Ť Análisis del Centro Miguel Agustín Pro Juárez

Fox intensifica el modelo económico emprendido por gobiernos del PRI

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

El Plan Puebla-Panamá (PPP) es la evidencia de que el gobierno foxista está intensificando los lineamientos del modelo económico emprendido por las administraciones priístas, el cual ha causado violaciones sistemáticas a los derechos económicos, sociales y culturales de los mexicanos, asegura el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

En un análisis sobre los proyectos de desarrollo económico impulsados en el primer año de gobierno, el organismo centra sus críticas en el citado plan y en la reforma fiscal del gobierno, y concluye que ambos proyectos perfilan un panorama "poco alentador" y menores expectativas de bienestar social para la población.

Advierte que el PPP es violatorio de la soberanía nacional porque permitirá que las compañías extranjeras puedan demandar a los gobiernos nacionales por cualquier medida que tienda a limitar sus negocios, incluyendo legislaciones en materia de derechos laborales, ambientales y de salud.

El Centro Pro menciona que el plan tiene tres líneas rectoras que apuntan hacia futuras violaciones a los derechos humanos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.

Explica que mediante la inversión productiva se busca convertir a los indígenas "en mano de obra no calificada y en consecuencia barata"; y con la promoción de la biotecnología se pueden desatar "asuntos muy peligrosos para los pueblos indígenas, como son el desarrollo de transgénicos y de la biopiratería".

La segunda objeción que hace a este proyecto es que la construcción de infraestructura social y física apunta hacia la aglomeración de servicios de salud y educativos dentro de corredores industriales, lo cual provocará que los pueblos indígenas salgan de sus territorios donde se encuentran los recursos naturales.

Afirma que con este tipo de infraestructura se despojará a los pueblos indios de sus tierras y eso dañará el medio ambiente, pues se comprarán ejidos a bajo costo y se destruirán bosques.

"Esto afectará profundamente el derecho a la alimentación, a la diversidad cultural y a la autodeterminación de los pueblos indígenas", advierte esta organización civil.

Este programa ya está generando problemas. El documento refiere que en mayo pasado indígenas poblanos se quejaron de que están resultando afectados por el proyecto conocido como Ban-Milenio o Proyecto de Integración Agroindustrial, que incluye la construcción de la autopista Puebla-Tecamachalco, la cual atravesará tierras de cultivo en el sureste del estado para tener comunicación con Oaxaca, Veracruz y Tlaxcala.

El otro caso fue denunciado en octubre pasado. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes pretende ampliar la carretera Villahermosa-Frontera, en un tramo de alrededor de 50 kilómetros, para facilitar el acceso al puerto de Frontera, donde en el futuro se explotarán 400 pozos en el campo petrolero Delta.

En ambos casos, asegura el Centro Pro, el gobierno ha utilizado la intimidación y la coerción, a fin de que los campesinos accedan a la expropiación o a la venta de sus ejidos, atentando así contra las libertades de quienes defienden sus derechos.

Estos proyectos están provocando que las comunidades campesinas sean arrojadas de sus tierras, que son fuente tradicional de alimentación y de identidad cultural, mientras se emprenden planes de desarrollo sin consultar a comunidades que podrían resultar afectadas.

Además, cuando las comunidades afectadas se organizan en defensa de sus derechos colectivos, los gobiernos federal y locales intimidan y hasta intentan sobornar a los líderes para que se desistan de sus resistencia, como ha ocurrido con los ejidatarios que se oponen a la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco.

El tercer punto crítico del PPP es que con el pretexto de combatir la inseguridad y a los inmigrantes en esa zona se puso en vigor un plan de "sellamiento" de la frontera sur, denominado Plan Sur.

En su diagnóstico sobre la política económica foxista, considera que la negociación para que se aprobara la reforma fiscal tuvo "rasgos de chantaje", pues se condicionaron recursos para los programas sociales a la aceptación del pago del IVA en alimentos, medicinas, colegiaturas y libros.

En resumen, señala, el rumbo económico marcado por el presidente Vicente Fox pone en evidencia un panorama poco alentador para los derechos económicos de los mexicanos.