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Ť González Sierra fue trasladado junto con Schietekat Ballesteros al Reclusorio Norte
Consignan al ex secretario jurídico del IPAB
Ť LA UEDO documentó la transferencia ilegal de un millón de dólares que realizaron
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
La Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) consignó ante el juzgado tercero de distrito, con sede en el Reclusorio Norte, al ex secretario jurídico adjunto del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Eugenio González Sierra, y al ex director de Investigaciones del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), León Alberto Schietekat Ballesteros, por los delitos de cohecho, lavado de dinero agravado, abuso de autoridad, uso indebido de información sobre clientes y operaciones del sistema bancario, y tráfico de influencias.
La UEDO documentó como parte de las acusaciones que ambos transfirieron de manera ilegal más de un millón de dólares -obtenido mediante chantajes a distintas instituciones crediticias para que parte de sus carteras vencidas fueran ingresadas al IPAB-, al Principado de Andorra y a otras partes de Europa.
La Procuraduría General de la República (PGR) aclara que fueron consignados "por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de cohecho, previsto en el numeral 222 con relación al 212, del Código Penal Federal; operaciones con recursos de procedencia ilícita agravado, previsto en el artículo 400 bis párrafos primero y segundo del Código Penal Federal; abuso de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 215 fracción III con relación al 212 del código de la materia; uso indebido de información sobre clientes y operaciones del sistema bancario, previsto y sancionado por el artículo 112 bis fracción IV de la Ley de Instituciones de Crédito, y tráfico de influencias, previsto y sancionado en el artículo 221 fracción III del Código Punitivo Penal".
El pasado viernes por la noche, Schietekat Ballesteros y González Sierra fueron trasladados de la casa de seguridad donde se les mantenía bajo arraigo domiciliario desde el pasado 8 de octubre, al Reclusorio Norte, y ayer rindieron su declaración preparatoria.
Será la semana próxima, entre lunes o martes, cuando el juez tercero de distrito defina la situación jurídica de ambos consignados y determine si existen los eleme ntos de prueba suficientes para iniciarles proceso penal o dejarlos en libertad.
La UEDO investigaba desde el mes de mayo de este año a González Sierra y Schietekat Ballesteros, a raíz de que solicitaron un millón y medio de dólares para proceder con un trámite en el IPAB en favor del Grupo GBM Atlántico.
De acuerdo con información oficial de la dependencia federal, "en el curso de las investigaciones practicadas por la UEDO se obtuvo información procedente del Principado de Andorra, donde fueron localizadas dos cuentas bancarias manejadas bajo un sistema numeral, con la finalidad de ocultar a sus titulares, que resultaron ser González Sierra y Schietekat Ballesteros.
"En la investigación financiera practicada por la Procuraduría Fiscal de la Federación se detectaron movimientos financieros de aproximadamente un millón de dólares, y también se acreditó la existencia de diversas operaciones de transferencia de capital, procedente de Europa, a territorio nacional".
El pasado 8 de octubre, cuatro días después de que comenzara el arraigo domiciliario de ambos ex funcionarios, la PGR dio a conocer el avance de sus investigaciones, y para el día 10 de ese mismo mes la institución que encabeza Rafael Macedo aseguró que "en la indagatoria se aplicaron técnicas de investigación científica".
De manera oficial se hizo saber que "el Grupo Financiero GBM Atlántico, por conducto de su representante, Diego José Ramos González de Castilla, presentó la denuncia, al sentirse víctima de una posible extorsión y cohecho".
Durante las indagatorias, la UEDO, a cargo de José Luis Santiago Vasconcelos, obtuvo grabaciones y filmaciones de los encuentros en los cuales los ex funcionarios consignados solicitaron un millón y medio de dólares a GMB Atlántico a cambio de que el IPAB liquidara un adeudo de 596 millones de pesos con Bancomer.
De acuerdo con información obtenida, la transacción pretendida por GMB Atlántico era lícita, sin embargo por la intervención de González Sierra los trámites fueron obstaculizados.
La UEDO, con autorización judicial, intervino los teléfonos de González Sierra y Schietekat Ballesteros, quienes habían sido compañeros en Bacomext, y así conoció y grabó el supuesto acuerdo en el cual un funcionario de GMB aceptó la propuesta de Schietekat.
Entonces González Sierra puso a trabajar la maquinaria del IPAB, y entre los meses de julio y agosto recomendó a la junta de gobierno del instituto aceptar la propuesta de GMB con la que saldaría su deuda con Bancomer.
En continuidad con el plan trazado desde la oficina de Santiago Vasconcelos, GMB depositó un millón de dólares a cuentas que los ex funcionarios tenían en Andorra, dinero que después fue transferido a cuentas en Europa, y una parte luego retornó a México.
Las investigaciones continúan abiertas, pues no se descarta la posibilidad de que otros funcionarios del IPAB estén involucrados en otros hechos de esta naturaleza en combinación con González Sierra.
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