Ť Cuestiona Ricardo Alarcón las medidas adoptadas en Washington al respecto

Cuba castigará hasta con pena de muerte a terroristas; aprueba ley el Parlamento

GERARDO ARREOLA CORRESPONSAL

La Habana, 20 de diciembre. En su reunión ordinaria de invierno, a la que asistió el presidente Fidel Castro, el Parlamento cubano aprobó hoy una ley que castigará el terrorismo hasta con la pena de muerte, en medio de críticas a la reacción de Estados Unidos a los atentados del 11 de septiembre.

La Ley Contra Actos de Terrorismo sanciona "con elevado y consecuente rigor estos hechos, atendiendo a la acrecentada peligrosidad que los mismos revisten", dijo a la Asamblea Nacional del Poder Popular el diputado José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.

Aunque técnicamente la penalización del terrorismo pudo incluirse en el Código Penal, analistas estimaron que la expedición de una ley especial es un gesto que refleja el interés político de Cuba por darle relieve a su posición en la materia.

El líder parlamentario, Ricardo Alarcón, sin mencionar a Estados Unidos, criticó ásperamente la secuela de reacciones de ese país tras "los aborrecibles ataques del 11 de septiembre", que " están siendo utilizados para aprobar precipitadamente leyes supuestamente destinadas a enfrentar el terrorismo, pero que están enfiladas también contra los emigrantes, los trabajadores y las organizaciones y personas que, sin tener relación alguna con los terroristas, son reprimidas por esta injusticia y la irracionalidad del sistema hoy imperante".

Cuestiona medidas de EU

Agregó que "sin consultar siquiera a los legisladores, se adoptan decisiones ejecutivas que cercenan derechos y garantías constitucionales, se arresta, interroga e incomunica a miles de personas, sin ser acusadas de nada, se establecen tribunales militares secretos ajenos a todo procedimiento legal y se intimida y amenaza a quienes se atreven a criticar estas medidas".

"Los derechos democráticos, que son parte de la civilización y fueron resultado de una prolongada lucha, están hoy amenazados en todo el mundo", dijo Alarcón. "Su defensa es ahora tarea de la más urgente prioridad en todas partes".

Citando al columnista del diario The New York Times, William Safire, Alarcón dijo de las medidas antiterroristas de Estados Unidos: "Como señaló un escritor conservador estadunidense recientemente, convertirían al Ejecutivo, al gobierno, a la vez, en instructor, acusador, juez, jurado, carcelero y ejecutor".

Toledo, que presentó el proyecto de ley al pleno de la Asamblea, dijo que Cuba ha sufrido la pérdida de 3 mil 478 vidas y lesiones y daños corporales a otras 2 mil 99 personas, así como "millonarios daños a su economía", a causa del terrorismo.

La ley reprime acciones que buscan "provocar estados de alarma, temor o terror en la población" y recoge elementos del Código Penal y de los convenios internacionales antiterroristas vigentes, a los cuales Cuba se adhirió masivamente en los últimos dos meses, a instancias de las Naciones Unidas, señaló Toledo.

De los 12 convenios internacionales en la materia, Cuba se había adherido y ratificado antes del 11 de septiembre tres, los relativos a la represión al terrorismo en aviones, al que afecta a agentes diplomáticos y a una convención sobre protección física de materiales nucleares.

Entre octubre y noviembre, el Parlamento cubano aprobó, y el gobierno tramitó íntegramente la adhesión de la isla a los convenios sobre secuestro de aviones, sobre actos ilícitos contra la seguridad en la aviación civil, contra la toma de rehenes, contra hechos violentos en aeropuertos civiles, contra atentados a la seguridad en la navegación marítima, contra ilícitos en plataformas fijas en la plataforma continental, sobre uso indebido de explosivos plásticos, contra atentados con bombas y contra el financiamiento del terrorismo.

Toledo explicó que en la nueva ley cubana los acusados gozarán de garantías procesales como el derecho a conocer la acusación en detalle, la presunción de inocencia, la prohibición de que sean víctimas de coacción o violencia para declarar, la opción de hábeas corpus, la privacidad del contacto con su abogado defensor, el sometimiento a tribunales ordinarios prestablecidos y la alternativa de apelación.