conflictos agrarios, políticos y organizativos en algunas comunidades tienen raíces que trascienden la coyuntura en que los enfrentamientos se están dando. Actores antes unidos en un mismo lado ahora tienen diferencias, y a veces cada uno enarbola reivindicaciones justas y legítimas pero divergentes. Es posible que en casos como el de Cuxuljá y en otros, algunos funcionarios medios no hayan logrado hacer a un lado su anterior militancia en determinadas organizaciones y continúen brindándoles su apoyo. Puede que no. En todo caso, esta falta de claridad en la delimitación de funciones y simpatías militantes, o hasta francos excesos que es necesario denunciar y rechazar, no bastan para concluir que en esta gestión se está desarrollando una estrategia y una política contraria a los zapatistas y adversa a la consecución de una paz justa y digna.

A un año de recorrer los intrincados caminos de la transición chiapaneca (y mexicana), quizás lo que puede ilustrar mejor lo que ha ocurrido en ese estado del sureste de México es el clima que hoy se vive en Chiapas. Si bien dista mucho de que la entidad se incorpore a los niveles medios de desarrollo del país y de que impere el entorno de libertades que todos deseamos, lo cierto es que quedó atrás la historia de un gobierno local faccioso, involucrado permanentemente en el conflicto, subordinado al poder federal, actuando siempre a favor de los poderosos y en contra de los desposeídos.

Si tuviéramos que poner en una balanza la relación que guardan hoy los intereses creados frente a los intereses legítimos en Chiapas, nos atreveríamos a decir que definitivamente el saldo de este primer año es favorable para las fuerzas del cambio y la democracia. Para el nuevo gobierno este año estuvo dedicado a contener los golpes del dinosaurio priísta. En buena medida no sólo aguantó las andanadas, sino que incluso hizo revirar al adversario y que se mordiera la cola. Aunque el dinosaurio todavía se mueve, ya no tiene los tamaños ni el poder que en el pasado lo hicieron imbatible en Chiapas. La abrumadora agenda social sigue allí, pero ahora el gobierno se encuentra en mejores condiciones para llevarla a cabo. La participación y vigilancia de la sociedad es imprescindible para afianzar la democracia en todos los ámbitos de Chiapas.