Evitan detención ex colaboradores de Albores viajando ocasionalmente a Chiapas

Ť El próximo lunes se definirá la situación penal del ex secretario estatal de Agricultura

ANGELES MARISCAL Y JUAN BALBOA CORRESPONSALES

Tuxtla Gutierrez, Chis., 20 de diciembre. El ex secretario de Agricultura y Ganadería del gobierno estatal, Librado de la Torre González, solicitó y le fue concedida la ampliación del término constitucional para definir su situación jurídica y será el próximo lunes cuando se le dicte auto de formal prisión o de libertad.

El ex funcionario, recluido en el penal de Cerro Hueco por los delitos de asociación delictuosa, peculado, fraude, abuso de autoridad, usurpación y ejercicio indebido de funciones públicas, rindió la tarde del miércoles su declaración ante el juez primero del ramo penal respecto de la acusación de desviar recursos destinados al campo.

La madrugada del jueves compareció ante el juez tercero penal, que lo juzgará por usurpación de funciones derivada del empleo que proporcionó a César Yescas, a sabiendas de que había sido inhabilitado por la Contraloría.

En ambos casos se declaró inocente de los delitos contenidos en los expedientes penales dados a conocer por el procurador de Justicia del estado, Mariano Herrán Salvatti, y la contralora estatal, Muna Dora Buchaín.

La noche de este jueves, la agencia de noticias Notimex informó que el juzgado cuarto de lo penal le fijó fianza por 103 mil 681.24 pesos y multa de 100 días de salario mínimo con relación a los delitos de abuso de autoridad, usurpación y ejercicio indebido de funciones y fraude en grado de coparticipación.

El secretario del juzgado, Trinidad Laguna Trejo, dijo sin embargo que De la Torre González no podrá abandonar el penal debido a que en el juzgado primero se le acusa de otros delitos, entre ellos el de asociación delictuosa, por el cual no alcanza fianza.

Es el tercer funcionario de la administración de Roberto Albores Guillén en ser detenido por delitos similares. El ex titular de la Comisión Estatal de Caminos, Arturo López Martínez, fue el primero en ingresar al penal de Cerro Hueco acusado de peculado por 4 millones de pesos, ejercicio indebido de funciones públicas y asociación delictuosa.

El segundo, el ex procurador de Justicia Eduardo Montoya Liévano, fue detenido el 6 de noviembre, denunciado por los delitos de peculado y asociación delictuosa, aunque tiene abiertos dos expedientes penales más por sus presuntos vínculos con narcotraficantes, 20 ejecuciones sumarias y financiamiento a grupos civiles armados en Chiapas.

Derivada de la auditoría que practica la secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo al gobierno de Albores Guillén, la procuraduría de Justicia del estado mantiene en total 23 averiguaciones previas contra otros tantos ex funcionarios de las dependencias del gobierno estatal; diez de esas pesquisas se hacen en la Comisión Estatal de Caminos.

Siete de ellos residen temporalmente en Estados Unidos y otros países de Europa y Centroamérica y viajan ocasionalmente a Chiapas para evitar ser detenidos, según investigaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado.

En la lista de investigados se encuentran el ex coordinador de Comunicación Social, Manuel de la Torre; el ex director del DIF, Daniel Palancares Noriega, y el ex titular del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, Mario Uvence Rojas.

Asimismo, Pedro René Bodegas Valera y Luis Alfonso Utrilla Gómez, por presuntos desfalcos realizados a su paso por la Universidad Autónoma y los servicios educativos para Chiapas, la secretaría de Gobierno y la secretaría de Desarrollo Agrario.

Se debe destacar que el ex secretario de Salud, Humberto Córdova Cordero, sufrió una parálisis parcial a causa de la presión que le produjo saberse investigado; lo mismo que el ex titular de Obras Públicas, Ismael Delfín Cristiani, quien habría evadido el arraigo en que permanecía en un hospital de la ciudad de México, donde se reponía de tres infartos y una parálisis.