Crearían plan antiterrorista México-Canadá-EU

Ť Entre los objetivos básicos, evitar la circulación de miembros de grupos extremistas

Ť Extenso documento detalla medidas adoptadas en el país tras los ataques de septiembre

JUAN ANTONIO ZUÑIGA M.

El gobierno de México presentará ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un informe pormenorizado de las me-didas antiterroristas que ha adoptado a partir de la resolución 1373, emitida por ese organismo luego de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Wash-ington. En dicho documento se anuncia la formulación de un plan trilateral con Estados Unidos y Canadá para fortalecer la seguridad fronteriza en América del Norte, y se asienta que uno de los principales objetivos de esta iniciativa es "adoptar medidas para evitar la circulación de terroristas".

En el último borrador -el cual sigue en consultas en círculos oficiales con la le-yenda "versión final"- se especifica también que, si bien "los actos de terrorismo se encuentran penalizados por la legislación mexicana", ya está en elaboración un proyecto de reformas al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada "para tipificar como delito autónomo la financiación del terrorismo".

De acuerdo con fuentes de alto nivel del gobierno federal, el texto sería leído por Adolfo Aguilar Zinser en el Consejo de Seguridad una vez que se formalice -se supone que la primera semana de enero, según adelantó La Jornada el 12 de di-ciembre- su designación como embajador de México ante la ONU.

Las mismas fuentes insistieron en que es un hecho que Aguilar Zinser dejará de ser consejero de Seguridad Nacional -oficina que según estas versiones desaparecería, al igual que otras coordinaciones adscritas a la Presidencia- para desempeñarse en ese cargo diplomático. Hay que recordar que México ocupará el próximo año un lugar en el Consejo de Seguridad.

El informe que afina el gobierno de Mé-xico precisa además: "nuestro país apoya la elaboración de instrumentos jurídicos internacionales de lucha contra el terrorismo y la eliminación de cualquier vínculo de las actividades terroristas con conductas relacionadas con la delincuencia organizada transnacional, el tráfico ilícito de estupefacientes y el de armas, el blanqueo de dinero y la circulación ilícita de materiales nucleares, químicos y biológicos".

Respuestas al examen

Fechado el 21 de este mes, el documento consta de 33 cuartillas, en las cuales el gobierno mexicano da respuesta puntual a 22 preguntas relacionadas con la resolución 1373 -sobre la lucha internacional contra el terrorismo-, adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 28 de septiembre de 2001.

Especifica: "México se encuentra agotando los procedimientos constitucionales para convertirse en parte del convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo".

En materia de lavado de dinero el informe explica la obligación de todas las instituciones del sector financiero de informar de todas las operaciones superiores a 10 mil dólares a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y detalla el marco legal vigente en materia penal, que abre una vía para sancionar el financiamiento al terrorismo, aunque por ahora este fenómeno no tenga una tipificación autónoma en la legislación penal mexicana.

Anuncia al Comité contra el Terrorismo que "las autoridades hacendarias preparan elementos adicionales para que (los intermediarios del sector financiero) puedan robustecer el análisis sobre sus clientes, a fin de que cuenten con mejores indicadores para condicionar la prestación de un servicio a determinadas personas u organizaciones".

E informa: "La SHCP se ha asegurado de que las instituciones financieras tengan a su alcance las listas de personas y organizaciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en particular aquellas elaboradas por el Comité de sanciones contra Afganistán (...) así como las proporcionadas por el Gobierno de los Estados Unidos en el marco de los acuerdos de cooperación, en las que se señalan sujetos y entidades presumiblemente vinculadas con actividades terroristas".

El documento del gobierno mexicano reconoce que en la legislación del país "no existe un tipo penal autónomo que sancione el reclutamiento de miembros de grupos terroristas" y tampoco se tipifica en forma explícita como delito "el abastecimiento de armas a terroristas como tal". Sin embargo, precisa que ya se elaboran iniciativas que llevarían a reformar el Có-digo Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, "para tipificar como delito autónomo la financiación del terrorismo".

Aclara también que se cuenta con la fi-gura delictiva de la "asociación delictuosa", en la cual entraría el reclutamiento de miembros de grupos terroristas; y que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos cuenta con suficientes elementos de control en la materia para sancionar el comercio y uso ilegal de armas de dichos instrumentos y sustancias.

