Ť Rechaza fiscal que se favorezca a ex funcionarios

En tres años, 3 mil 203 servidores han sido puestos a disposición de jueces

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

El hecho de que ex funcionarios acusados ante la Procuraduría capitalina junto con la ex jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, hayan recibido sanciones administrativas por la Contraloría General del DF, derivadas de los mismos hechos, no significa necesariamente que se configure un delito de tipo penal, señaló el fiscal para Servidores Públicos de la PGJDF, Roberto Pérez Martínez.

Al reunirse con los diputados de la Comisión de Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa, el fiscal rechazó que la dependencia trate de manera diferenciada a funcionarios que pertenecen al PRD, luego de que los legisladores reclamaron que no haya citado a declarar a la ex jefa de Gobierno por la denuncia que algunos de ellos interpusieron por presuntas irregularidades en los gastos de Comunicación Social durante su gestión.

Pérez Martínez expuso que dicha acción hubiera ido contra la ley, pues el artículo 16 de la Constitución señala que no se puede molestar a nadie sin causa motivada, y en este caso no se configuraron las conductas reclamadas por los diputados.

El priísta Rafael Luna Arvízu comparó el caso Robles con el de Oscar Espinosa Villarreal, a lo que el fiscal respondió que en la denuncia contra el ex regente capitalino se acreditó plenamente que no comprobó el uso que se dio a recursos públicos.

La comparecencia terminó con las imputaciones que hizo el diputado del PRD Emilio Serrano contra el priísta Arturo Barajas Ruiz, a quien acusó de litigar para beneficio personal. "También hay que denunciar a los diputados abusivos", decía, mientras el presidente de la comisión, el priísta Juan José Castillo Mota, lo conminaba a tratar los asuntos motivo de la comparecencia.

Serrano replicó que "sí es materia de esta comparecencia" y preguntó a Pérez Martínez: "Ƒcómo se puede hacer para evitar que haya ese abuso por parte de servidores públicos que utilizan su fuero para causar daño?" Antes dijo que tenía varias averiguaciones previas iniciadas en contra de Barajas Ruiz.

En el informe que el fiscal entregó a los diputados, indicó que de 1999 a 2001 la dependencia consignó un total de mil 786 averiguaciones previas, con 3 mil 203 servidores públicos puestos a disposición de los jueces.

De ellos, mil 504 eran policías preventivos, 426 agentes judiciales, 138 agentes del Ministerio Público, 106 policías auxiliares, 77 funcionarios administrativos de la PGJDF, 60 custodios, 69 oficiales secretarios del MP, 36 peritos, 24 policías bancarios y 773 funcionarios de otras dependencias del gobierno capitalino.