Ť La moratoria no sorprende; los acreedores no tienen nada que embargarle a Argentina

Lucha política por tomar el timón del Titanic

Ť ONG investigan denuncias de tortura durante la revuelta que provocó la renuncia de De la Rúa

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 23 de diciembre. El anuncio del cese del pago de la deuda externa no tomó hoy a nadie por sorpresa aquí o en Wall Street, aun cuando se trata de la mayor moratoria de la historia. Y es que no podría ser respondida con acciones legales ya que los acreedores no tienen nada que embargarle a Argentina, la tercera economía latinoamericana, o el país que fuera conocido como "el granero del mundo".

Mientras ahora todos enfocan su atención a la cuestión de la moratoria, los organismos humanitarios investigan las denuncias de torturas a manifestantes y surgen las denuncias sobre cómo algunos políticos se habrían aprovechado del hambre y la angustia de la población.

En cuanto a la deuda externa, la mayoría de los economistas locales no esperan sanciones por la moratoria de parte de los acreedores u organismos multilaterales tras el anuncio hecho por el nuevo presidente Adolfo Rodríguez Saá. De todas maneras, no se pueden descartar las consecuencias de declarar un default (suspensión del pago) sobre eventuales negociaciones de crédito u operaciones similares.

Decisión "realista"

La moratoria fue calificada aquí como una decisión "realista" del mandatario, en vista de la terrible situación social que atraviesa el país y que llevó a una pueblada que obligó a la salida del gobierno de Fernando de la Rúa.

Pero el atomizado Partido Justicialista (peronista) al que pertenece Rodríguez Saá, no parece estar a la altura del momento que vive Argentina, ya que no dudó en demorar el debate para elegir presidente para tratar asuntos partidarios que apuntan a asegurar el triunfo en marzo próximo, en una lucha política por timonear el Titanic.

En medio de este lanzamiento para la carrera presidencial y los anuncios del nuevo gobierno, ha quedado poco tiempo para saber qué pasa con las familias de las casi 30 víctimas del estallido social que este domingo seguían siendo enterradas en algunos barrios, la mayoría humildes, del país.

Organismos de derechos humanos están haciendo un seguimiento de todos los sucesos para conocer exactamente el número de víctimas y la cantidad de heridos, en momentos en que además se reciben denuncias porque varios manifestantes fueron torturados, incluso en la calle, con las llamadas "picanas portátiles".

La justicia comenzará una investigación que está a cargo de la juez María Servini de Cubría, la magistrada que el día de la violenta represión, el pasado 20 de diciembre, se presentó en la céntrica Plaza de Mayo y ordenó al jefe de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal que sacara a la policía montada y cesara la represión. "Me sacás los caballos de acá", fue la orden de Servini de Cubría, pero la policía montada volvió luego a la plaza.

También se ha revelado que en el momento crucial de los saqueos varios gobernadores justicialistas, como el de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, llamaron al presidente Fernando de la Rúa aconsejándole que impusiera el estado de sitio, el cual finalmente sólo terminaría dinamitando la violencia y provocando los hechos más graves de represión desde la última dictadura militar (1976-83).

Se sabe ahora que el ex secretario de Seguridad de De la Rúa, Enrique Mathov, no aceptó gendarmes para controlar la situación y el propio jefe de esa institución armada (policía de fronteras) reconoció que no hubo participación en los saqueos por parte de piqueteros, como se llama a los desocupados organizados.

El ahora concejal por el Polo Social de La Matanza (localidad de la provincia de Buenos Aires), Luis D'Elía, y el dirigente piquetero Juan Carlos Alderete reconocen que fue una reacción desesperada de gente que ya había llegado a un límite ante la falta de dinero para adquirir lo más básico.

