Ť Envía al Congreso proyecto de presupuesto para 2002

Rechaza decreto argentino cualquier pedido de extradición por la dictadura

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 17 de diciembre. El gobierno del presidente argentino, Fernando de la Rúa, decretó hoy el rechazo de todos los pedidos de extradición solicitados por tribunales extranjeros en las diversas causas que se tramitan sobre violaciones durante la última dictadura militar (1976-83) y, por otro lado, envió al Congreso su proyecto de presupuesto 2002, que contempla otra fuerte reducción del gasto público, por casi diez mil millones de pesos (igual dólares).

La administración sigue sin atender la grave crisis que podría desembocar en estallido social, y que ha obligado a algunos gobiernos provinciales a repartir asistencia alimentaria a los desocupados para evitar saqueos a supermercados.

Según el ministro de Economía, Domingo Cavallo, el gasto estatal bajará de unos 49 mil millones de pesos a poco más de 39 mil millones, una parte correspondiente a canje de la deuda y otro a recortes en las partidas de la administración pública. Pero ya ha advertido que si no se reducen los llamados gastos políticos, este recorte público se hará con un nuevo recorte salarial.

Esto, en un país con índice histórico de desempleo, cuatro años de grave recesión y con un derrumbe del ya debilitado consumo desde hace dos semanas, cuando el gobierno congeló los depositos bancarios y limitó la extracción de efectivo, dejando sin circulante las calles y sin sustento a quienes no cuentan con instrumentos como chequeras o tarjetas de crédito.

En un aparente esfuerzo por frenar la caída en picada del consumo, el gobierno flexibilizó hoy la bancarización al permitir que quienes reciban su sueldo en los bancos puedan retirar 500 pesos adicionales a los mil mensuales autorizados.

En distintos lugares del país, las desesperadas familias que han quedado sin sustento intentaron saquear supermercados y fueron reprimidas por policías -como sucedió hoy en la ciudad Rosario- y en ocasiones por los propios comerciantes que los recibieron a balazos, como ocurrió la víspera en la provincia de Entre Ríos. Otros comerciantes, como algunas de las afuerzas de Buenos Aires, optaron por repartir bolsas con comida a desocupados que protestaban frente a los supermercados.

Mientras, aprovechándose de la desesperación de la gente, empresas privadas han comenzado a despedir trabajadores y a rebajar los salarios, y los bancos descuentan 15 por ciento de los famosos bonos con que se pagan en provincia los sueldos de los empleados estatales. A esto se suma el maltrato a los jubilados, obligados a hacer largas filas bajo el intenso calor para cobrar sus magras pensiones.

En este contexto, una consulta popular realizada por el Frente Nacional Contra la Pobreza para solicitar la creación de un seguro de desempleo y formación de jefes de familias desocupados, tuvo un éxito sin precedentes. De acuerdo con los organizadores, a unas 20 mil mesas instaladas en calles y sindicatos de todo el país, acudieron casi 2 millones de personas.

Pero el gobierno sigue ausente, lo que despierta el temor de que el camino elegido ante la demanda popular cada vez más desesperada sea la represión. Precisamente hace unos días organismos humanitarios denunciaron que fuerzas especiales de la policía de Estados Unidos entrenan a los grupos de elite de las policías locales para manejo de "crisis", al tiempo que rechazaron la decisión del canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, quien viajó hoy sorpresivamente a Washington, de enviar un contingente de 600 soldados a Afganistán, convirtiéndose así en el primer país latinoamericano que hace una oferta de este tipo para la fuerza de paz.

El propio presidente De la Rúa fue quien ofreció hace un mes a su colega estadunidense, George W. Bush, el envío de estas tropas -en una operación que costaría entre 10 y 20 millones de dólares- continuando así las famosas "relaciones carnales" que mantuviera su antecesor Carlos Menem y que durante la campaña electoral de 1999 se había comprometido a modificar.

Además hay rumores aquí sobre la posible instalación de bases y tropas estadunidenses en el noroeste del país y en la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay), que Washington insiste en mostrar como una supuesta zona de "terrorismo" islámico debido a la importante comunidad de comerciantes árabes que allí reside.

Esta actitud en lo militar se une a la decisión del gobierno en el ámbito de los derechos humanos, de rechazar mediante decreto oficial 1581 los pedidos de extradición hechos por tribunales extranjeros para violadores de derechos humanos en la última dictadura.

La organización Human Rights Watch sostuvo la semana anterior que el gobierno argentino "carece de una política clara de apoyo a los enormes esfuerzos que se están haciendo para esclarecer la verdad e impartir justicia", y este decreto parece confirmar el informe. La justicia de España, Alemania, Italia y Francia llevan adelante procesos contra criminales que torturaron y asesinaron a sus ciudadanos.

El decreto dispone que "las solicitudes de arresto provisorio se enviarán al juez competente dejando constancia que la Cancillería actuará de acuerdo al presente decreto frente ante un eventual pedido de extradición". Es decir, no hará nada, y de este modo, las pruebas enviadas sólo figurarán como denuncias, con lo cual hoy se emitió otro decreto impunidad para los culpables del terrorismo de Estado que asoló al país, dejando 30 mil desaparecidos.