Ť La coronela Aurora comenta que reparar el daño económicamente será insuficiente

Desde prisión, guerrillera del ERPI exige castigo para culpables de desapariciones por la guerra sucia

Ť La herida social no cerrará hasta que los responsables sean juzgados, señala

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Aun cuando el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre desapariciones forzadas de los años setenta y ochenta representa un avance contra la impunidad, es necesario que se conozca el paradero de todos los que han sido privados de su libertad y desaparecidos en estos 30 años, afirma Gloria Arenas Agis, integrante del Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI).

En entrevista vía telefónica, Arenas Agis, quien se encuentra recluida en el penal Neza-Bordo, señala que una sociedad que se considere democrática y apegada a derecho no debe mantener cotos de impunidad, y que "la herida social de los desaparecidos políticos no podrá cerrar hasta que los culpables de esas desapariciones sean llevados a los tribunales".

Sujeta a dos procesos penales, uno federal y otro del fuero común, Gloria Arenas asegura haber sido detenida en 1999, desaparecida por varios días, durante los cuales fue objeto de torturas junto con su esposo, Jacobo Silva Nogales (comandante Antonio), por parte de efectivos militares y agentes de la Procuraduría General de la República.

Afirma que su detención ocurrió en el estado de San Luis Potosí, sin embargo, en el expediente de la acusación federal por terrorismo se señala que fue aprehendida en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, donde enfrenta un juicio por homicidio, sin que existan pruebas de su responsabilidad, pero con base en un reporte del Ejército, informó su abogada, Bárbara Zamora.

"Durante estos 30 años los familiares de los desaparecidos políticos han padecido penalidades indescriptibles, mas nunca cejaron en la demanda de presentación de sus seres queridos y de justicia, pero las autoridades siempre negaron lo ocurrido; sin embargo ahora, en un acto sin precedentes, el presidente Vicente Fox y la CNDH reconocen lo denunciado tantas veces sobre la guerra sucia: que sí hay desaparecidos, que sí se les torturó y que esos crímenes se cometieron en cárceles militares y policiacas, pero ese reconocimiento no debe ser el final de todo", expresó.

Consideró que "si bien se trata de un adelanto en la lucha contra la impunidad y una esperanza de justicia para las víctimas y sus familiares, no bastará con reparar el daño indemnizando económicamente".

Porque, agregó, este reconocimiento de que la guerra sucia sí existió resulta insignificante frente a lo que falta para que se haga justicia y se termine con la impunidad que ha prevalecido.

"Este asunto de los desaparecidos se debe resolver investigando de manera transparente y llegando hasta las últimas consecuencias, porque sólo así se saldará parcialmente la deuda que el gobierno tiene con los cientos de victimados y con sus familiares.

"Llevar ante los tribunales a los responsables de las desapariciones es lo mínimo que se puede hacer para recuperar la credibilidad en el sistema de justicia mexicano, para alcanzar la convivencia democrática y combatir la impunidad", señaló la llamada coronela Aurora.

Arenas Agis aseguró haber reconocido su militancia en el ERPI en el juicio que se le sigue en el fuero federal, sin embargo, afirma que "los delitos que se imputan no son ciertos, las acusaciones fueron fabricadas mediante una detención ilegal y torturas".

Indicó que el informe de la CNDH "sólo considera comprobados 275 casos ocurridos en las décadas de los setenta y ochenta, mientras que otros 257 ocurridos en esos años son ignorados, además de que los de la década reciente ni siquiera aparecen en el informe; tal parece que para ellos y sus familiares ni siquiera existe la menor esperanza de justicia.

"El expediente de los desaparecidos políticos no puede cerrarse mientras no se aclare el paradero de todos, aunque sus victimarios estén vivos y en funciones", consideró.

Gloria Arenas Agis, permaneció presa en el penal de máxima seguridad de La Palma, en el municipio mexiquense de Almoloya de Juárez, desde 1999 hasta los primeros meses de este año.

Durante su estadía en esa prisión permaneció bajo la vigilancia permanente de una cámara oculta en su estancia, la 11c del Centro de Observación y Clasificación; prueba de ello es el video del cual La Jornada dio cuenta el 12 de enero de este año.

La coronela Aurora concluye la entrevista asegurando que los desaparecidos en México "no sólo son de organizaciones armadas, también hay casos de campesinos y militantes de partidos políticos".