Pero, por otra parte, denuncian "una acción de los servicios de inteligencia y un 'dejar hacer' de altos funcionarios del gobierno bonaerense". Ambos dirigentes advierten sobre sectores -aunque aclaran que no todos del justicialismo- que buscaban un estallido social para que se impusiera el estado de sitio y poder imponer entonces nuevos ajustes, ya que temían que una verdadera rebelión de empleados estatales los obstaculizaran. D'Elía y Alderete denunciaron además que los políticos "usaron pandillas" en las villas para alentar saqueos y sembrar el terror.

Por lo pronto, la represión contra las demostraciones pacíficas que desafiaban el estado de sitio, en pleno centro porteño, le costaron ya el cargo al jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, quien enfrenta una denuncia por crímenes y excesos.

La Plaza de Mayo, escenario de la represión del jueves que incluyó cargar contra las madres de desaparecidos que realizaban ahí su ronda habitual, lució hoy vacía, mientras asumía el nuevo gobierno.

La euforia estalló sólo entre algunos peronistas que esperaban a Rodríguez Saá en la Casa Rosada. Justamente, la diputada Elisa Carrió, de las pocas voces en la cual creen los argentinos, según demuestran las encuestas, advirtió que hay que buscar soluciones en vez de cumplir ambiciones políticas, para que la gente no piense que "tantas muertes" no sirvieron para nada.

En este contexto, esta tarde juró el nuevo gabinete con la reducción de algunos ministerios ocupando la jefatura del mismo, el ex gobernador de Santa Fe Jorge Obeid. Los cargos fueron repartidos entre los diversos sectores justicialistas, e incluso hubo lugar para un menemista, Daniel Scioli, ahora a cargo de Deporte y Turismo.

Pero tanto la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) como la Unión de Docentes Argentinos (UDA) anunciaron que reclamarán la revisión inmediata de la medida que eliminó el Ministerio de Educación y lo fusionó con Salud y Desarrollo Social. También durante la tarde llegaron a reunirse con el nuevo mandatario los dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT, oficialista y disidente), después que el nuevo mandatario anunció la posibilidad de aumento del salario mínimo a 400 pesos (dólares).

Y en algunas provincias ya comenzó la entrega de alimentos, como en Santa Fe, donde aún se mantiene el estado de sitio por disposición del nuevo gobierno. La situación en la ciudad era calma en las últimas horas.

Carta de Bush

El embajador de Estados Unidos aquí, James Walsh, entregó una carta en la que el presidente de su país, George W. Bush, felicita al nuevo mandatario argentino, pero no se conoció comentario de Washington sobre la moratoria de la deuda. Asimismo, el jefe del gobierno español, José María Aznar, y el presidente de Italia, Carlo Azeglio Ciampi, confiaron en que Argentina se recuperará "plenamente" de la actual crisis, al respaldar a Rodríguez Saá.

Desde Brasil llegaron señales diversas: el presidente Fernando Henrique Cardoso afirmó que la crisis argentina "no afectará a Brasil", aunque en declaraciones a la prensa de su país pareció sugerir una devaluación del peso, al considerar que si Buenos Aires toma una decisión "respecto del cambio más próxima del modelo que adoptamos aquí" se podría crear una moneda del Mercado Común del Sur.

Sobre la moratoria, fuentes económicas en Brasilia coincidieron en que era esperada y por ello "no causará un fuerte impacto internacional", como sostuvo Edmar Bacha, presidente de la Asociación Nacional de los Bancos de Inversión de Brasil.

La mayoría de los analistas internacionales recordaron que funcionarios estadunidenses incluso se habían expresado porque Argentina sincerara su situación, ya que no se veía solución que pudiera esquivar la cesación de pagos.

"Tenemos tiempo de estar diciendo que Argentina iba a la bancarrota, así que esta noticia no va a sorprender a nadie", dijo a Afp un economista que prefirió guardar el anonimato. "Nadie ponía en duda (la cesación de pagos). La única divergencia era que unos decían que iba a ser a principios de enero y otros que sería más tarde", añadió.