El informe detalla más adelante los convenios y tratados internacionales de los que forma parte México para combatir el abastecimiento de armas biológicas; pormenoriza las medidas adoptadas para prevenir la comisión de actos de terrorismo, y explica los mecanismos de "alerta temprana" adoptados.

Sobre esto último agrega: "El Presidente de la República ha dispuesto la integración de 'Grupos de Trabajo para la Prevención del Terrorismo'", bajo un modelo que considera "los 16 temas más relevantes que requieren atención especial del Ejecutivo federal y una mejor coordinación de las dependencias vinculadas con cada tema".

A la fecha, precisa, "se han integrado los Grupos de Trabajo sobre Salud y Actividades turísticas, y están pendientes por integrarse 14 más".

También aborda otros aspectos: "En los temas de Seguridad Aeroportuaria, cuidado de las instalaciones estratégicas, vías de comunicación y los sistemas para la seguridad de las fronteras norte y sur, se han dado pasos importantes en los niveles de organización para la prevención de actividades terroristas", no obstante que no está formalizada su constitución.

El documento especifica que la Secretaría de la Defensa Nacional es la dependencia "particularmente responsable en la instrumentación de las medidas destinadas a prevenir la comisión de actos de terrorismo". Sin embargo, detalla más la acción de la Procuraduría General de la República (PGR) en esta tarea.

"La Agencia Federal de Investigaciones ?apunta? da seguimiento a presuntos grupos criminales, incluidos grupos terroristas, con el propósito de detectar a miembros o simpatizantes que llegaran a estar en el país. En el área de análisis táctico se concentra, clasifica y procesa la información sustantiva, generada por el área de investigación, y la obtenida a través de las agencias policiales con las que se mantiene enlace permanente. La AFI trabaja en estrecha coordinación con la Oficina Nacional de Interpol México."

Precisa: "La AFI desarrolla redes de vínculos y técnicas, y elabora informes y documentos temáticos con los resultados de sus investigaciones. La información obtenida por la AFI permite identificar individuos y situaciones que pueden re-presentar riesgos a la seguridad, y tomar las medidas necesarias a través de la Interpol y la cooperación con agencias de otros países".

Tareas poco divulgadas de la Armada

El texto da cuenta también de actividades poco conocidas que se desarrollan en la Armada de México. "En materia naval -describe el documento- la Secretaría de Marina coopera en el intercambio de información operacional.

 "Asimismo, con el propósito de crear una base de datos de la Armada de México que facilite la captura, almacenamiento y consulta de la información, y su intercambio con otras dependencias gubernamentales nacionales y/o del exterior, ha instrumentado, modificado o adaptado los sistemas de: información fuente (SIFAM), instalaciones estratégicas y currícula de personas y organizaciones".

El gobierno mexicano informa de los acuerdos de intercambio de información que tiene la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, con los gobiernos de Estados Unidos, Francia y España.

Y anuncia que se encuentra en negociaciones, "con diversas etapas de avance", con otros 22 países: Alemania, Argentina, Australia, Bahamas, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Corea (del Sur), Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Guatemala, Irán, Italia, Japón, Panamá, Polonia, Reino Unido, Rusia y Venezuela.

En materia aduanera menciona que "existe un estrecho intercambio con el Departamento de Aduanas de los Estados Unidos de América", y enfatiza que el gobierno mexicano cuenta con otro mecanismo de alerta temprana para el intercambio de información con otros estados, "al amparo del Convenio Multilateral so-bre Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas de América Latina, España y Portugal".

A la pregunta: "¿Qué medidas se han adoptado para intercambiar información y cooperar en las esferas administrativas y judiciales para impedir la comisión de actos de terrorismo?", el informe que presuntamente entregará Adolfo Aguilar Zinser en enero responde:

"Se mantiene estrecho contacto para el intercambio de información con países con los que se mantienen acuerdos de cooperación. En el caso de Estados Unidos, se intercambia información y se celebran reuniones con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), para evitar que terroristas utilicen las fronteras de México para ingresar en territorio estadunidense."