Ť El Congreso aprueba un incremento de 8 por ciento en el presupuesto de la central

Levantan restricciones a la CIA para la contratación de agentes extranjeros

JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES

Washington y Nueva York, 20 de diciembre. El Congreso de Estados Unidos levantó esta semana las restricciones impuestas a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la contratación de agentes extranjeros con largos historiales de violaciones de derechos humanos y aprobó un incremento de 8 por ciento en el presupuesto de esa agencia, en el contexto de la nueva guerra contra el "terrorismo".

Aunque la CIA siempre negó que estas restricciones limitaran su capacidad de recaudar inteligencia, éstas fueron resultado de un esfuerzo de grupos pro derechos humanos en este país para establecer el principio de que la agencia tenía que responsabilizarse de las acciones de los agentes u operativos extranjeros que contrataba.

La CIA adoptó las restricciones en 1995 después de que el gobierno estadunidense reconoció que un agente pagado en Guatemala podría haber estado involucrado en el asesinato de un líder guerrillero y esposo de una ciudadana estadunidense.

Esa ciudadana, Jennifer Harbury, abogada educada en Harvard, también ha presentado una demanda legal en este país acusando a la CIA y al entonces secretario de Estado Warren Christopher, entre otros, de ocultar deliberadamente información sobre su marido, Efraín Bamaca Velásquez, desaparecido en Guatemala a principios de los noventa. Bamaca fue capturado por los militares guatemaltecos y detenido durante años, torturado y finalmente asesinado por orden de un oficial del ejército que también estaba en la nómina de la CIA.

Durante todo ese tiempo Harbury realizó huelgas de hambre y otras protestas en este país y en Guatemala para exigir la presentación de su marido y, si no su liberación, por lo menos un juicio público. Pero durante años el gobierno estadunidense negó saber del caso o del paradero de Bamaca.

Después de una intensa presión pública y de algunos legisladores, el gobierno de Washington primero dijo que investigaría el caso, y finalmente el Departamento de Estado y la CIA reconocieron que sí tenían información sobre Bamaca, y que habían ocultado esto tanto al Congreso como a Harbury.

En entrevista esta semana con La Jornada, Harbury comentó que responsabiliza al ex secretario de Estado y otros altos funcionarios aquí de encubrir información que pudo haber evitado la muerte de su marido. "Sabían que aún estaba vivo mientras me decían a mí y al Congreso de Estados Unidos que no había información sobre él", dijo a La Jornada. "De haber sabido que estaba vivo, pude haber acudido a los tribunales para obtener una orden judicial de emergencia ordenando a la CIA supervisar a su empleado y obligarlos a que dejaran de torturarlo y presentarlo ante las cortes".

La corte federal de distrito aquí en Washington aceptó hace unos meses escuchar el caso de Harbury contra Christopher y otros funcionarios estadunidenses. Ese tribunal determinó que se comportaron de manera inconstitucional, ya que de forma deliberada ocultaron información sin la cual Harbury no pudo presentar una demanda legal en su contra. Pero el ex secretario Christopher y otros funcionarios acusados argumentan que no pueden ser responsabilizados personalmente por acciones del gobierno estadunidense y esta semana lograron que la Suprema Corte evalúe el caso.

Las batallas legales sobre este asunto continuarán por un buen tiempo, pero Harbury no tiene ilusión de que estos casos ante los tribunales cambiarán el comportamiento de la CIA. Dijo que ahora, después de los sucesos del 11 de septiembre, hay un problema mayor, ya que hay menos interés en discutir el asunto de los derechos humanos en el ámbito político. De hecho, desde los ataques en Nueva York y Washington existe un esfuerzo político para suspender o levantar todo tipo de restricciones sobre las actividades de la CIA que le fueron impuestas a lo largo de los últimos 20 años, y como resultado de serias preocupaciones sobre sus actividades en el mundo.

Oficialmente, la CIA insistió en que no tiene ninguna objeción a las restricciones por cuestiones de derechos humanos en estos últimos años desde que fueron aplicadas en 1995. Pero varios funcionarios estadunidenses habían comentado a La Jornada y a otros medios que la simple existencia de las restricciones había tenido un "efecto cautelar" sobre la CIA y su capacidad de relacionarse con gente que podría ser poco admirable pero que podría tener información sobre posibles amenazas "terroristas". "Miren, si uno desea obtener información sobre lo que están haciendo los malos, uno tiene que hablar con malos también", explicó un funcionario que favoreció el levantamiento de estas restricciones.

Esa actitud, acusa Harbury, es un intento de esconder la complicidad estadunidense con el terrorismo y la violación de los derechos humanos. "Si uno cree que estamos por enfrentar un bombardeo u otro ataque, estoy a favor de que la CIA le pague a quien sea por información que podría evitar eso", dijo. "Pero estoy hablando de que la CIA continúa realizando el tipo de actividades que ha llevado a cabo en las ultimas décadas, las cuales en sí son terroristas".

En particular, señaló el papel de la CIA en el golpe de Estado en Chile en 1973, y la decisión de la agencia de continuar trabajando con los militares guatemaltecos con pleno conocimiento de que estos estaban cometiendo el genocidio contra su pueblo.

"Hemos ayudado y encubierto al terrorismo, no para proteger a estadunidenses, sino para proteger a corporaciones estadunidenses", subrayó Harbury.