Ť No habrá sanción para quienes carezcan de SUVA, anuncia el jefe de Gobierno

López Obrador debe sujetarse a la ley, asevera la diputada Zavaleta

Ť El GDF, obligado a hacer cumplir el pago del seguro para vehículos, advierte la perredista

LAURA GOMEZ, MARIA ESTHER IBARRA Y ELIA BALTAZAR

La polémica en torno de la próxima entrada en vigor del Seguro Unico de Vehículos Automotores (SUVA) se desató ayer luego de que el jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, anunció que no se aplicará multa o sanción alguna a los automovilistas que no lo contraten, en tanto su administración no conozca a detalle cuánto cobrarán las aseguradoras. "No queremos entregar a las aseguradoras un mercado cautivo de un millón 500 mil automóviles en la ciudad de México, si aún no se define con mucha claridad cuál será el precio de las primas, pues se pueden cometer abusos", dijo.

Informó también que para negociar un costo razonable en la contratación del seguro, se acudió en principio a la Aseguradora Hidalgo, que pertenece al gobierno federal, pero ésta rechazó cualquier trato con el gobierno capitalino. "Quisimos hablar con Aseguradora Hidalgo para llegar a un acuerdo y cobrar muy poco por las primas, pero no aceptaron. Ahora no queda más que ver con la asociación de aseguradoras del país la posibilidad de fijar un precio que no lesione la economía de los automovilistas", expuso.

Luego de las declaraciones del jefe de Gobierno, las reacciones en la Asamblea Legislativa no se hicieron esperar. La diputada perredista Ruth Zavaleta, presidenta de la Comisión de Vialidad y Tránsito Urbanos, advirtió que no hay marcha atrás en la entrada en vigor del SUVA y aseguró que López Obrador tendrá que responder ante la ALDF en caso de no emprender las acciones para que los automovilistas cuenten con ese seguro e incumpla el cobro de las sanciones para quienes carezcan de dicha póliza. "La ley es muy clara y establece el pago de 20 días de salario mínimo como multa, por lo que esto no queda a voluntad o criterio del gobierno capitalino, ni de los agentes de tránsito", precisó ayer la legisladora en entrevista en la ALDF.

Si bien consideró loable la disposición del mandatario local de negociar con las aseguradoras una reducción en el costo del SUVA, lamentó que éste y otros mecanismos se encuentren frenados porque la titular de Transporte y Vialidad, Jenny Saltiel, "hasta ahora no se ha podido reunir con las empresas para hacer efectivo este seguro, por estar de vacaciones".

Ruth Zavaleta insistió en que López Obrador puede girar instrucciones a la Secretaría de Seguridad Pública para que los agentes de tránsito verifiquen que los automovilistas tengan el SUVA, aunque aclaró que por ley esta responsabilidad compete a Saltiel. "Ella debería estar instrumentando los mecanismos para que la ciudadanía supiera cómo se puede contratar y cómo funciona este seguro".

Explicó que en tanto ese proceso no se lleve a cabo, un automovilista puede acudir a una aseguradora para la contratación del SUVA, pues esto no depende del Gobierno del DF. "Es un acto entre los ciudadanos y las aseguradoras, por lo cual cada quien puede decidir con qué empresa adquiere un seguro".

Lo que sí es obligación del gobierno capitalino -insistió- es emprender una campaña de información sobre el SUVA, y disponer que los agentes viales verifiquen el cumplimiento de la ley. "Si no lo hacen, deberán rendir cuentas a la ALDF, además de que a López Obrador y a Saltiel se les aplicaría la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos", aseveró la legisladora del PRD.

El mandatario, con facultades para suspender multas: Cázares

El director de Fomento al Transporte, José Cázares Fox, aseguró que López Obrador tiene la facultad de condonar las multas derivadas de la no contratación del SUVA y de aplicar diversas medidas para reducir los costos que el seguro representará para un millón y medio de conductores que carecen de una póliza para cubrir daños a terceros.

Con base en lo establecido en el Código Financiero, explicó Cázares Fox, el mandatario tiene la posibilidad de condonar o eximir, total o parcialmente, del pago de multas mediante resoluciones de carácter general, debidamente fundadas y motivadas. "Su posible aplicación no busca, de ninguna manera, un enfrentamiento con el Poder Legislativo local, sino ayudar a los propietarios de automóviles, dado que gran parte de ellos carecen de una prima, por lo alto de su costo, y el riesgo de que las únicas beneficiarias sean las empresas aseguradoras", precisó.

Esas compañías, recordó, ocupan el segundo lugar en reclamos por incumplimiento, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.