viernes Ť 7 Ť diciembre Ť 2001

Luis Javier Garrido

El machete

El conflicto entre el gobierno y los pueblos campesinos del Valle de México en torno al nuevo aeropuerto de la capital ha llegado también a la Suprema Corte de Justicia, poniendo a prueba una vez más al nuevo régimen, que está perdiendo toda credibilidad.

1. La decisión de Vicente Fox de construir en Texcoco el nuevo aeropuerto internacional para la ciudad de México generó un enorme escándalo no sólo porque puso de relieve los nexos entre el Grupo Atlacomulco y los Amigos de Fox, presuntos beneficiarios del proyecto, mostrando que la corrupción lejos de erradicarse se consolida en este sexenio, o porque hizo ver todas las manipulaciones antidemocráticas del gobierno, sino porque evidenció cómo el proyecto foxista de gobierno en su afán de satisfacer los intereses económicos de unos cuantos no se preocupa de destruir comunidades enteras y aniquilar uno de los pueblos fundadores de la nación.

2. Las imágenes de las movilizaciones de los campesinos de San Salvador Atenco y de otras comunidades, afectados por el anticonstitucional decreto expropiatorio de Fox, cabalgando una y otra vez hasta la ciudad de México para defender sus tierras, empuñando el machete como herramienta de trabajo, y enfrentándose lo mismo a los contingentes policiacos que buscaban inútilmente cerrarles el paso que a la cerrazón del gobierno federal, impactaron profundamente a los mexicanos en el inicio de este nuevo siglo, porque pusieron de relieve las contradicciones entre los derechos de esos hombres y de sus familias y las ambiciones de los intereses trasnacionales.

3. Las controversias constitucionales presentadas por el gobierno del Distrito Federal y los municipios de Texcoco y de Acolman (4 de diciembre), así como los amparos promovidos días antes por decenas de comunidades afectadas se sustentan, por lo mismo, en lo arbitrario e ilegal de la decisión y en su ausencia de fundamentos técnicos, pero también en un hecho incuestionable, y es que en el marco constitucional mexicano por sobre los derechos agrarios de las comunidades no puede prevalecer interés económico alguno, y de existir un orden legal en el país Fox no podría salirse con la suya.

4. La decisión del gobierno foxista no tuvo nunca sustento jurídico ni técnico porque no puede tenerlo, de ahí que en el proceso legal vaya a tener serios problemas para demostrar que su decisión tiene otro fundamento que el mero interés económico de los promotores del proyecto.

5. El proyecto del nuevo aeropuerto de la ciudad pone de relieve lo mismo a) la voracidad de los grupos financieros e industriales que apoyaron la candidatura de Vicente Fox y que ahora le están pasando la factura, y desde luego b) la corrupción depredadora del nuevo gobierno foxista, pues qué más podría justificar esta decisión, al igual que la otra: demoler el actual aeropuerto internacional, reduciendo a nada una infraestructura que es patrimonio de todos los mexicanos, con tal de lucrar también con esos terrenos. Como si se pudiera ignorar que en otras grandes ciudades se conservan funcionando aeropuertos de más de medio siglo, como La Guardia en Nueva York, Le Bourget y Orly en París o Santos Dumont en Río.

6. El gobierno actual ha alcanzado un descrédito tan descomunal no como piensa Fox en su obcecación a atribuirlo a un mal manejo de imagen y porque están fracasando sus publicistas, sino porque sus políticas son antipopulares y antinacionales, y además de todo está buscando imponerlas por la fuerza.

7. La pretensión del gobierno de Fox, por un lado, de seguir pasando por encima del orden constitucional de la República para imponer sus políticas, y por el otro las luchas de resistencia, primero de los pueblos indios en contra de la legislación indígena del régimen, y ahora de los campesinos del valle de México en defensa de sus tierras, quienes en ambos casos han acudido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está llevando a una definición al "nuevo régimen". Si la Corte sigue funcionando como en los años del priísmo, al servicio del poder político y económico, cancelando cualquier posibilidad de un estado de derecho, el país va a vivir cinco años de convulsión, pero si, por el contrario, decide erigirse como un verdadero poder independiente y fallar conforme a derecho, podría abrirse una brecha para terminar el autoritarismo, aunque esto último parezca muy poco probable.

8. La decisión de los foxistas de optar por el continuismo les ha permitido gobernar sobre las mismas bases del priísmo, pero ello está entrañando una cancelación de las expectativas de cambio. El nuevo régimen se sigue sustentando en las instituciones del antiguo, y ése es el caso del Poder Judicial, cuya Suprema Corte, si bien en el proceso de 1994-1995 recibió nuevas atribuciones, quedó integrada por decisión del gobierno de Ernesto Zedillo por ministros que en su casi totalidad son conservadores y, como ya se ha visto en diversos fallos, se han reciclado de manera pragmática al foxismo, con una peligrosa tendencia a reproducir en sus relaciones con la Secretaría de Gobernación el mismo comportamiento que tuvieron durante el último gobierno priísta.

9. Los empresarios que gobiernan hoy al país y que tanto menosprecian el orden jurídico de la República no pueden desconocer que los campesinos mexicanos han tenido históricamente un gran respeto a la vía jurídica para hacer valer el derecho a sus tierras, pero que cuando la vía legal no existe ya han sabido también defenderse de otra manera.

10. La cuestión fundamental para el nuevo régimen es, un año después, la misma del antiguo: saber si se puede construir en México un verdadero estado de derecho.